La previsión de la CMIC en Querétaro de un crecimiento de 5% para el segundo semestre no es un dato menor: en un entorno nacional donde la inversión pública suele marcar el pulso del sector, el mensaje de Álvaro Ugalde Chaparro apunta a una realidad más matizada. La obra pública hoy representa apenas alrededor de 8% de la actividad local, mientras que la inversión privada pesa entre 15% y 16%; esa asimetría explica por qué el gremio se muestra menos vulnerable a los vaivenes presupuestales que otros estados, pero también por qué su ritmo depende de la confianza empresarial, la certidumbre regulatoria y la disponibilidad de suelo y permisos.
El dato central no es solo que “no ha habido desaceleración”, sino que Querétaro mantiene una trayectoria de inversión industrial que no se ha roto pese a la incertidumbre por aranceles en 2025. La pausa que generó esa discusión dejó una lección evidente: el sector no se congela solo por falta de dinero, sino por expectativas. Cuando una empresa pospone su decisión, arrastra a contratistas, proveedores de materiales, transportistas, topógrafos, despachos técnicos y mano de obra especializada. Por eso, que dos compañías de origen holandés estén próximas a instalarse en el estado funciona como señal de continuidad, pero también como recordatorio de que la competitividad local se juega en la capacidad de convertir anuncios en obras y obras en empleo sostenido.
La lectura más interesante está en la composición de la demanda. Las cerca de 27 nuevas licitaciones previstas para los próximos meses no se concentran en una sola línea de negocio, sino en obra civil, guarniciones, banquetas, drenajes, obras pluviales, mantenimiento carretero e infraestructura educativa en unas 14 escuelas. Eso revela un sector que no vive exclusivamente de grandes proyectos emblemáticos, sino de una red de contratos medianos y pequeños que distribuyen trabajo en cascada. Para las constructoras locales, este tipo de cartera es valiosa porque amortigua ciclos de volatilidad; para los municipios y dependencias, implica sostener una administración técnica eficiente, capaz de licitar, adjudicar y supervisar sin dilaciones.
Hay aquí una primera conclusión que suele subestimarse: el crecimiento de 5% es menos una promesa de expansión acelerada que un indicador de resiliencia. En una entidad con fuerte vocación industrial, la construcción no depende solo de presupuesto público; se alimenta de parques industriales, naves, ampliaciones logísticas, urbanización asociada y vivienda para mano de obra. Si la inversión privada sigue entrando, la industria de la construcción puede crecer aunque el gasto gubernamental no se acelere. El problema es que esa fortaleza también concentra beneficios en segmentos mejor capitalizados, mientras que las empresas pequeñas siguen dependiendo de contratos de menor margen y alta exposición a atrasos de pago o cambios de alcance.
La segunda conclusión es menos complaciente: la discusión sobre la rampa de frenado en la carretera 57 exhibe una tensión estructural entre infraestructura, costo del suelo y seguridad vial. Ugalde Chaparro planteó opciones como reductores de velocidad o rampas más cortas antes de llegar a una eventual expropiación, y ese matiz importa. En proyectos de alto impacto, la falta de acuerdos comerciales no solo encarece el calendario; puede alterar el diseño final y convertir una obra pensada para la seguridad en una solución incompleta. La ley contempla la expropiación, sí, pero recurrir a ella sin agotar alternativas técnicas y sociales puede resolver el predio y dejar pendiente la aceptación pública, que en infraestructura crítica vale tanto como el concreto.
Para el transporte de carga, la carretera 57 no es un corredor más: es una arteria estratégica donde cualquier retraso repercute en tiempos logísticos, consumo de combustible, siniestralidad y costos operativos. Si la rampa se retrasa o se recorta sin una ingeniería convincente, el problema no se mide solo en obra inconclusa, sino en riesgo acumulado. Las lluvias ya dejaron afectaciones que, según el dirigente, fueron atendidas; sin embargo, el hecho de que hayan aparecido tan pronto abre otra discusión incómoda sobre calidad de proyecto y control de ejecución. Cuando una infraestructura falla en sus primeras pruebas climáticas, el costo rara vez se queda en el contrato: se transfiere a usuarios, aseguradoras y gobiernos que deben intervenir después.
La tercera lectura apunta a la relación entre confianza empresarial y disciplina pública. Querétaro ha construido su atractivo sobre certidumbre institucional, vocación exportadora y una red de servicios para la industria. Esa reputación no se sostiene únicamente con anuncios de llegada de capital extranjero; requiere tiempos de respuesta claros, licitaciones transparentes y obras que se entreguen con fecha cierta. Por eso el llamado para fijar una conclusión a los trabajos de la 57 no es un reclamo aislado: expresa una exigencia de mercado. La construcción moderna no tolera indefinición prolongada porque cada semana de atraso reordena presupuestos, rompe secuencias de suministro y encarece financiamiento.
También hay un ángulo laboral que merece atención. Si el semestre termina con el crecimiento previsto, el efecto sobre empleo y subcontratación puede ser relevante, pero desigual. Las firmas medianas y grandes tienen más capacidad para capturar la nueva ola de obras públicas y privadas; en cambio, los subcontratistas locales suelen absorber el ajuste de precios, las pausas administrativas y la incertidumbre de cierre. En una actividad donde el margen depende de volumen, una cartera de licitaciones diversificada ayuda, pero no elimina el riesgo de que los actores más pequeños terminen financiando, en la práctica, la lentitud del sistema.
El escenario hacia finales de año depende de tres variables que hoy conviven sin resolverse del todo: que la inversión industrial extranjera mantenga su ritmo, que el calendario de licitaciones se materialice sin retrasos y que la infraestructura crítica, como la 57, deje de operar en lógica reactiva. Si esas condiciones se cumplen, el 5% proyectado puede incluso quedarse corto en determinados nichos. Si fallan, el sector no se desplomará de inmediato, pero sí podría entrar en una fase de crecimiento selectivo: más obras donde hay certidumbre, menos donde predominan conflictos de predios, litigios o indefinición técnica. En una industria tan sensible a la continuidad de obra, el verdadero riesgo no es la ausencia de demanda, sino la acumulación de cuellos de botella que convierten cada proyecto en una negociación interminable.
