El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador a una empresa de venta de billetes de transporte por no incluir los gastos de gestión en el precio mostrado desde el inicio de la compra. Es la primera actuación de este tipo desde la modificación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC), según adelantó El País y confirmaron a EFE fuentes ministeriales.
La normativa obliga a informar al consumidor desde el primer momento del precio completo de la operación, incluidos los gastos de gestión y cualquier otro coste repercutido. Estos importes no pueden aparecer únicamente en las últimas fases del proceso, cuando el comprador ya ha seleccionado el billete y se dispone a finalizar el pago.
El procedimiento se encuentra todavía en la fase de apertura del expediente y no existe una propuesta de sanción. Consumo realizó previamente una investigación en la que detectó posibles anomalías y ahora ha solicitado información a la compañía sobre su forma de actuar.
Si durante la tramitación se confirma el incumplimiento, la Dirección General competente formulará una propuesta de sanción que deberá ser ratificada posteriormente por la Secretaría General. La infracción podría conllevar una multa de hasta 100.000 euros o de entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.
La obligación está vigente desde el 28 de diciembre, fecha de entrada en vigor de la ley de atención a la clientela. Su finalidad es que el comprador conozca desde el principio cuánto deberá pagar y evitar incrementos del precio anunciado por costes que no se hubieran mostrado previamente.
