El informe de la Contraloría General de la República que vincula al exviceministro de Hacienda Rodolfo Acuña Namihas con presuntas irregularidades en contrataciones bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) coloca al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante una prueba institucional de alto impacto. Según el documento citado, el perjuicio económico superaría los 21,3 millones de soles y existiría presunta responsabilidad administrativa de 18 funcionarios y penal de nueve, entre ellos Acuña. Estas conclusiones no equivalen a una sentencia ni sustituyen la investigación fiscal, pero sí abren un proceso capaz de afectar la gestión presupuestaria, la confianza pública y la continuidad de las decisiones económicas.
La relevancia del caso no depende únicamente del monto observado. También está relacionada con la naturaleza del MEF, una entidad que administra reglas fiscales, orienta el gasto público y formula decisiones que inciden en todas las instituciones del Estado. Cuando las dudas recaen sobre la contratación de asesores y especialistas dentro de su estructura, el cuestionamiento alcanza la capacidad del ministerio para garantizar criterios técnicos, competencia profesional y uso eficiente de los recursos públicos.
Una alerta para la gestión de los recursos públicos
La Contraloría sostiene que determinados términos de referencia habrían sido ajustados para favorecer a Carlos Díaz Dañino, un profesional que había compartido experiencia laboral con Acuña en el Ministerio de Defensa. Además, señala que existieron reuniones y comunicaciones previas a la formalización del contrato y que los requisitos de la convocatoria coincidían de manera exclusiva con su perfil. Si estas afirmaciones son confirmadas por las autoridades competentes, el problema no sería una deficiencia administrativa aislada, sino un posible uso de la contratación pública para convertir un procedimiento formal en una selección previamente orientada.
El régimen FAG fue creado para incorporar capacidades especializadas y atender necesidades técnicas del sector público. Su flexibilidad puede ser útil cuando una entidad necesita conocimientos que no están disponibles en su planta permanente o debe responder a proyectos específicos. Sin embargo, esa misma flexibilidad genera riesgos si se utiliza para cubrir funciones ordinarias, mantener relaciones laborales informales o reducir la competencia entre postulantes. La existencia de contratos renovados durante años y de funciones superpuestas con las de empleados de planta, tal como describe el informe, puede debilitar la justificación original del régimen.
La posible consecuencia positiva de una investigación exhaustiva es que obligue a revisar el diseño y la supervisión del FAG. Una evaluación independiente podría identificar qué contrataciones respondieron realmente a necesidades temporales, cuáles carecieron de resultados verificables y qué áreas permitieron la repetición de prácticas vulnerables. También podría impulsar criterios más uniformes para elaborar términos de referencia, publicar la información relevante y documentar la evaluación de los servicios prestados.
El punto crítico: servicios aprobados sin evidencia suficiente
Otro elemento central del expediente es la presunta validación de cinco informes de conformidad a favor de Díaz Dañino sin una comprobación suficiente de los trabajos realizados. La Contraloría los describe como genéricos, repetitivos y, en algunos casos, desconectados de los términos pactados. En cualquier contratación pública, la conformidad no es un trámite menor: constituye la base que permite acreditar que el Estado recibió el servicio y que el pago responde a un resultado concreto.
Si los controles se limitaron a recibir documentos sin verificar productos, reuniones, entregables o indicadores de cumplimiento, el sistema queda expuesto a pagos por actividades difíciles de demostrar. Este riesgo afecta tanto al presupuesto como a los servidores que sí cumplen sus funciones, porque introduce una competencia desigual entre quienes entregan resultados y quienes dependen de relaciones internas. También dificulta determinar el valor real de los servicios y calcular con precisión el eventual daño patrimonial.
La revisión no debería concentrarse exclusivamente en identificar a los responsables individuales. Es necesario examinar quién elaboró los términos de referencia, quién autorizó la contratación, qué unidad solicitó el servicio, qué funcionarios revisaron los informes y qué controles existían antes de ordenar los pagos. La cadena de decisiones permite diferenciar una actuación deliberada de una falla organizacional, aunque ambas puedan requerir medidas administrativas. Sin esa reconstrucción, existe el riesgo de que el caso termine con sanciones parciales sin corregir las condiciones que hicieron posible la irregularidad.
Presión sobre la credibilidad del MEF
El MEF enfrenta una sensibilidad adicional porque sus decisiones suelen presentarse como resultado de criterios técnicos y disciplina institucional. La percepción de que cargos de confianza o contratos especializados pudieron utilizarse para beneficiar a personas vinculadas con la alta dirección puede erosionar esa imagen. El efecto no se limita a la opinión pública: gobiernos regionales, inversionistas, organismos multilaterales y agencias calificadoras también observan la calidad de las instituciones encargadas de administrar las finanzas estatales.
Una pérdida de confianza no necesariamente produce de inmediato un deterioro fiscal, pero puede encarecer la gestión política de las reformas. Las autoridades necesitarían dedicar más tiempo a explicar nombramientos, contrataciones y decisiones presupuestarias, mientras cualquier modificación podría ser interpretada bajo la sospecha de favoritismo. La incertidumbre también puede afectar la coordinación interna del ministerio, especialmente si funcionarios clave deben responder ante investigaciones, entregar documentación o apartarse temporalmente de sus responsabilidades.
Al mismo tiempo, una reacción institucional transparente podría producir el efecto contrario. La publicación completa de los informes, la colaboración con la Fiscalía y la adopción de medidas preventivas demostrarían que los controles no dependen de la protección de determinados funcionarios. La credibilidad, sin embargo, dependerá de que las acciones alcancen a todos los niveles involucrados y no se reduzcan a una respuesta comunicacional frente a un escándalo.
El riesgo de politizar la transición ministerial
El caso aparece en un contexto de cambios en la conducción del MEF y de posibles movimientos en sus viceministerios. La eventual consideración de Erick Lahura Serrano para retomar el Viceministerio de Hacienda puede convertirse en un factor de presión política, debido a que ya integró la alta dirección junto con Acuña y el exministro Raúl Pérez Reyes. La coincidencia temporal y profesional no demuestra responsabilidad alguna, pero sí puede intensificar las preguntas sobre los criterios utilizados para designar a los nuevos equipos.
Una administración que priorice la continuidad técnica puede argumentar que la experiencia acumulada de los funcionarios es necesaria para evitar interrupciones en la política fiscal. Ese razonamiento es válido en una institución donde los cambios frecuentes pueden retrasar presupuestos, inversiones y negociaciones financieras. No obstante, la continuidad no debería confundirse con la reproducción automática de redes de confianza. Si una persona vinculada a una gestión observada asume una posición estratégica sin una evaluación pública de sus antecedentes y potenciales conflictos de interés, el nombramiento podría ser percibido como una señal de indiferencia frente a las advertencias de control.
El desafío consiste en separar la responsabilidad individual de la responsabilidad política y de la necesidad de mantener la capacidad operativa del ministerio. Una investigación imparcial debe evitar condenas anticipadas por asociación, pero el Gobierno también debe reconocer que la confianza institucional exige estándares más elevados para los nombramientos posteriores a una denuncia. Declaraciones patrimoniales actualizadas, evaluación de vínculos profesionales, abstenciones cuando exista conflicto y una explicación documentada del proceso de selección contribuirían a reducir la incertidumbre.
Consecuencias para los funcionarios y proveedores
Las investigaciones de este tipo pueden generar un efecto preventivo entre los servidores públicos. La posibilidad de enfrentar responsabilidades administrativas o penales puede incentivar una revisión más rigurosa de los expedientes, exigir mejores evidencias de los servicios y desalentar la elaboración de convocatorias diseñadas para un candidato específico. En ese sentido, la intervención de la Contraloría puede fortalecer la cultura de control y recordar que la firma de una conformidad implica una responsabilidad concreta.
Existe, sin embargo, un riesgo de reacción excesiva. Si los funcionarios interpretan que cualquier decisión técnica puede derivar en una investigación sin criterios claros, podrían retrasar contrataciones necesarias, evitar asumir responsabilidades o multiplicar los trámites de aprobación. Esto sería especialmente perjudicial para áreas que requieren especialistas de manera rápida, como la programación presupuestaria, la gestión de deuda o la evaluación de proyectos. La solución no es eliminar los controles, sino establecer reglas verificables que distingan el error razonable, la negligencia y la conducta deliberadamente orientada.
Los proveedores y consultores también podrían enfrentar una mayor desconfianza. Una fiscalización más estricta puede mejorar la competencia y elevar la calidad de los servicios, pero debe aplicarse con igualdad para no cerrar el mercado a profesionales independientes que dependen de contratos temporales. La transparencia de las convocatorias, la trazabilidad de las evaluaciones y la publicación de los productos contratados son herramientas más eficaces que las restricciones generales.
Lo que definirá el impacto real
El alcance definitivo del caso dependerá de varios factores que todavía no están resueltos. La Fiscalía deberá determinar si los hechos descritos configuran delitos, identificar el grado de participación de cada funcionario y establecer si hubo concertación, beneficio indebido o simplemente incumplimientos administrativos. También será relevante comprobar la existencia y utilidad de los servicios cuestionados, porque el cálculo del perjuicio económico puede variar si se demuestra que algunos productos fueron entregados, aunque de manera deficiente o fuera del estándar esperado.
La Contraloría, por su parte, deberá sostener sus conclusiones con documentación verificable y respetar el debido proceso. La autoridad de control cumple una función esencial, pero sus informes pueden ser objeto de contradicción y revisión. Presentar las observaciones como hechos definitivamente probados antes de que concluyan las investigaciones podría debilitar la legitimidad del procedimiento y alimentar una disputa política en lugar de una rendición de cuentas efectiva.
En el corto plazo, el MEF debería suspender nuevas renovaciones vinculadas a los expedientes observados hasta completar una revisión independiente, preservar toda la documentación y publicar un plan de corrección con plazos definidos. En el mediano plazo, tendría que evaluar si las funciones permanentes deben incorporarse a la estructura regular del ministerio y si los contratos FAG requieren indicadores de desempeño, entregables obligatorios y controles cruzados. La verdadera prueba institucional no será solo establecer quiénes deberán responder por las presuntas irregularidades, sino impedir que el mismo modelo vuelva a reproducirse bajo otros nombres y en otra administración.
