El Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación el contrato para reanudar las exhumaciones en las fosas comunes de los cementerios de La Salud y San Rafael, paralizadas desde el pasado mes de diciembre. Se trata de la primera actuación financiada con la aportación del Gobierno central, mientras el Consistorio prepara en paralelo un nuevo convenio que permita dar continuidad a unas excavaciones que han quedado sujetas a varios plazos administrativos y a la coordinación entre administraciones.
El teniente de alcalde delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, explicó este jueves que el Ayuntamiento ha utilizado “la primera cantidad que teníamos, que era la del Gobierno central, para lanzar un contrato” que “ya está en licitación”. El responsable municipal no precisó en qué fase exacta se encuentra el procedimiento, aunque confió en que sea “breve” para poder retomar los trabajos. La decisión supone un avance respecto a julio, cuando el pleno municipal aprobó agilizar por vía de urgencia la contratación dentro de la subvención de 150.000 euros concedida por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
La interrupción de los trabajos ha provocado en los últimos meses críticas de las asociaciones memorialistas y de los grupos de la oposición, que han reclamado un calendario estable para evitar nuevos parones. La falta de continuidad ha vuelto a situar el ritmo de la administración en el centro del debate, en un ámbito especialmente sensible por el tiempo transcurrido desde el inicio de las exhumaciones y por la carga simbólica de las intervenciones en fosas comunes.
Un nuevo convenio para sostener las excavaciones
Más allá de este primer contrato, el Ayuntamiento trabaja en un nuevo convenio que permita prolongar las exhumaciones a medio y largo plazo. Según Ruiz Madruga, el documento “está redactado” y cuenta ya con una previsión de 200.000 euros de la Diputación de Córdoba y otros 140.000 euros aportados por el propio Ayuntamiento. La incógnita sigue siendo la participación de la Junta de Andalucía, cuya continuidad en el acuerdo dependerá de los contactos que se abran cuando quede constituido el nuevo Gobierno autonómico.
El delegado señaló que, si la administración andaluza decide no incorporarse, la continuidad de las actuaciones no quedaría comprometida. En ese escenario, el Ayuntamiento prevé sacar un nuevo contrato con las cantidades ya comprometidas por el Consistorio y la Diputación. Ruiz Madruga defendió que “está asegurada la continuación de los trabajos” y calificó el compromiso municipal como “real y firme”, una formulación con la que buscó transmitir estabilidad tras meses de incertidumbre sobre la financiación y los plazos.
Los trabajos ejecutados al amparo del convenio anterior entre Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno central han permitido hasta ahora exhumar más de 1.000 cuerpos e identificar a 189 personas como víctimas de la represión franquista desde el inicio de las actuaciones en octubre de 2023. Ese balance explica por qué la paralización de diciembre no se percibe solo como un retraso técnico, sino como una interrupción con efecto directo sobre familias que esperan resultados y sobre un proceso memorialista que depende de la coordinación institucional.
Ruiz Madruga admitió este jueves que los tiempos de la administración no siempre coinciden con las exigencias de las asociaciones memorialistas, pero pidió tratar el asunto “con muchísimo respeto” por el dolor de las familias. La secuencia abierta ahora deja dos planos diferenciados: por un lado, la licitación inmediata para reactivar la excavación con fondos ya disponibles; por otro, la negociación de un marco estable que evite que la continuidad de las exhumaciones vuelva a depender de soluciones provisionales.
