La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) solicitó al Congreso de la República derogar o modificar los beneficios tributarios otorgados a las grandes empresas agrarias y agroindustriales mediante la Ley N.º 32434. El gremio sostiene que las recomendaciones atribuidas a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) respaldan eliminar la tasa reducida del Impuesto a la Renta para las compañías de mayor tamaño y revisar otros incentivos vinculados con el sector.
La petición fue presentada en una carta dirigida a senadores y diputados por Anaximandro Rojas, titular de Conveagro. El documento cuestiona el impacto fiscal de la norma y reclama que cualquier revisión legislativa priorice a la agricultura familiar, considerada por la organización el segmento con mayores restricciones de acceso a financiamiento, tecnología y mercados.
Una tasa preferencial que divide al sector
La Ley N.º 32434, vigente desde el 1 de enero de 2026 en sus disposiciones tributarias, fija una tasa de 15% del Impuesto a la Renta para las empresas agrarias hasta 2035. A partir de 2036, estas compañías deberían tributar con la tasa general de 29,5%. Para Conveagro, la transición prevista mantiene durante una década una ventaja fiscal para empresas que ya poseen capacidad económica, infraestructura y una participación consolidada en los mercados nacionales e internacionales.
El gremio considera que el beneficio no está suficientemente condicionado a resultados verificables, como la generación de empleo formal, el desarrollo de proveedores locales o una mejora demostrable en los ingresos de los pequeños productores. Su demanda central es que las grandes firmas queden sujetas desde ahora al régimen general, mientras que los incentivos se concentren en unidades familiares y productores con menor capacidad de inversión.
Los incentivos previstos por la ley
El régimen tributario no se limita a la tasa reducida. La norma contempla una depreciación acelerada de 20% anual para inversiones realizadas entre 2026 y 2035 en infraestructura hidráulica y obras de riego. También permite una deducción adicional de 25% por compras efectuadas a pequeños productores inscritos en el padrón correspondiente, dentro de los límites establecidos por la legislación.
Conveagro no cuestiona de la misma manera todos los componentes del sistema. Según su interpretación del análisis de la OCDE, la depreciación acelerada para obras de riego y la deducción asociada con compras a pequeños productores podrían mantenerse. La controversia se concentra en determinar si esos mecanismos producen beneficios públicos suficientes para justificar el costo fiscal y si existen controles capaces de impedir que las ventajas terminen principalmente en manos de las empresas compradoras.
El gremio sostiene que la deducción por adquisiciones no garantiza por sí sola una mejora para la agricultura familiar. La empresa puede obtener un beneficio tributario por comprar a pequeños productores sin que la ley le imponga obligaciones específicas sobre precios, plazos de pago, asistencia técnica o estabilidad de los contratos. En ese escenario, el incentivo podría aumentar el vínculo comercial, pero no necesariamente corregir la desigual distribución del valor dentro de la cadena agroexportadora.
El tratamiento para los pequeños productores
La Ley N.º 32434 establece que los productores con ingresos netos anuales de hasta 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) queden inafectos al Impuesto a la Renta. Para quienes superen ese umbral y obtengan hasta 150 UIT, fija una tasa de 1,5% sobre el exceso. El diseño busca reducir la carga para las unidades de menor escala, aunque su efectividad depende de que los productores estén formalizados y puedan registrar adecuadamente sus ingresos y operaciones.
Conveagro señala que la OCDE habría planteado evaluar el impacto de las tasas diferenciadas para pequeños productores y del crédito fiscal por reinversión. Esa recomendación no equivale necesariamente a eliminarlos: implica medir quiénes se benefician, cuánto cuesta cada instrumento y si los resultados justifican su continuidad. Esta distinción será relevante en el debate parlamentario, porque una revisión general podría afectar de manera distinta a empresas agroindustriales y a productores familiares.
La presión tributaria como telón de fondo
La organización vincula la discusión sectorial con un problema más amplio de las finanzas públicas. De acuerdo con el documento difundido por Conveagro, la recaudación tributaria peruana equivale al 17% del producto bruto interno, por debajo del promedio de América Latina y de los países miembros de la OCDE. El gremio argumenta que una base tributaria reducida limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos, infraestructura productiva y programas sociales.
Conveagro calcula que el país renuncia a ingresos equivalentes al 2,2% del PBI por gastos tributarios. Además, menciona que hasta octubre de 2025 se aprobaron 38 leyes que crearon o ampliaron beneficios de este tipo, con un impacto equivalente al 1,8% del PBI, según su interpretación del informe de la OCDE. Estas cifras colocan el caso agrario dentro de una discusión sobre la acumulación de exoneraciones y tratamientos especiales, más allá de la rentabilidad de una actividad específica.
La decisión pendiente para el Congreso
El punto decisivo será establecer si los incentivos deben evaluarse por su existencia legal o por sus resultados. Mantener una tasa de 15% hasta 2035 puede favorecer la inversión y mejorar la previsibilidad de proyectos de largo plazo, especialmente en infraestructura agrícola. Sin embargo, también implica un costo de oportunidad: durante ese periodo el Estado recaudará menos de empresas que, por su escala, podrían contribuir de forma significativa al financiamiento público.
La OCDE, según la posición expuesta por Conveagro, habría recomendado eliminar la tasa reducida para las grandes compañías y revisar el sistema de devolución de aranceles conocido como drawback. El Congreso deberá contrastar esas recomendaciones con estudios locales, estimaciones de empleo e inversión y mecanismos de supervisión. La discusión no debería reducirse a escoger entre incentivos o impuestos, sino a definir qué beneficios son adicionales, medibles y proporcionales al interés público que pretenden proteger.
La demanda de Conveagro abre así una disputa sobre el modelo de apoyo al agro peruano. El resultado dependerá de si la política tributaria logra distinguir entre la necesidad de impulsar nuevas inversiones y la entrega de ventajas permanentes a empresas ya consolidadas. También pondrá a prueba la capacidad del Estado para comprobar que el crecimiento de la agroexportación se traduzca en mejores condiciones para los pequeños productores y en mayores recursos para atender las brechas del país.
