La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica autorizó este lunes a su Presidencia a impulsar acciones administrativas y legales para intentar impedir un recorte de ₡23.722 millones (USD 52,48 millones) al presupuesto del Poder Judicial de 2026. La reducción, promovida por el Ministerio de Hacienda mediante un presupuesto extraordinario, deberá ser analizada por la Asamblea Legislativa.
Los fondos ya están incluidos en el presupuesto aprobado y corresponden a partidas para la operación institucional durante los últimos meses del año. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) concentra la mayor disminución, con ₡9.536,3 millones (USD 21,10 millones).
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, advirtió que la tramitación del ajuste ya afecta la ejecución de los recursos. Señaló que, aunque la Asamblea rechace posteriormente la reducción, el congelamiento de los fondos podría dejar un plazo insuficiente para utilizarlos y provocar una subejecución presupuestaria.
Durante la sesión, el magistrado Gerardo Rubén alertó que el recorte podría limitar la investigación del OIJ, la persecución penal de la Fiscalía, la labor de jueces y juezas y la Defensa Pública. Según afirmó, la falta de recursos comprometería las operaciones contra el crimen organizado durante el último cuatrimestre de 2026.
Las magistraturas de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar, debido a que eventuales acciones legales sobre el presupuesto podrían llegar a ser conocidas por ese mismo órgano.
