Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. ha decidido llevar su conflicto con el Estado peruano ante el Tribunal Constitucional. La empresa china busca revertir el fallo judicial que devuelve a Ositrán la facultad de supervisar y regular las tarifas del megapuerto de Chancay, ubicado al norte de Lima. Esta medida representa el último recurso disponible dentro de un proceso que ha enfrentado visiones opuestas sobre el control de un terminal portuario de capital privado.
Origen del modelo privado y la supervisión estatal
El puerto de Chancay fue diseñado como un terminal privado, una modalidad poco común en el país donde la mayoría de los puertos importantes operan bajo esquemas de concesión con mayor intervención pública. Solo otro puerto en la selva peruana sigue este formato y sí acepta la regulación de Ositrán. Cosco Shipping sostiene que su contrato con la Autoridad Portuaria Nacional le otorga autonomía operativa y lo exime de esa supervisión externa. La discrepancia se centró en determinar si el nuevo puerto competía directamente con el Callao, el principal puerto del país. Ositrán solicitó a Indecopi un estudio de mercado para evaluar esa competencia y, de ser necesario, establecer tarifas reguladas.
Indecopi concluyó que no existía competencia suficiente, lo que habilitaba la intervención regulatoria. Cosco Shipping rechazó esa conclusión y recurrió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La controversia generó cambios en la dirección de la Autoridad Portuaria Nacional mientras avanzaba la construcción del puerto y se iniciaban operaciones de prueba.
Ley portuaria y fallo del Poder Judicial
El Congreso aprobó una nueva ley portuaria con efectos retroactivos que respaldaba la posición de la empresa. Sin embargo, Ositrán mantuvo sus procesos de regulación y defendió su competencia técnica. La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió a favor de Ositrán e Indecopi la semana pasada. El tribunal revocó la medida cautelar que impedía la actuación del regulador y declaró improcedente el amparo presentado por Cosco Shipping. En un proceso paralelo, Indecopi también obtuvo respaldo para continuar evaluando las condiciones de competencia en el puerto.
Argumentos de la empresa y contexto internacional
Cosco Shipping sostiene que las sentencias afectan el marco jurídico bajo el cual se realizó la inversión y vulneran el principio de legalidad. La compañía afirma cumplir con las obligaciones tributarias y legales peruanas, pero defiende la autonomía contractual firmada con la APN. En etapas previas del conflicto, la empresa mencionó la posibilidad de activar el mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio entre China y Perú. El caso ha atraído atención internacional, incluida la preocupación expresada por el gobierno de Estados Unidos respecto a la presencia de un puerto de escala china en la costa sudamericana. La inversión total proyectada supera los 3.500 millones de dólares y ya reduce significativamente el tiempo de tránsito marítimo entre Perú y Shanghái.
Implicaciones para el modelo regulatorio peruano
La decisión del Tribunal Constitucional determinará si los terminales privados de gran escala pueden operar con mayor independencia contractual o si deben someterse a la supervisión de organismos técnicos como Ositrán. El resultado influirá en futuras inversiones portuarias y en la forma en que el Estado peruano equilibra la atracción de capital extranjero con la protección de la competencia y los usuarios. Mientras tanto, el puerto continúa sus operaciones de prueba bajo un marco de incertidumbre jurídica que ambas partes buscan resolver a través de las instancias restantes.
