HERMOSILLO, Sonora.- La asociación Conservando los Valores de la Familia A.C. (Covafam) sostuvo que sus escuelas de educación inicial cumplen con los requisitos de Protección Civil, en respuesta a los señalamientos emitidos por el Congreso de Sonora sobre la falta de acreditaciones para acceder a recursos públicos. La presidenta Lizeth Villalobos rechazó las versiones difundidas en redes sociales y afirmó que las instalaciones cuentan con dictámenes aprobatorios.
La controversia surgió después de que la Mesa Directiva del Congreso informara que las estancias vinculadas a Covafam no acreditaban condiciones de seguridad ni certificaciones del personal. Villalobos precisó que la información sobre presuntos incumplimientos es incorrecta y que la organización siempre ha priorizado la seguridad de los menores.
Respuesta a los señalamientos legislativos
El 9 de julio, la presidenta del Congreso, Alejandra López Noriega, detalló que las escuelas no contaban con acreditación en materia de Protección Civil, equipos multidisciplinarios ni el número suficiente de trabajadores conforme a la normativa estatal. También mencionó que las supervisiones del Sistema DIF Sonora y Coesprisson no se habían realizado de manera regular. Villalobos respondió que estas afirmaciones carecen de sustento y que la documentación requerida está en regla.
La representante de Covafam enfatizó que la seguridad de las niñas y niños ha sido un principio rector de los centros afiliados. Según sus declaraciones, los dictámenes de Protección Civil avalan las condiciones de las instalaciones y desmienten la versión que circuló en redes sociales durante la semana.
Posición sobre la Ley 5 de Junio
Patricia Duarte, del Movimiento 5 de Junio, había señalado que Covafam incumplía la Ley 5 de Junio, que establece medidas de atención, cuidado y seguridad en centros infantiles. Villalobos aclaró que, desde la interpretación de la asociación, esa legislación no está facultada para regular las escuelas de educación inicial porque la normativa estatal no reconoce expresamente esta modalidad para niños de cero a tres años.
La dirigente explicó que la ley se enfoca principalmente en servicios de cuidado, mientras que los centros de Covafam se identifican como escuelas de educación inicial. Ante esta diferencia, las afiliadas optaron por sujetarse a las disposiciones de Protección Civil hasta que se defina el reconocimiento legal de esta etapa educativa en Sonora.
Demanda de inclusión en la legislación estatal
Villalobos insistió en la necesidad de que la educación inicial sea incorporada de manera explícita en la Ley 5 de Junio. Consideró que la ausencia de este reconocimiento genera un vacío regulatorio que impide aplicar la norma de forma adecuada a los centros con enfoque educativo. La asociación mantiene que, mientras se resuelve esta situación, los dictámenes de Protección Civil garantizan las condiciones de seguridad.
El conflicto también involucra un recurso de dos millones de pesos que Covafam reclama mediante amparo. El Congreso informó que este monto será analizado dentro del presupuesto de 2027, sin crear excepciones a la legislación vigente.
Contexto de las protestas y el amparo
El tema cobró mayor visibilidad tras una marcha encabezada por la influencer Lupita Villalobos hacia el Congreso de Sonora. La manifestación respaldó las demandas por el reconocimiento de la educación inicial y apoyó la huelga de hambre del abogado Jorge García Ramírez, de 81 años. García Ramírez y Covafam han solicitado la homologación de la legislación estatal para permitir el acceso a este servicio educativo.
Coordinadores parlamentarios de la coalición mayoritaria reiteraron que todas las organizaciones que ofrecen servicios de educación inicial deben cumplir las mismas medidas de seguridad, sin excepciones. Esta postura mantiene el diferendo entre el Poder Legislativo y la asociación sobre la naturaleza y regulación de los centros.
La respuesta de Lizeth Villalobos deja abierta la controversia: el Congreso exige el cumplimiento pleno de la Ley 5 de Junio, mientras Covafam sostiene que esa norma no contempla actualmente la modalidad educativa de sus afiliadas, aunque asegura contar con la documentación de Protección Civil que avala sus instalaciones. El tema seguirá presente en la agenda legislativa estatal mientras se define el marco normativo para la educación inicial.
