La discusión sobre la morosidad dejó de ser un problema contable para convertirse en una radiografía del crédito argentino. Detrás del dato que destaca el Gobierno, según el cual el aumento de los atrasos acompañaría la expansión del crédito, aparece una transformación más profunda: el sistema formal crece, pero lo hace cada vez más apoyado en plataformas fintech, con préstamos de menor tamaño, mayor segmentación de riesgo y una base de usuarios que el banco tradicional suele dejar afuera. Ese corrimiento no es menor. Cambia quién accede al financiamiento, bajo qué condiciones y con qué probabilidad de pago.
En los últimos dos años, el ITBA registró un salto desde unos 16 millones hasta más de 21 millones de personas con acceso al crédito formal. Sin embargo, el motor de esa expansión no fue la banca tradicional, sino el universo fintech, que pasó de 3,7 millones a más de 8 millones de usuarios con al menos un préstamo vigente. En términos de escala, casi cuatro de cada diez personas que hoy toman crédito formal lo hacen por esa vía. En términos de perfil, el dato es todavía más relevante: se trata, en su mayoría, de montos chicos y de clientes con ingresos inestables, historial limitado o antecedentes de exclusión bancaria. El crédito se amplió, pero también se desplazó hacia zonas donde el riesgo de impago es estructuralmente más alto.
La clave para entender este giro está en la arquitectura del sistema. Las entidades financieras captan depósitos y prestan bajo supervisión estricta del Banco Central, mientras que los proveedores no financieros operan con capital propio y bajo otra lógica prudencial. Dentro de ese segundo grupo, las fintech agregan una capa tecnológica que acelera la originación, la evaluación y el cobro. Su promesa es conocida: usar datos alternativos para ver lo que el banco no ve. Consumos, pagos de servicios, actividad digital, patrones transaccionales. En la práctica, eso permite llegar a monotributistas, trabajadores informales y personas sin cuenta activa, pero también reintroduce la fragilidad por otra puerta: el acceso ya no depende de una nómina salarial estable, sino de señales de comportamiento que pueden deteriorarse rápido ante una recesión.
Ese punto es decisivo para leer la mora. El ITBA estima que la irregularidad ronda el 30% de la cartera, aunque la mora operativa, medida entre 30 y 360 días, se mantiene cerca del 23%. La diferencia entre ambos números importa. Sugiere que no todo el deterioro responde al atraso inmediato de pagos, sino a un stock creciente de créditos viejos e incobrables que siguen pesando sobre el sistema. Dicho de otro modo: la mora no sólo sube porque haya más gente endeudada, sino porque parte del crédito otorgado en los tramos más vulnerables del mercado terminó convertido en saldo muerto. En una economía con actividad débil, ese pasaje es rápido. Un préstamo pequeño dejado de pagar por un hogar de ingresos inestables se vuelve impago antes que en un segmento asalariado formal.
La explicación oficial insiste en que el problema no sería el crédito en sí, sino la mala calidad de algunos préstamos y el regreso de los bancos a una conducta más agresiva de originación. Pero el diagnóstico queda incompleto si no se incorpora la composición del mercado. El crédito argentino sigue siendo reducido para estándares regionales: apenas 13% del PBI, según el Ieral. Eso desmiente la idea de una economía asfixiada por un exceso general de deuda. El problema está más cerca de una expansión desigual, en la que conviven una banca prudente, fintechs que abren el juego a segmentos postergados y hogares que toman deuda para sostener consumo básico en un contexto de ingresos erosionados. Cuando ese préstamo financia gasto corriente y no inversión o capital de trabajo, la primera caída del ingreso golpea directo sobre la mora.
La carga tributaria agrava esa fragilidad. Económica y financieramente, el costo del crédito no se explica sólo por fondeo, riesgo o intermediación. El peso de IVA e Ingresos Brutos eleva de manera decisiva la tasa efectiva anual y recorta el margen para una salida virtuosa. Ese encarecimiento tiene consecuencias concretas: obliga a las familias a tomar préstamos más caros para necesidades más urgentes y vuelve más difícil la refinanciación ordenada. En ese marco, la mora no es un accidente aislado, sino el síntoma de un sistema que presta caro, por montos pequeños, a deudores más expuestos a la pérdida de ingresos. La tensión fiscal termina filtrándose hacia el balance de los hogares.
También hay un efecto político que no conviene subestimar. El Gobierno rechaza una intervención estatal que socialice pérdidas o altere contratos privados, con el argumento de evitar riesgo moral. Esa postura preserva coherencia ideológica, pero deja abierto un problema práctico: si la mora continúa creciendo mientras la actividad no repunta, el sistema puede volverse más selectivo, no más inclusivo. Las fintech, que hoy funcionan como puerta de entrada al crédito formal, podrían endurecer sus algoritmos, bajar límites o encarecer aún más los préstamos para compensar el deterioro. La consecuencia sería paradójica: el canal que amplió el acceso terminaría restringiéndolo para los mismos segmentos que ayudó a incorporar.
El escenario de fondo es más amplio que una discusión entre bancos, fintech y reguladores. Lo que está en juego es la capacidad del crédito para cumplir una función económica básica: suavizar ciclos y sostener consumo, inversión y actividad. Si la mora se estabiliza sólo porque cae la originación nueva, el alivio es ilusorio. Si, en cambio, el sistema logra recomponer ingresos reales, reducir costos impositivos y mejorar la calidad del riesgo sin excluir de antemano a los sectores informales, el crédito podría recuperar un papel expansivo. Por ahora, la expansión existe, pero está apoyada en una base frágil. El dato de que casi 40% del crédito formal ya pasa por fintech no habla sólo de modernización financiera; también revela que el sistema argentino encontró una forma de prestar más, aunque todavía no una manera más sólida de cobrar mejor.
