El crédito hipotecario en México podría crecer entre un 5 % y un 6 % durante 2026, hasta superar los 530.000 financiamientos por más de 510.000 millones de pesos, impulsado por una mayor actividad prevista para el segundo semestre, según especialistas del sector. La recuperación proyectada ocurre en un mercado que también enfrenta riesgos de fraude inmobiliario, pues tres de cada diez ofertas podrían ser fraudulentas.
La directora comercial de SOC Asesores Financieros, Cybel Magaña, estimó que el monto promedio de los créditos se ubicará entre 1,5 y 1,7 millones de pesos. La proyección de más de 530.000 préstamos representaría un avance cercano al 6 % frente a 2025 y equivaldría a unos 30.057 millones de dólares.
El comportamiento esperado del financiamiento se da después de una contracción del 0,5 % del mercado en 2025. Ese año, la banca privada colocó alrededor de 236.000 millones de pesos en créditos hipotecarios, unos 13.907 millones de dólares, recordó Magaña.
Los precios de la vivienda mantuvieron un alza en el inicio de 2026. El Índice SHF de Precios de la Vivienda reportó que el valor de los inmuebles adquiridos con crédito hipotecario aumentó 8,7 % a nivel nacional durante el primer trimestre, frente al mismo periodo de 2025.
Ofertas falsas y pagos anticipados
El abogado y socio director de Saucedo Abogados, Miguel Saucedo, advirtió que los delincuentes pueden ejecutar estafas con recursos básicos, como anuncios atractivos en redes sociales, fotografías de inmuebles y supuestas empresas inmobiliarias. Leonardo González, economista especializado en el mercado inmobiliario, señaló que tres de cada diez ofertas de este tipo pueden constituir un fraude.
Entre las modalidades detectadas está el phishing, mediante el cual los responsables suplantan la identidad de empresas o intermediarios para obtener datos personales o exigir pagos por adelantado. También se presentan las llamadas propiedades fantasma: anuncios que usan imágenes y descripciones de viviendas no disponibles, pertenecientes a terceros o inexistentes.
Saucedo indicó que estas prácticas pueden escalar a compraventas respaldadas con documentos falsificados. Además, señaló que en los últimos meses han cobrado notoriedad las invasiones de viviendas y los casos de despojo, un delito cuya investigación suele prolongarse.
Con base en cifras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México citadas por el especialista, cada año se presentan alrededor de 4.000 denuncias por despojo en la capital, pero menos del 6 % se resuelve. Miles de carpetas de investigación permanecen abiertas durante años, lo que deja a familias sin acceso a sus inmuebles y sin una respuesta definitiva de las autoridades.
El abogado sostuvo que el tiempo es determinante en estos casos, porque las demoras burocráticas pueden retrasar la investigación desde su inicio. También mencionó las Acciones de Prevención, Restitución y Justicia ante el Despojo 2026, anunciadas por el Gobierno de Ciudad de México, como un reconocimiento de un problema que, afirmó, ha crecido durante décadas.
Según Saucedo, el Código Penal de la Ciudad de México y el Código Nacional de Procedimientos Penales contemplan medidas de restitución cuando una persona es privada ilegalmente de la posesión de un inmueble. Alertó además sobre redes que identifican propiedades sin movimientos registrales durante décadas, viviendas habitadas por adultos mayores o inmuebles cuyos propietarios residen en el extranjero.
El especialista precisó que no todo conflicto inmobiliario constituye despojo. Un inquilino que permanece en una vivienda tras concluir su contrato de arrendamiento no necesariamente comete un delito, pues la figura jurídica protege la posesión legítima y cada caso requiere un análisis específico.
