El mercado peruano de créditos de carbono atraviesa una etapa de expansión impulsada por la conservación de bosques, la presión internacional para reducir emisiones y el interés creciente de empresas e inversionistas. Sin embargo, el desarrollo del sector ocurre en un entorno todavía fragmentado: el país no cuenta con un registro nacional unificado ni con estadísticas públicas oficiales que permitan conocer con precisión el volumen total de proyectos, créditos emitidos y transacciones realizadas.
La situación combina una oportunidad económica y ambiental con riesgos jurídicos, sociales y de transparencia. Perú reúne extensas áreas forestales y comunidades que pueden participar en iniciativas de mitigación, pero la falta de reglas integrales sobre la titularidad de los créditos y la distribución de beneficios mantiene abierta la posibilidad de disputas y cuestionamientos sobre la legitimidad de algunos proyectos.
Un mercado basado principalmente en iniciativas voluntarias
En Perú, el mercado funciona principalmente bajo un esquema voluntario. Empresas, organizaciones no gubernamentales y comunidades impulsan proyectos destinados a demostrar que han reducido o removido emisiones de gases de efecto invernadero. Entre las actividades más frecuentes se encuentran la conservación y el manejo sostenible de bosques, aunque también existen iniciativas vinculadas con energía limpia y agricultura.
Un crédito representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente que se evita emitir o se retira de la atmósfera. Una vez verificados los resultados, esos créditos pueden transferirse o venderse a compradores internacionales interesados en compensar parte de sus emisiones o respaldar objetivos climáticos. La certificación suele realizarse mediante estándares privados reconocidos, como Verra y Gold Standard, que establecen metodologías para medir las reducciones y revisar los proyectos.
Según Carlos Ratti, abogado especializado y socio de Stucchi Abogados, aproximadamente el 85% de los proyectos certificados en el país son forestales. El predominio de este tipo de iniciativas refleja la importancia de los bosques peruanos en la acción climática, pero también concentra buena parte de los problemas del sector en territorios donde existen derechos colectivos, títulos sobre la tierra y distintas formas de ocupación y uso del suelo.
La cadena de titularidad, el punto más sensible
El principal desafío legal no está únicamente en certificar que un proyecto reduce emisiones, sino en determinar quién tiene derecho a desarrollar la iniciativa, recibir los créditos y transferirlos a terceros. La ausencia de una regulación exhaustiva y de un registro público consolidado hace que gran parte de esa cadena dependa de contratos privados y de los títulos habilitantes relacionados con el uso del territorio.
Ratti sostiene que el asesoramiento legal es especialmente relevante para estructurar la titularidad, las cesiones de derechos y las garantías contractuales. Cuando esos elementos no están definidos con precisión, aumentan los riesgos para los inversionistas y las comunidades. Entre los posibles conflictos se encuentran las disputas sobre la propiedad de los créditos, la doble venta de una misma reducción de emisiones o los desacuerdos sobre la autoridad que puede comprometer un territorio en un proyecto.
La incertidumbre también puede afectar la valoración económica de los créditos. Un comprador internacional no solo analiza la cantidad de carbono que el proyecto declara reducir, sino también la posibilidad de que el crédito sea impugnado, que sus beneficios sociales sean cuestionados o que existan reclamos superpuestos sobre el terreno. Por ello, una mayor seguridad jurídica podría influir tanto en la confianza del mercado como en el precio final de los activos.
El Estado regula, pero la certificación sigue fuera del sistema público
El Estado peruano cumple funciones de regulación y facilitación, mientras que la certificación y verificación de la mayoría de los proyectos recaen en estándares internacionales. La Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento orientan las políticas de mitigación y contemplan mecanismos relacionados con REDD+, pero su aplicación práctica todavía convive con una arquitectura de mercado desarrollada en buena medida por actores privados.
El Registro Nacional de Medidas de Mitigación, conocido como RENAMI, tiene un carácter declarativo para el mercado voluntario y adquiere un papel obligatorio en el marco del artículo 6 del Acuerdo de París. Su existencia representa un paso hacia una mayor trazabilidad, aunque no equivale todavía a un sistema nacional único que consolide todos los derechos, proyectos, créditos emitidos y operaciones.
El Ministerio del Ambiente impulsa programas jurisdiccionales bajo el estándar ART TREES. No obstante, hasta el momento el único programa peruano vinculado con ese mecanismo no ha emitido créditos. Esa situación muestra la diferencia entre contar con un marco institucional para desarrollar iniciativas y alcanzar la fase operativa en la que las reducciones puedan ser reconocidas y comercializadas.
Comunidades: participación formal y beneficios efectivos
Las comunidades nativas y rurales ocupan una posición central en los proyectos forestales, porque muchas iniciativas se desarrollan en zonas donde sus derechos territoriales y sus conocimientos son determinantes para conservar el bosque. El reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático promueve su participación y establece un enfoque de beneficio preferente, pero la aplicación concreta de esos principios continúa siendo un desafío.
La consulta previa, la identificación de los titulares de derechos y la negociación de los beneficios deben quedar respaldadas por procesos comprensibles y verificables. Si los contratos no explican con claridad cuánto recibirá cada actor, durante cuánto tiempo y bajo qué condiciones, el proyecto puede generar conflictos incluso después de haber obtenido una certificación internacional.
El debate no se limita al reparto de ingresos. También incluye la gobernanza del proyecto, la capacidad de las comunidades para supervisar sus compromisos y la forma en que se atienden los impactos sobre sus actividades tradicionales. Un proyecto puede mostrar resultados positivos en términos de carbono y, al mismo tiempo, ser cuestionado si los derechos colectivos no fueron respetados o si la participación comunitaria fue meramente formal.
Un atractivo inversor condicionado por la transparencia
Los registros internacionales citados para el sector contabilizan 56 proyectos certificados en Perú: 55 bajo Verra y uno bajo Gold Standard. Las reducciones proyectadas superarían los 23 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Se trata de estimaciones asociadas a proyectos registrados y no de una estadística oficial consolidada sobre la totalidad del mercado peruano.
El proyecto Qori Q’oncha Improved Cookstoves in Peru, certificado por Gold Standard, tiene publicado un precio de referencia de 30 dólares por tonelada. Ese valor no representa una tarifa general para el país: los precios cambian según la tecnología utilizada, la calidad de la reducción, los beneficios sociales, la antigüedad del crédito y los acuerdos privados entre compradores y desarrolladores.
La diversidad de proyectos y el volumen potencial de reducciones ofrecen a Perú una plataforma para atraer inversión climática y financiar acciones ambientales en territorios vulnerables. Pero la expansión será sostenible solo si se fortalecen la integración de datos, la supervisión pública y las garantías para las comunidades. En un mercado donde la confianza determina el valor del crédito, la trazabilidad jurídica y social será tan importante como la cantidad de carbono que cada proyecto declare conservar o remover.
