La interrupción simultánea del servicio eléctrico que alcanzará hasta el 67 % del territorio cubano este sábado refleja una crisis estructural que se ha intensificado desde mediados de 2024. Los datos de la Unión Eléctrica (UNE) indican que, en el horario de mayor demanda, la generación prevista será de apenas 1 050 megavatios frente a una necesidad de 3 100, lo que genera un déficit superior a 2 000 megavatios. Esta situación no surge de un evento aislado, sino de décadas de falta de mantenimiento en las plantas termoeléctricas y de una dependencia crítica de combustibles importados que se ha visto restringida por las medidas estadounidenses.
El Sistema Electroenergético Nacional depende en un 40 % de unidades termoeléctricas que operan con crudo nacional, pero diez de las dieciséis instalaciones permanecen fuera de servicio por averías o mantenimiento. El otro 40 % corresponde a motores diésel que requieren fueloil importado y que han debido detenerse por escasez. El 20 % restante proviene de gas y renovables, insuficiente para compensar la caída. Cuba necesita alrededor de 100 000 barriles diarios de petróleo; solo produce 40 000, por lo que la presión sobre las importaciones resulta determinante.
Orígenes de la vulnerabilidad energética
Desde finales de los años noventa, Cuba mantuvo un acuerdo de suministro petrolero con Venezuela que permitió estabilizar el sistema durante casi dos décadas. Cuando ese flujo disminuyó, el país intentó cubrir el hueco con producción nacional y compras puntuales en el mercado spot. Sin embargo, las sanciones estadounidenses intensificadas desde enero de 2025 han bloqueado rutas de abastecimiento y dificultado pagos, según la propia descripción de la ONU. Esta secuencia explica por qué la crisis, latente desde 2024, se volvió crítica en los primeros meses de 2025 y alcanzó el récord del 71 % de afectación simultánea registrado el día anterior al anuncio actual.
La obsolescencia de las infraestructuras añade una capa adicional. Las plantas termoeléctricas, algunas con más de cuarenta años de operación continua, no recibieron las inversiones requeridas para renovar turbinas y calderas. Como resultado, las averías se suceden con frecuencia y los tiempos de reparación se alargan por falta de repuestos. La estimación independiente de entre 8 000 y 10 000 millones de dólares necesarios para modernizar la red ilustra la magnitud del problema acumulado.
Impacto inmediato en la vida cotidiana
Los cortes prolongados alteran patrones de consumo y producción. En La Habana y Santiago de Cuba, hospitales han debido reprogramar cirugías no urgentes y depender de generadores portátiles cuyo combustible también escasea. Escuelas han suspendido clases presenciales en horarios vespertinos, obligando a familias a reorganizar el cuidado de menores. Pequeños negocios de alimentos refrigerados reportan pérdidas diarias que erosionan márgenes ya estrechos. Estos efectos se acumulan y generan un costo invisible que no aparece en las estadísticas oficiales de generación.
El descontento social se manifiesta en quejas públicas y en la presión sobre las autoridades locales. Aunque el Gobierno ha calificado la situación como “crítica” y “extremadamente tensa”, la ausencia de soluciones inmediatas alimenta la percepción de que las causas estructurales no se abordan con la urgencia requerida.
Consecuencias económicas y productivas
La industria azucarera y la minería, dos sectores históricamente intensivos en energía, enfrentan reducciones de capacidad que afectan exportaciones. La falta de refrigeración en cadenas de frío repercute en la distribución de alimentos y en la seguridad sanitaria. El turismo, que representa una fuente importante de divisas, sufre cancelaciones cuando los visitantes perciben que los servicios básicos no están garantizados. Cada día de apagones masivos reduce el PIB potencial en una magnitud que, acumulada durante meses, compromete las metas de recuperación económica anunciadas por las autoridades.
La necesidad de importar generadores portátiles y combustible de emergencia drena reservas de divisas que podrían destinarse a otros rubros prioritarios. Esta competencia por recursos escasos profundiza la brecha entre sectores estatales y privados, ya que los primeros acceden con mayor facilidad a asignaciones oficiales mientras los segundos deben recurrir al mercado informal.
Efectos regionales y migratorios
La inestabilidad energética cubana tiene ramificaciones en el Caribe. Países vecinos que mantenían intercambios limitados de energía o combustible observan con cautela cualquier intento de reactivación de la cooperación regional. Al mismo tiempo, la combinación de cortes eléctricos y escasez de productos básicos acelera flujos migratorios hacia Estados Unidos y hacia terceros países que ofrecen vías legales temporales. Organizaciones humanitarias registran un aumento de solicitudes de asilo vinculadas directamente a la imposibilidad de mantener condiciones mínimas de vida en los hogares.
Desde una perspectiva más amplia, la crisis ilustra los límites de un modelo energético basado en plantas centralizadas y combustibles fósiles sin renovación. La transición hacia fuentes renovables, aunque mencionada en planes oficiales, requiere financiamiento externo que las sanciones actuales dificultan. Mientras tanto, la población absorbe los costos en forma de interrupciones diarias que afectan salud, educación y oportunidades laborales.
El escenario que se abre para los próximos meses dependerá tanto de la capacidad del Gobierno para estabilizar las unidades existentes como de cualquier modificación en las restricciones externas sobre el suministro de combustible. Sin una solución integral que combine mantenimiento urgente, diversificación de fuentes y alivio de las presiones financieras, los récords de afectación como el 71 % registrado recientemente podrían repetirse o superarse, consolidando una nueva normalidad de inestabilidad energética con consecuencias acumulativas para la sociedad cubana.
