La situación que atraviesan los hospitales públicos del Valle del Cauca no surge de forma aislada. Desde la implementación de la Ley 100 de 1993, el modelo colombiano de salud ha dependido de un esquema de aseguramiento donde las EPS actúan como intermediarias entre el Estado y los prestadores. Con el paso de los años, los retrasos en los pagos por parte de estas entidades se convirtieron en una constante, especialmente en el régimen subsidiado que atiende a poblaciones de menores ingresos.
En el caso específico del Valle, la acumulación de deudas alcanzó niveles críticos hacia 2025. Las cifras reportadas por Asohosval muestran que el régimen subsidiado adeuda 1,5 billones de pesos y el contributivo alrededor de 450.000 millones a marzo de 2026. Esta brecha financiera refleja tanto la concentración de afiliados en pocas EPS como la debilidad de los mecanismos de recaudo y fiscalización que el Estado ha mantenido durante décadas.
De la intermediación financiera al colapso operativo
El problema central radica en la estructura misma del flujo de recursos. Las EPS reciben pagos capitados del Estado, pero los desembolsos a los hospitales dependen de la facturación y auditoría posterior. Cuando las entidades aseguradoras enfrentan problemas de liquidez o priorizan otros gastos, los proveedores quedan expuestos. Nueva EPS, con más de 1,1 millones de afiliados en el departamento, concentra el mayor volumen de cartera pendiente, lo que agrava la exposición de la red pública.
Hospitales de alta complejidad como el Universitario del Valle y el Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá ya operan con restricciones severas para adquirir insumos y mantener contratos de personal. Centros de menor tamaño en municipios como El Águila o La Victoria enfrentan el mismo dilema a menor escala, pero con menor capacidad de negociación ante proveedores.
La intervención gubernamental de varias EPS en años recientes no ha resuelto el problema de pagos. Por el contrario, entidades como Emssanar, Asmet Salud y Coosalud mantienen saldos significativos, lo que indica que el control estatal no ha logrado modificar los incentivos que generan mora sistemática.
Consecuencias en el acceso y la calidad asistencial
Cuando los hospitales carecen de flujo de caja, las primeras medidas suelen incluir la reducción de jornadas quirúrgicas, la limitación de pruebas diagnósticas y la postergación de contrataciones. En el Valle, esta dinámica ya afecta la atención de pacientes crónicos y de urgencias en municipios medianos, donde las alternativas privadas son escasas.
El personal médico y de apoyo enfrenta pagos atrasados que deterioran la retención de talento. Varios centros reportan dificultades para cubrir turnos nocturnos y fines de semana, lo que incrementa el riesgo de errores clínicos y agotamiento profesional. La cadena de impagos se extiende además a proveedores de medicamentos y servicios básicos, generando cortes eventuales de agua o energía que comprometen la operación continua.
Repercusiones económicas y migratorias regionales
La crisis hospitalaria trasciende el sector salud. Los proveedores locales de alimentos, mantenimiento y tecnología médica ven reducida su demanda, lo que afecta el empleo en cadenas productivas secundarias. En Buenaventura y Buga, donde el Hospital Luis Ablanque de la Plata y el San José dependen de la economía portuaria y agroindustrial, la contracción del gasto hospitalario puede amplificar la desaceleración económica ya existente.
Además, la percepción de servicios públicos deteriorados incentiva la migración de familias hacia Cali o hacia otras regiones con mejor reputación asistencial. Esta movilidad incrementa la presión sobre los hospitales de mayor complejidad y genera costos adicionales de transporte para pacientes de zonas rurales.
Escenarios futuros bajo el nuevo gobierno departamental
La solicitud de Asohosval al equipo de Abelardo de la Espriella busca establecer una hoja de ruta que combine recursos extraordinarios con reformas estructurales. Una posible vía consiste en renegociar los contratos de pago con las EPS intervenidas y crear un fondo departamental de liquidez temporal respaldado por regalías o recursos del Sistema General de Participaciones.
Sin embargo, cualquier solución de corto plazo debe acompañarse de cambios en la supervisión de las EPS. Si el nuevo gobierno logra vincular el cumplimiento de pagos a la renovación de habilitación o a incentivos fiscales, podría alterar el equilibrio actual que favorece la acumulación de deudas. El riesgo radica en que las medidas se limiten a transferencias puntuales sin modificar los incentivos que originaron la crisis.
La experiencia de otros departamentos que enfrentaron situaciones similares muestra que la recuperación de la red hospitalaria requiere entre tres y cinco años cuando se combinan recursos frescos con reformas de contratación y auditoría. En el Valle, el tamaño de la deuda y la cantidad de instituciones afectadas sugieren que el proceso será prolongado y exigirá coordinación estrecha entre el nivel nacional y el departamental.
La continuidad de los servicios de salud en el Valle del Cauca dependerá de la capacidad del gobierno entrante para traducir la petición de Asohosval en decisiones concretas que restauren la confianza de proveedores y personal. De lo contrario, la red pública podría enfrentar un deterioro progresivo que afecte la atención de más de dos millones de habitantes del departamento.
