La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para que examine si el proceso de la Causa Vialidad respetó las garantías del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos, sostiene que no busca solo impugnar el fallo, sino someter todo el juzgamiento al derecho internacional de los derechos humanos.
En una carta abierta difundida en medios de España, Francia y Brasil, afirma que el expediente se impulsó con irregularidades procesales, pruebas falsas y persecución política. También vincula su inhabilitación a una proscripción que impide a los ciudadanos elegirla, y denuncia violencia política y discriminación de género en el sistema judicial. Estas alegaciones, sin embargo, no modifican la sentencia vigente ni constituyen resoluciones de organismos internacionales.
Límites del Comité de la ONU
El Comité no actúa como tribunal de apelación ni puede anular la condena argentina. Solo analiza si el Estado incumplió obligaciones internacionales y, de hallar violaciones, emite observaciones y recomendaciones. Mientras el trámite avanza, la pena y la inhabilitación siguen firmes, salvo decisión contraria de la justicia nacional. El recurso eleva el caso al plano internacional, pero deja intacto el resultado judicial interno y pone a prueba la capacidad del sistema de derechos humanos para incidir en disputas políticas locales sin alterar el principio de soberanía judicial.
