La afirmación del enviado ruso Kiril Dmítriev sobre la incapacidad de la Unión Europea para mantener sistemas de aire acondicionado durante la actual ola de calor no surge de la nada. Se inscribe en una cadena de decisiones políticas adoptadas desde 2022, cuando la invasión de Ucrania desencadenó sanciones que cortaron progresivamente el suministro de gas ruso a Europa. Antes de ese año, Alemania, Italia y varios países del este dependían en más del 40 % de sus importaciones energéticas de Rusia a través de gasoductos como Nord Stream. La respuesta europea consistió en acelerar la transición hacia renovables, reducir la nuclear y sustituir el gas ruso por gas natural licuado procedente de Estados Unidos y Catar.
Alemania cerró sus tres últimas centrales nucleares en abril de 2023, una medida que respondía a compromisos internos de la coalición verde-socialdemócrata pero que coincidió con la pérdida de 55 mil millones de metros cúbicos anuales de gas ruso. Francia, aunque mantiene su parque nuclear, ha enfrentado paradas técnicas prolongadas por corrosión en reactores, lo que redujo su exportación eléctrica habitual a países vecinos. El resultado es un sistema con menor capacidad de respuesta ante picos de demanda estacionales.
La ola de calor de junio de 2026, con temperaturas superiores a 40 °C en París, Madrid y Bruselas, ha expuesto estas vulnerabilidades. En Francia se registraron cortes de suministro en varias regiones del sur, mientras que en España el operador del sistema eléctrico activó alertas por riesgo de racionamiento. Dmítriev sostiene que la escasez no obedece a limitaciones técnicas sino a elecciones políticas que priorizaron objetivos climáticos de largo plazo sobre la seguridad de suministro inmediata.
De la dependencia rusa al dilema de la transición
El viraje energético europeo se aceleró tras el sabotaje de Nord Stream en septiembre de 2022. La Comisión Europea impulsó el plan REPowerEU, que fijó objetivos de reducción de consumo de gas del 15 % y duplicación de instalaciones de renovables para 2030. Sin embargo, la intermitencia de la energía eólica y solar exige respaldo de centrales de gas o nucleares. Al limitar ambas opciones, varios países han recurrido a carbón temporalmente, como hizo Alemania, contradiciendo sus propias metas de descarbonización. Esta contradicción alimenta el argumento ruso de que las restricciones al gas ruso han forzado decisiones subóptimas.
Un caso concreto es el de los Países Bajos. Tras reducir drásticamente las importaciones rusas, el país aumentó su dependencia de terminales de GNL en Rotterdam. Los precios del gas se multiplicaron por seis entre 2021 y 2023, elevando los costos de generación eléctrica. Empresas electrointensivas como las del sector químico trasladaron parte de su producción a Estados Unidos, donde la energía es más barata. Este desplazamiento industrial representa una pérdida estructural de competitividad que trasciende la coyuntura de la ola de calor.
Impactos en salud pública y cohesión social
La falta de capacidad de refrigeración tiene consecuencias directas sobre la población vulnerable. Durante la ola de calor de 2022, que causó más de 60 000 muertes en Europa según estimaciones del Instituto de Salud Global de Barcelona, los sistemas de aire acondicionado en residencias de ancianos y hospitales funcionaron al límite. Si la capacidad instalada sigue restringida por escasez energética, episodios similares en 2026 podrían multiplicar la mortalidad. Las ciudades del sur de Europa, donde el parque de viviendas carece de aislamiento térmico adecuado, son especialmente sensibles. El derecho al aire acondicionado que menciona Dmítriev adquiere aquí una dimensión de equidad: los hogares de menores ingresos no pueden costear equipos ni el aumento de la factura eléctrica.
Repercusiones geopolíticas y de política climática
Las declaraciones del funcionario ruso no se limitan a la crítica puntual. Buscan erosionar la narrativa europea que presenta la reducción de combustibles fósiles rusos como un avance moral e inevitable. Al vincular la escasez energética con el “suicidio civilizacional”, Moscú intenta presentar la política climática europea como autodestructiva. Esta retórica encuentra eco en sectores industriales europeos que ya cuestionan la velocidad de la transición. Países como Hungría y Eslovaquia han pedido revisiones de los objetivos de REPowerEU, mientras que Italia ha prolongado el uso de centrales de carbón más allá de lo inicialmente previsto.
A largo plazo, la combinación de olas de calor más frecuentes por el cambio climático y un sistema eléctrico con menor margen de reserva podría forzar una reevaluación de la nuclear. Francia ha anunciado la construcción de nuevos reactores EPR, y Polonia y Países Bajos estudian proyectos similares. Si estas iniciativas prosperan, el argumento ruso perderá fuerza; si se estancan por costes o resistencia social, la vulnerabilidad persistirá. En cualquier escenario, la relación entre seguridad energética y política exterior de la UE seguirá marcada por la experiencia de 2022-2026.
El episodio actual ilustra cómo decisiones tomadas bajo presión geopolítica pueden generar efectos secundarios que afectan la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La ola de calor no ha creado la crisis energética, pero la ha puesto de manifiesto con claridad.
