La nueva regulación aprobada por el régimen cubano para impulsar las energías renovables llega en el peor momento posible para su sistema eléctrico y, precisamente por eso, revela más de lo que aparenta. Las resoluciones 179 y 180 de 2026 no son solo un paquete de alivios fiscales y ajustes comerciales: son un intento de ganar tiempo frente a un colapso estructural que ya no puede ocultarse con apagones programados ni con discursos de resiliencia. La decisión exime del impuesto aduanero a equipos solares, pequeños aerogeneradores, biodigestores, cargadores para vehículos eléctricos y otras tecnologías vinculadas a la generación distribuida. Al mismo tiempo, amplía la venta de electricidad al Sistema Electroenergético Nacional desde biomasa vegetal y energía eólica, corrigiendo una norma anterior que privilegiaba casi en exclusiva la solar fotovoltaica.
El contexto explica por qué esta reforma tiene un peso político mayor que técnico. La Unión Eléctrica anticipó para este sábado un déficit tan severo que el 69 % del país quedaría sin servicio en el horario de máxima demanda. Con una capacidad disponible de 1.050 megavatios frente a una demanda estimada de 3.300, el sistema debe desconectar 2.280 megavatios para evitar una caída desordenada. En la práctica, los 9,4 millones de cubanos se enfrentan a jornadas con apenas dos o tres horas de electricidad. Esa escasez no se traduce solo en incomodidad doméstica; paraliza pequeños negocios, encarece la conservación de alimentos, altera servicios médicos y obliga a escuelas, talleres y oficinas a operar con interrupciones permanentes.
Lo más relevante no es la existencia de incentivos, sino el momento en que se activan. Cuando una red eléctrica pierde capacidad de sostener la demanda básica, la política energética deja de ser una discusión sobre transición y pasa a ser un mecanismo de supervivencia. El gobierno cubano parece reconocer, de forma indirecta, que ya no puede depender del parque termoeléctrico heredado de las décadas de 1960 y 1970 ni de la generación distribuida alimentada por diésel y fueloil importados. Esa infraestructura envejecida, sumada a la escasez de combustible, ha convertido cualquier avería en un evento sistémico. En lo que va de 2026, la isla registró siete apagones generales y acumula 12 interrupciones totales del servicio en casi 24 meses.
La exención arancelaria puede parecer una corrección administrativa, pero en realidad apunta a modificar una barrera de entrada decisiva: el costo inicial de adopción. En una economía donde el salario real está erosionado y la inversión privada opera bajo fuertes restricciones, eliminar el impuesto de importación sobre paneles, bombas fotovoltaicas o biodigestores reduce una parte del desembolso, aunque no resuelve el problema mayor, que es la financiación. El mensaje implícito es claro: el Estado ya no tiene capacidad para expandir por sí mismo la oferta eléctrica a la velocidad necesaria y necesita que hogares, cooperativas, empresas y actores con liquidez sustituyan parte de la inversión pública.
Esa transferencia de responsabilidad abre una discusión incómoda. Para una familia o un pequeño negocio, instalar un sistema solar puede significar salir de la dependencia más extrema del apagón; para el país, sin embargo, la suma de instalaciones dispersas solo aliviará la crisis si existe una red capaz de integrar esa energía, mantener reglas estables de compra y asegurar mantenimiento técnico. De lo contrario, se corre el riesgo de crear una transición a dos velocidades: quienes puedan importar equipos o acceder a financiamiento se protegerán mejor, mientras el resto seguirá atrapado en la red colapsada. El incentivo fiscal, entonces, podría profundizar una desigualdad energética ya visible entre zonas urbanas con mayor capacidad de inversión y barrios populares donde la respuesta inmediata sigue siendo encender un generador, quemar basura o aceptar la oscuridad.
El cambio en la compraventa de electricidad introduce otro ángulo decisivo. Al ampliar el alcance de la energía producida con biomasa y fuentes eólicas, el régimen intenta diversificar una matriz demasiado dependiente del petróleo importado. Esto tiene lógica industrial: Cuba dispone de residuos agrícolas, caña y otros subproductos que podrían alimentar plantas de biomasa con mejor previsibilidad que el combustible fósil escaso. Pero la pregunta central es de escala. La biomasa puede aportar estabilidad si se articula con cadenas logísticas eficientes, contratos transparentes y mantenimiento continuo; de lo contrario, se convierte en otro frente vulnerable a la falta de insumos, a la maquinaria obsoleta y a la burocracia. La experiencia cubana reciente muestra que muchas soluciones anunciadas como estructurales terminan limitadas por la misma fragilidad institucional que pretendían corregir.
También hay un componente social y político que no conviene subestimar. La crisis energética ya provocó manifestaciones pacíficas, cacerolazos y quema de basura en barrios de la capital, señales de una protesta que suele emerger cuando fallan simultáneamente la oferta de luz, el suministro de alimentos y la capacidad del Estado para ofrecer respuestas visibles. En ese entorno, promover renovables no solo busca bajar presión sobre la red; busca también recomponer legitimidad. Sin embargo, la legitimidad no se recupera con decretos si la experiencia cotidiana continúa marcada por apagones de 20 horas, transporte interrumpido y servicios públicos degradados. La población evalúa resultados tangibles, no el alcance formal de una exención tributaria.
Los actores económicos también leen la medida con prudencia. Para empresas estatales y mixtas, la posibilidad de vender electricidad renovable al sistema abre una ventana de negocio y, al mismo tiempo, una vía para reducir dependencia de combustibles importados que hoy son caros y escasos. Para proveedores de tecnología, el mercado cubano puede parecer más atractivo, pero sigue teniendo un riesgo alto: incertidumbre regulatoria, capacidad de pago limitada y un sistema de transmisión debilitado. Para los hogares, el beneficio inmediato es defensivo, no expansivo. No se trata de acceder a una red más moderna, sino de blindarse frente a una red que falla. Esa diferencia importa porque define el tipo de transición energética que realmente está en marcha: no una transformación planificada, sino una descentralización forzada por la crisis.
Hay, además, un dilema de horizonte. Si estas normas se acompañan de reglas de conexión claras, financiamiento mixto y prioridad real a la integración de generación distribuida, podrían abrir un ciclo de alivio parcial en dos o tres años, sobre todo en techos solares, bombeo agrícola y pequeñas industrias alimentarias. Si se quedan en la lógica de anuncio, su efecto será más limitado: importaciones puntuales, instalaciones dispersas y una red nacional que seguirá operando por debajo de su demanda. La diferencia entre ambos escenarios dependerá menos del texto legal que de la capacidad del Estado para sostener pagos, importar componentes, reparar subestaciones y dejar de tratar la energía como una variable puramente administrativa.
El riesgo más serio es que la reforma sea absorbida por la urgencia sin corregir la raíz del problema. Cuba necesita energía renovable, sí, pero también necesita combustible para respaldar la intermitencia, inversión para rehabilitar plantas, autonomía para que los proyectos no dependan de autorizaciones lentas y una arquitectura financiera que haga viable la compra de equipos. Sin esos elementos, el nuevo marco puede aliviar casos individuales sin alterar el patrón general de colapso. La señal política está emitida; la prueba real será si esta vez la isla logra convertir una excepción fiscal en capacidad eléctrica concreta y sostenida.
