Cinco años después del estallido del 11 de julio de 2021, Cuba enfrenta una crisis energética y económica que ha multiplicado los apagones y las protestas diarias. La isla registra ya cuatro cortes nacionales en lo que va de año, mientras La Habana recibe apenas una o dos horas de electricidad al día y las provincias sufren interrupciones de hasta tres días. El bloqueo petrolero impuesto por Washington ha agravado la escasez de alimentos y combustible, erosionando las condiciones de vida y alimentando el descontento.
Las manifestaciones pacíficas, cacerolazos y bloqueos de calles se han vuelto rutinarios. Aunque no han alcanzado la escala masiva del 11J, evidencian una ruptura irreversible del contrato histórico entre la sociedad y el Estado. La profundización de las carencias ha generado mecanismos ciudadanos para expresar demandas básicas de luz, agua y comida, consolidando un nuevo tipo de relación marcada por la desconfianza y la exigencia constante.
Represión y presos políticos
El Gobierno responde con mayor dureza: el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó 1.949 acciones represivas solo en el primer semestre. Alrededor de 800 personas permanecen encarceladas por motivos políticos, casi la mitad detenidas durante las protestas de 2021. El caso de Luis Manuel Otero Alcántara, liberado tras cumplir su pena pero retenido sin salida, ilustra la estrategia de condicionar la libertad al exilio. Mientras las autoridades insisten en presentar el 11J como victoria popular, la persistencia de protestas diarias muestra que la represión no ha logrado restaurar el control ni apagar el descontento estructural.
