La crisis eléctrica que Cuba atraviesa desde mediados de 2024 ha alcanzado un punto de máxima tensión en julio de 2026. El pronóstico de la Unión Eléctrica de que el 72 % del país quedará sin servicio en el horario de mayor demanda no constituye un hecho aislado, sino la manifestación más reciente de un deterioro acumulado durante décadas. La salida de servicio de la central Antonio Guiteras, ya en su decimoséptima ocasión este año, evidencia que el sistema ha perdido toda capacidad de reserva y que cada avería se convierte en un evento nacional.
Trayectoria de la infraestructura y dependencia externa
El parque generador cubano se construyó mayoritariamente entre los años setenta y noventa del siglo pasado con tecnología soviética. Desde entonces, las inversiones de mantenimiento han sido insuficientes y fragmentarias. Diez de las dieciséis unidades termoeléctricas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimientos programados, mientras que 106 motores diésel están parados por falta de combustible importado. Esta combinación de obsolescencia técnica y restricción de insumos explica por qué la capacidad real de generación apenas alcanza los 1 000 MW frente a una demanda de 3 100 MW.
El suministro de crudo nacional cubre apenas 40 000 barriles diarios de los 100 000 que requiere el país. El resto depende de importaciones que, desde enero de 2026, enfrentan mayores obstáculos por las sanciones estadounidenses. El Ejecutivo cubano señala estas medidas como causa principal del desabastecimiento, pero analistas independientes subrayan que la infrafinanciación crónica y la falta de diversificación del mix energético son factores estructurales que preceden al endurecimiento del embargo petrolero.
Impacto inmediato en la economía productiva
La industria azucarera, que aún representa una fuente relevante de divisas, ha visto reducida su zafra porque los centrales no pueden garantizar el suministro continuo de energía. El sector turístico, que intentaba recuperarse tras la pandemia, enfrenta cancelaciones cuando los hoteles deben operar con generadores diésel cuyo combustible escasea. En La Habana, apagones superiores a veinte horas consecutivas han paralizado talleres de confección, panaderías y pequeños negocios que dependen de la refrigeración. Cada día de déficit de 2 200 MW se traduce en pérdidas estimadas de varios millones de dólares en producción no realizada y alimentos echados a perder.
Consecuencias sociales y sanitarias
Los hospitales han debido reprogramar cirugías y priorizar únicamente emergencias. En centros de diálisis y unidades de cuidados intensivos, los grupos electrógenos funcionan con reservas de combustible que duran apenas horas. Las familias, especialmente aquellas con niños pequeños o personas mayores, enfrentan la interrupción de la cadena de frío para medicamentos y alimentos. Esta situación ha incrementado la presión migratoria: encuestas informales realizadas en barrios de La Habana y Santiago muestran que la imposibilidad de mantener una vida cotidiana previsible figura entre las principales razones para emigrar.
Dimensiones políticas y geopolíticas
El Gobierno ha utilizado el lenguaje de “asedio genocida” para describir las sanciones, buscando cohesionar a la población y atraer solidaridad internacional. Sin embargo, la narrativa compite con el malestar cotidiano que se expresa en protestas esporádicas en varias provincias. Al mismo tiempo, la cooperación con China para instalar parques solares representa un intento de reducir la dependencia del fueloil importado. Estos proyectos, aunque limitados en escala, introducen una variable nueva: la presencia creciente de tecnología y financiamiento asiático en un sector que históricamente estuvo vinculado a Rusia y Venezuela.
Perspectivas de recuperación y requerimientos de capital
Estudios independientes calculan que se necesitarían entre 8 000 y 10 000 millones de dólares para modernizar el Sistema Electroenergético Nacional. Esa cifra incluye la rehabilitación de plantas existentes, la incorporación de ciclos combinados más eficientes y la expansión de la capacidad renovable hasta cubrir al menos el 30 % de la matriz. Sin acceso a financiamiento multilateral ni a crédito comercial significativo, Cuba enfrenta un dilema: mantener un sistema cada vez más frágil o aceptar condiciones de inversión externa que podrían modificar el modelo de propiedad vigente. La magnitud del déficit actual sugiere que cualquier solución parcial solo aplazará el siguiente récord de apagones.
El episodio del 5 de julio de 2026, con su 72 % de afectación prevista, no es un punto final sino un indicador de que el sistema eléctrico cubano ha entrado en una fase de inestabilidad permanente. Las decisiones que se adopten en los próximos meses determinarán si el país logra estabilizar el servicio o si la crisis energética se convierte en un factor estructural que limite el desarrollo económico y social por otra década.
