El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella ha rechazado de plano la reforma tributaria radicada por la administración saliente, que buscaba recaudar 21,9 billones de pesos. El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, calificó la iniciativa como injusta e inviable, al argumentar que traslada a los ciudadanos el costo de un manejo irresponsable de las finanzas públicas. En su lugar, el nuevo equipo priorizará un plan de austeridad antes de presentar su propia propuesta en septiembre.
Esta decisión marca un cambio de rumbo claro: en lugar de aumentar la carga impositiva para financiar gastos ya ejecutados, el énfasis recae en restaurar la confianza mediante recortes sostenidos durante varios años. El enfoque reconoce que una economía con inversión en mínimos históricos, apenas 13 % del PIB, requiere primero señales de disciplina fiscal para que las tasas de interés sigan bajando y el crédito se reactive. Bajar la inflación aparece como condición previa indispensable para ese ajuste menos doloroso.
El Banco de la República mantiene su autonomía, pero el diálogo implícito entre política fiscal y monetaria se vuelve más coherente cuando el Ejecutivo envía mensajes de contención del gasto. La nueva reforma, por tanto, no se presenta como un ejercicio recaudatorio aislado, sino como una herramienta para estimular el crecimiento una vez que la austeridad haya sentado las bases de credibilidad. El Congreso, por su parte, tiene ahora argumentos sólidos para archivar el proyecto anterior sin mayor debate.
