El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que a partir del 7 de agosto de 2026 iniciará una reducción drástica de la estructura administrativa de la Presidencia de la República. La medida contempla la eliminación de 229 cargos, el cierre de dos consejerías y el traslado de funciones a ministerios existentes, con el objetivo de generar un ahorro anual cercano a los 10.000 millones de pesos.
Según el anuncio, esos recursos serán reasignados a programas sociales. De la Espriella describió la reforma como un esfuerzo por convertir la Presidencia en un organismo de coordinación ejecutiva más pequeño y orientado a resultados concretos, sin mantener estructuras que, en su criterio, duplican funciones o responden a compromisos políticos.
Eliminación de consejerías y traslado de responsabilidades
Las consejerías que dejarán de existir son la de Reconciliación Nacional y la Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Sus atribuciones pasarán a los ministerios del Interior, de Defensa y de Relaciones Exteriores. Esta redistribución busca, según el presidente electo, evitar la superposición de tareas que actualmente realizan varias dependencias sobre los mismos temas.
Además, se prevé la desaparición de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, creada en 2022 mediante el Decreto 2647 y actualmente dirigida por Gloria Cuartas. De la Espriella indicó que esta entidad no continuará bajo su administración, aunque no detalló cómo se absorberán las tareas pendientes relacionadas con la implementación del acuerdo.
Otras agencias mencionadas como posibles candidatas a ser eliminadas incluyen la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC-Colombia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Virgilio Barco. Sin embargo, el mandatario electo no precisó fechas ni confirmó cuáles de estas entidades serán cerradas en la primera fase de la reestructuración.
Cambio en la figura del comisionado para la Paz
El cargo de alto comisionado para la Paz, que actualmente ocupa Otty Patiño, será reemplazado por un comisionado de seguridad con un mandato distinto. De la Espriella argumentó que esta transformación responde a la necesidad de priorizar la seguridad ciudadana y desmontar lo que describió como un sistema de impunidad heredado de administraciones anteriores.
El nuevo comisionado trabajará en coordinación con los ministros designados de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y de Justicia, Iván Cancino. El objetivo declarado es revisar beneficios otorgados a grupos armados que, según el presidente electo, no cumplieron con los requisitos de desmovilización establecidos en procesos previos.
Implicaciones para la estructura estatal
La decisión de reducir personal y cerrar dependencias plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para mantener la atención de ciertos programas. Organizaciones que trabajan en derechos humanos y en la implementación del acuerdo de paz han señalado que el traslado de funciones a ministerios podría diluir la atención especializada que recibían estos temas dentro de la Presidencia.
Por otro lado, analistas cercanos al equipo de transición destacan que la medida podría mejorar la eficiencia presupuestaria y reducir la fragmentación administrativa. El ahorro proyectado de 10.000 millones de pesos anuales representa una cifra modesta frente al presupuesto general de la nación, pero se presenta como un primer paso hacia una gestión más austera.
La reforma también incluye críticas a la Jurisdicción Especial para la Paz, particularmente por decisiones recientes que permitieron viajes al exterior de personas condenadas por crímenes de guerra. De la Espriella vinculó estos casos con lo que considera una falta de rigor en el sistema de justicia transicional.
El calendario establecido indica que los cambios comenzarán a aplicarse el mismo día de la posesión presidencial. Hasta el momento no se ha publicado el decreto que formalizará la nueva planta de personal ni los detalles sobre la reasignación presupuestal de los recursos liberados.
