En los últimos días ha resurgido en México una discusión que muchos consideraban zanjada: la posibilidad de aplicar gravámenes a las herencias. La propuesta parte de la noción de que quienes reciben patrimonios significativos deberían contribuir en mayor medida al erario público. Sin embargo, el tema trasciende lo inmediato y plantea interrogantes sobre los límites del poder tributario estatal y la seguridad jurídica de los ciudadanos.
El abogado Jorge H. Aguilar y Castellanos, maestro en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, ha expuesto argumentos que cuestionan la equidad de gravar nuevamente bienes acumulados durante décadas de actividad económica. Su planteamiento destaca que un patrimonio familiar suele resultar del pago previo de múltiples obligaciones fiscales, como el Impuesto sobre la Renta, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y contribuciones municipales.
Acumulación de cargas fiscales previas
Durante cuarenta años, una familia típica habría cumplido con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cubierto el impuesto por adquisición de vivienda y afrontado cargas derivadas de la construcción y el desarrollo de actividades productivas. Aguilar y Castellanos subraya que el patrimonio representa no solo bienes materiales, sino el resultado de esfuerzo sostenido, ahorro e inversión a lo largo de varias décadas. Gravarlo nuevamente al momento de la transmisión generacional plantea dudas sobre si se trata de una doble tributación.
El debate adquiere relevancia porque afecta la planificación financiera de millones de mexicanos. Empresarios y familias elaboran estrategias de largo plazo basadas en las reglas fiscales vigentes. Cualquier modificación que convierta ahorros ya gravados en nueva fuente de recaudación introduce incertidumbre sobre la estabilidad de las normas.
Seguridad jurídica y expectativas de futuro
La certeza jurídica constituye el eje central del análisis. Cuando el Estado modifica las condiciones sobre recursos ya acumulados, envía una señal que puede desincentivar la inversión y el ahorro. En México, donde el crecimiento económico depende en parte de la confianza en las instituciones, alterar las reglas aplicables a patrimonios familiares podría afectar decisiones de inversión y transmisión generacional.
Expertos en derecho tributario coinciden en que los impuestos sobre herencias deben evaluarse no solo desde su rendimiento recaudatorio inmediato, sino desde su impacto en la percepción de estabilidad normativa. La posibilidad de que un gobierno futuro amplíe la base imponible de bienes ya gravados genera dudas entre contribuyentes que planifican con horizonte de varias décadas.
Alternativas para fortalecer las finanzas públicas
El país enfrenta la necesidad real de ampliar sus ingresos fiscales. Sin embargo, Aguilar y Castellanos sostiene que incrementar la carga sobre patrimonios adquiridos mediante décadas de trabajo profesional resulta poco viable como estrategia principal. En su lugar, propone ampliar la base de contribuyentes, reducir la evasión fiscal, mejorar la eficiencia del gasto público y generar condiciones que favorezcan mayor inversión y empleo.
Estas medidas apuntan a un crecimiento económico sostenido que, a su vez, incrementaría la recaudación sin necesidad de gravar nuevamente el esfuerzo acumulado. Países que han optado por políticas orientadas a la creación de riqueza han registrado efectos positivos en la formalización de la economía y en la atracción de capital.
Patrimonio familiar como motor económico
El patrimonio no se reduce a una acumulación de riqueza estática. Representa años de trabajo, tenacidad y responsabilidad que benefician a las familias y, en última instancia, a la sociedad mediante el consumo, la inversión y la generación de empleo. Un marco normativo que desaliente la formación de patrimonios podría contribuir a un menor dinamismo económico en el mediano y largo plazo.
El análisis concluye que cualquier discusión sobre impuestos a las herencias debe incorporar el valor de la seguridad jurídica para quienes han trabajado, ahorrado y proyectado su futuro. La estabilidad de las reglas fiscales resulta esencial para mantener la confianza de los ciudadanos en el sistema tributario y en las instituciones del Estado.
