El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por el Inegi y el Banco de México registró en junio una caída anual de 1.8 puntos. Los componentes más afectados fueron las percepciones sobre la situación económica futura del país y la situación económica actual, que descendieron 4.4 y 3.4 puntos respectivamente. Estos datos no representan un fenómeno aislado, sino el resultado acumulado de varios trimestres de incertidumbre macroeconómica y ajustes en el gasto de los hogares.
La serie histórica del ICC muestra que desde finales de 2024 el indicador ha oscilado entre 41 y 45 puntos, muy por debajo del promedio de 48 puntos observado entre 2018 y 2022. Esta trayectoria descendente coincide con la desaceleración del crecimiento del PIB en el primer semestre de 2026 y con la persistencia de tasas de interés elevadas que encarecen el crédito al consumo.
Antecedentes macroeconómicos recientes
El deterioro de la confianza se explica por la combinación de tres factores estructurales. Primero, la inflación subyacente se mantuvo por encima del 4 % anual durante doce meses consecutivos, erosionando el poder adquisitivo de los salarios reales. Segundo, la inversión privada se contrajo 2.3 % interanual en el segundo trimestre, según cifras preliminares del Inegi, lo que redujo la creación de empleos formales en sectores como manufacturas y comercio. Tercero, la apreciación del peso frente al dólar en los primeros meses del año generó expectativas de menor dinamismo exportador, afectando sobre todo a las regiones del norte del país.
Un ejemplo concreto es el comportamiento del rubro de bienes durables. Aunque este componente subió 0.6 puntos en la comparación anual, lo hizo desde un nivel muy bajo (30 puntos). En la práctica, las familias pospusieron la renovación de electrodomésticos y muebles durante cuatro meses consecutivos antes de registrar una ligera recuperación en junio. Esta secuencia ilustra cómo las decisiones de gasto discrecional se ajustan con rezago ante señales de menor certidumbre laboral.
Efectos sobre el consumo y la actividad productiva
La reducción de la confianza del consumidor tiene consecuencias directas sobre la demanda interna. Cuando las familias perciben menor estabilidad en sus ingresos futuros, tienden a aumentar la tasa de ahorro precautorio. Según estimaciones del Banco de México, un descenso de un punto en el ICC se asocia con una contracción de entre 0.15 y 0.22 puntos porcentuales en el crecimiento del consumo privado trimestral. Aplicado al dato de junio, este efecto podría restar hasta 0.4 puntos al crecimiento del PIB en el segundo semestre de 2026.
El sector de electrodomésticos y muebles ya reporta señales de debilidad. Cadenas de distribución en el área metropolitana de Monterrey observaron una caída del 7 % en ventas de línea blanca durante mayo y junio. Esta reducción se traduce en menor demanda de acero, plásticos y componentes electrónicos, afectando a proveedores medianos que dependen del mercado interno. La cadena de transmisión se extiende hacia el empleo: empresas de ensamblaje han anunciado recortes de turnos nocturnos en julio.
Repercusiones sociales y desigualdad
El impacto no se distribuye de manera uniforme. Los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción mayor de su gasto a bienes no duraderos, experimentan primero el efecto de la inflación. En cambio, los deciles superiores retrasan compras de mayor valor, como automóviles o vivienda. Esta asimetría amplía la brecha de bienestar y reduce la movilidad social intergeneracional, ya que las familias de clase media baja posponen inversiones en educación o salud.
Datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares muestran que, entre 2024 y 2025, el porcentaje de hogares que reportaron “dificultad para cubrir gastos básicos” subió del 31 % al 37 %. La caída adicional de la confianza en junio de 2026 sugiere que esta proporción podría acercarse al 40 % hacia finales de año, elevando la presión sobre programas de transferencias y asistencia alimentaria.
Perspectivas de mediano plazo y respuestas de política
La recuperación de la confianza requerirá señales consistentes de estabilización de precios y generación de empleo formal. Una posible vía es la aceleración de proyectos de infraestructura anunciados en el Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030, que podrían generar entre 180 000 y 220 000 puestos de trabajo directos en 2027. Sin embargo, la ejecución de estos proyectos enfrenta retrasos administrativos y presiones presupuestarias derivadas del aumento del servicio de la deuda.
En el plano monetario, el Banco de México mantiene una postura restrictiva. Un recorte prematuro de tasas podría reactivar la inflación subyacente, mientras que mantenerlas elevadas prolonga el enfriamiento del crédito hipotecario y automotriz. El dilema ilustra la tensión entre estabilización de precios y reactivación del consumo.
A nivel regional, estados con mayor exposición al nearshoring, como Nuevo León y Chihuahua, podrían mitigar parcialmente el efecto negativo gracias a la llegada de inversión extranjera directa. No obstante, la mayor parte del territorio nacional depende del consumo interno, por lo que la trayectoria del ICC seguirá siendo un termómetro relevante para la evolución del ciclo económico en los próximos doce meses.
