El nuevo borrador del decreto que modifica el Registro Nacional de Turismo apareció a escasas semanas del cambio de gobierno. Esta cercanía temporal ha convertido una medida técnica en un punto de fricción entre el Ejecutivo saliente y los operadores que dependen de plataformas digitales de alojamiento.
La propuesta busca actualizar obligaciones para todos los prestadores de servicios turísticos, incluida la interoperabilidad de datos entre plataformas y cámaras de comercio. Sin embargo, el momento elegido ha generado sospechas sobre posibles intenciones de establecer reglas que el próximo gobierno podría tener dificultades para revertir rápidamente.
El peso económico real de las viviendas turísticas
Durante 2024 las plataformas de alojamiento digital movieron más de 10,6 billones de pesos y sostuvieron 215.000 empleos directos. El gasto adicional de los viajeros benefició a restaurantes con 2,8 billones, al entretenimiento con 2,1 billones y al comercio con 2 billones. Estas cifras muestran que cualquier fricción regulatoria sobre las viviendas turísticas afecta una cadena productiva mucho más amplia que el simple hospedaje.
El crecimiento del RNT superior al 109 % hasta 2025 indica que el registro ya funciona como herramienta efectiva de formalización. Añadir requisitos documentales sin una estructura clara de financiamiento para el nuevo sistema de interoperabilidad podría generar cuellos de botella precisamente cuando el sector intenta consolidar ese avance.
Por qué los tiempos de implementación importan
Las cámaras de comercio recibirían nuevas responsabilidades de verificación sin que el decreto defina cómo se cubrirán los costos operativos. Esta indefinición financiera abre la puerta a retrasos en los trámites que históricamente han servido para reducir la informalidad. Un retraso de varios meses en plena temporada alta puede traducirse en pérdidas concretas para familias que dependen de ingresos estacionales.
Además, transferir funciones de inspección y control a actores privados plantea interrogantes jurídicos sobre la distribución de competencias. Las autoridades que cuestionan el borrador argumentan que estas funciones corresponden exclusivamente al Estado y que delegarlas podría generar conflictos de interés o vacíos de responsabilidad.
Contraste de intereses entre gremios
La Asociación Hotelera y Turística de Colombia apoya la medida porque considera que equiparar requisitos reduce la competencia desleal de quienes operan sin registro real. Su posición parte de la observación de que algunos prestadores obtienen un RNT que en la práctica no existe, distorsionando las condiciones de mercado para quienes sí cumplen todas las normas.
En el extremo opuesto, las organizaciones que representan viviendas turísticas y comercio electrónico sostienen que la regulación ignora las diferencias estructurales entre ambos modelos. Mientras un hotel mantiene personal fijo y estructura física permanente, muchas viviendas turísticas son gestionadas por familias o pequeños emprendedores con ocupación variable. Imponer las mismas cargas administrativas a ambos esquemas, según este argumento, penaliza la flexibilidad que caracteriza al turismo digital.
Riesgos de una regulación apresurada
Uno de los riesgos más inmediatos es que la falta de claridad sobre el sistema de interoperabilidad termine encareciendo los costos de cumplimiento para los operadores más pequeños. Si las plataformas deben desarrollar integraciones técnicas sin saber quién financiará el mantenimiento, es probable que trasladen parte de esos gastos a los anfitriones, reduciendo márgenes ya ajustados.
Otro riesgo radica en la posible reversión parcial del decreto por el nuevo gobierno. Una modificación sustancial poco después de su expedición generaría incertidumbre regulatoria y podría desincentivar inversiones en formalización que ya están en marcha. El sector necesita estabilidad de reglas más que ajustes frecuentes que respondan a ciclos políticos.
Escenarios probables para los próximos dos años
Si el decreto se expide sin cambios significativos, es previsible un aumento inicial de trámites y posibles bloqueos temporales en el registro. Posteriormente, los operadores más grandes podrían absorber los costos y mantener su presencia, mientras que algunos pequeños anfitriones opten por operar al margen o reduzcan su oferta. Esto modificaría la composición del mercado hacia mayor concentración.
En cambio, si el próximo gobierno decide revisar el texto antes de su entrada en vigor, podría abrirse un nuevo espacio de diálogo que incorpore métricas diferenciadas según el volumen de operaciones. Esta vía permitiría preservar el objetivo de formalización sin sacrificar la participación de miles de familias que hoy complementan sus ingresos con esta actividad.
El resultado final dependerá menos de la intención declarada del decreto que de la capacidad institucional para implementar un sistema técnico complejo en un período de transición política. La experiencia de otros países latinoamericanos muestra que regulaciones apresuradas sobre plataformas digitales suelen requerir ajustes posteriores que generan costos adicionales para todos los involucrados.
