Caracas. La dirigente interina Delcy Rodríguez solicitó formalmente al rey Carlos III de Reino Unido la liberación de las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra. El pedido se enmarca en la necesidad de atender las consecuencias del sismo del 24 de junio que dejó al menos 3.811 víctimas mortales y afectó amplias zonas del país.
Rodríguez argumentó que esos recursos pertenecen al pueblo venezolano y deben destinarse a la respuesta humanitaria inmediata. Según cifras oficiales, los lingotes guardados en Londres alcanzan un valor aproximado de 1.900 millones de dólares. La justicia británica ya había denegado su entrega al gobierno de Nicolás Maduro al considerarlo carente de legitimidad.
La carta enviada al monarca británico
La solicitud se materializó mediante una misiva dirigida directamente al soberano. Rodríguez explicó que la decisión responde a la urgencia de movilizar fondos para reconstrucción de viviendas, atención médica y apoyo a las familias damnificadas. El texto enfatiza que los activos permanecen inmovilizados desde hace varios años por resoluciones judiciales vinculadas al reconocimiento internacional del gobierno venezolano.
Antecedentes del bloqueo de activos
El control sobre el oro venezolano en el Banco de Inglaterra se remonta a decisiones adoptadas en 2019. Tribunales británicos rechazaron transferir los lingotes alegando falta de legitimidad del Ejecutivo encabezado por Maduro. Esa misma línea argumentativa ha prevalecido en otras instancias judiciales europeas que evalúan activos de la República Bolivariana.
El canciller Yván Gil reiteró el mismo día la petición de desbloqueo de recursos venezolanos retenidos en distintas jurisdicciones. Gil sostuvo que los fondos podrían emplearse exclusivamente para fines humanitarios sin que ello implique un reconocimiento político al actual liderazgo.
Gestiones paralelas ante el FMI
Rodríguez también informó de una conversación mantenida con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. En esa comunicación se insistió en la necesidad de acceder a los 3.568 millones de Derechos Especiales de Giro que Venezuela mantiene en esa institución, equivalentes a unos 5.100 millones de dólares.
El FMI mantiene congelados esos recursos desde que dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo. La institución ha condicionado cualquier desembolso a la resolución de la crisis de gobernabilidad y a la verificación de que los fondos se destinen a programas supervisados.
Impacto del sismo y necesidades de reconstrucción
El terremoto del 24 de junio provocó daños extensos en infraestructura habitacional, hospitales y vías de comunicación. Las autoridades locales reportan que miles de personas permanecen en albergues temporales y que los sistemas de salud enfrentan saturación. Organismos internacionales han señalado que la magnitud de la tragedia exige recursos inmediatos y mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
Especialistas en derecho internacional observan que cualquier liberación de activos requeriría la intervención de tribunales británicos y posiblemente nuevas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta ahora no existe un mecanismo automático que permita transferir fondos bloqueados a gobiernos interinos sin acuerdo previo entre las partes.
Reacciones de la comunidad internacional
Representantes de varios países europeos han expresado cautela ante la solicitud. Algunos gobiernos han recordado que el reconocimiento de autoridades interinas en Venezuela sigue sujeto a condiciones vinculadas a procesos electorales y garantías democráticas. Organismos humanitarios, por su parte, han pedido que cualquier recurso liberado cuente con supervisión independiente para evitar desvíos.
Analistas financieros destacan que la disputa por los activos venezolanos refleja tensiones más amplias sobre la validez de gobiernos en el exilio o interinos y sobre la protección de reservas soberanas en jurisdicciones extranjeras. El caso venezolano se ha convertido en referencia para otros países que enfrentan situaciones similares de reconocimiento internacional.
La carta enviada al rey Carlos III abre un nuevo capítulo en la larga controversia sobre los activos venezolanos en el exterior. Su desenlace dependerá tanto de decisiones judiciales como de eventuales acuerdos políticos que permitan canalizar recursos hacia la población afectada por el sismo.
