Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social han superado el millón de trámites y servicios entregados en el Estado de México, alcanzando a más de 370 mil familias. Esta estrategia, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, busca reducir las barreras burocráticas mediante la movilización de dependencias públicas hacia las comunidades. El programa integra a más de 150 servidores de 31 instancias federales, estatales y municipales, que ofrecen 125 trámites distintos, el 95 por ciento de ellos sin costo alguno.
El ahorro acumulado para las familias supera los 278 millones de pesos, resultado de eliminar traslados, pagos intermedios y tiempos de espera prolongados. Los servicios incluyen expedición de actas del Registro Civil, regularización de propiedades, elaboración de testamentos, asesoría jurídica y licencias de conducir, entre otros. Esta modalidad de atención itinerante ha recorrido ya más de dos veces el territorio estatal y avanza hacia una tercera cobertura completa de los 125 municipios.
Coordinación intergubernamental y alcance territorial
La participación simultánea de instancias de los tres niveles de gobierno permite resolver trámites que habitualmente requieren múltiples desplazamientos. El consejero jurídico Jesús George Zamora señaló que esta forma de operar invierte el esquema tradicional: en lugar de que la ciudadanía acuda a las oficinas, las instituciones se desplazan hasta las localidades. Hasta la fecha, las caravanas han visitado reiteradamente la mayoría de los municipios, consolidando un modelo que prioriza la proximidad física de los servicios.
Ahorro económico y reducción de trámites
El ahorro reportado de 278 millones de pesos proviene de la gratuidad mayoritaria y de descuentos de hasta 50 por ciento en los servicios restantes. Para hogares de menores ingresos, estos montos representan un alivio directo en gastos de transporte, copias y honorarios. Además, la concentración de trámites en un solo punto reduce el tiempo promedio de resolución, factor que influye en la certidumbre jurídica de las familias al obtener documentos como testamentos o escrituras regularizadas sin demoras acumuladas.
Vinculación con políticas federales
Durante el evento celebrado en Valle de Chalco, la gobernadora Gómez Álvarez subrayó que la justicia social constituye un eje central de los gobiernos de la transformación. Mencionó que la instrucción de atender prioritariamente a quienes menos tienen proviene directamente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta alineación permite que los recursos estatales y federales operen de manera complementaria, reforzando la atención a sectores históricamente excluidos de trámites formales por barreras geográficas o económicas.
Reacciones institucionales y perspectivas
Autoridades judiciales, legislativas y notariales estuvieron presentes en la conmemoración del millón de trámites. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Macedo García, y la presidenta de la Diputación Permanente, Martha Azucena Camacho Reynoso, coincidieron en que la iniciativa fortalece el acceso efectivo a derechos. El director general del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Benjamín Rubio Chávez, destacó la utilidad de la asesoría jurídica gratuita para resolver conflictos de propiedad y herencia que de otro modo permanecerían sin atención.
El modelo de caravanas itinerantes presenta ventajas operativas medibles, pero también enfrenta el reto de mantener la calidad del servicio cuando se atiende simultáneamente a un elevado número de usuarios. La tercera vuelta programada a los 125 municipios permitirá evaluar si la cobertura logra estabilizarse sin sacrificar profundidad en cada trámite. Hasta ahora, los datos indican que la combinación de gratuidad, movilidad y coordinación interinstitucional ha generado un impacto acumulado superior al inicialmente previsto.
El programa continúa su recorrido por el Estado de México con el objetivo de completar la tercera cobertura total. Las cifras actuales reflejan un avance significativo en la reducción de trámites presenciales tradicionales y en la entrega directa de servicios jurídicos a comunidades que antes enfrentaban mayores obstáculos para regularizar su situación patrimonial.
