NACO, SONORA.– Propietarios del rancho La Laloba e integrantes del ejido Cuauhtémoc presentaron una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen los hechos relacionados con el derrame de hidrosulfuro de sodio ocurrido el 26 de julio tras el descarrilamiento de un tren de Ferromex en el Municipio de Naco. Los habitantes solicitaron que se deslinden responsabilidades por el accidente ferroviario ocurrido en el tramo Cananea-Agua Prieta, donde se derramó material químico y que generó preocupación entre productores de la zona por posibles afectaciones al agua, al ganado y al entorno ambiental.
El accidente involucró tres góndolas con aproximadamente 240 toneladas de concentrado de cobre y un carro tanque con 72 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), de los cuales alrededor de 70 mil 300 litros fueron derramados sobre un arroyo, de acuerdo con información de autoridades ambientales. La zona afectada por el accidente comprende una superficie aproximada de 1.7 kilómetros cuadrados, mientras autoridades mantienen trabajos de supervisión, limpieza y retiro de materiales contaminados.
Medidas ordenadas por Profepa y Semarnat
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ordenó a Ferromex presentar un plan de caracterización ambiental y un programa de remediación para determinar el alcance de la afectación y establecer las acciones de limpieza y recuperación del área. Como parte de las medidas de urgente aplicación, la Profepa instruyó a Ferromex retirar los vagones accidentados y la infraestructura ferroviaria contaminada, además de continuar con las labores de contención y limpieza. La dependencia también mantiene presencia en el lugar para supervisar el retiro del concentrado de cobre derramado, la extracción de suelo mezclado con el compuesto químico y la entrega de evidencia documental y fotográfica que compruebe el cumplimiento de las acciones.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que la empresa deberá realizar estudios en una zona de al menos tres kilómetros del cauce impactado para definir las medidas de recuperación ambiental. Estas exigencias surgen tras la verificación inicial de las condiciones del sitio y buscan establecer con precisión el impacto real sobre el suelo y los cuerpos de agua cercanos.
Precauciones adoptadas por los ganaderos
Julio César Padrés León, propietario del rancho La Laloba, señaló que hasta el momento no ha recibido información ni apoyo por parte de Ferromex o Grupo México sobre las posibles afectaciones derivadas del accidente. “No sabemos si el agua está contaminada. Cerramos el pozo por iniciativa propia porque queremos tener la certeza de que no representa un riesgo para el ganado”, comentó. En el rancho mantienen alrededor de 70 cabezas de ganado y que, como medida preventiva, decidieron suspender el uso de un pozo que abastecía de agua a los animales mientras esperan los resultados de los estudios ambientales.
La decisión fue tomada ante la falta de información sobre las condiciones del agua y con el objetivo de evitar posibles riesgos para el ganado. Los productores y habitantes de la comunidad determinaron sumarse a la denuncia ante la FGR para solicitar que se investiguen las posibles afectaciones ambientales y a la salud relacionadas con el derrame.
Antecedentes y llamados a reforzar seguridad
El alcalde de Naco, José Lorenzo Villegas Vázquez, recordó que en 2013 ocurrió otro accidente ferroviario en la misma zona, a unos dos kilómetros del sitio donde sucedió el incidente reciente, cuando varios vagones derramaron miles de litros de ácido sulfúrico. Ante este antecedente, hizo un llamado a las empresas ferroviarias y a las autoridades competentes para reforzar las medidas de seguridad en el transporte de materiales peligrosos y evitar que un incidente similar vuelva a poner en riesgo a la población.
Este nuevo evento pone de relieve la necesidad de revisar los protocolos de transporte de sustancias químicas en tramos ferroviarios que cruzan zonas productivas y habitadas. Las autoridades ambientales continúan con las supervisiones mientras los habitantes esperan definiciones claras sobre la calidad del agua y las responsabilidades correspondientes.
