María Felicia Jiménez, académica e investigadora, hizo pública una denuncia por violencia física, psicológica y económica que atribuye a Víctor Rodríguez Padilla, quien encabezó Pemex hasta mayo de 2026. El caso adquirió notoriedad tras la difusión de un video que registra un episodio de agresión ocurrido el 15 de marzo de ese mismo año en el interior de su domicilio, en presencia de uno de sus hijos. La Fiscalía de Morelos abrió una carpeta de investigación y la presidenta Claudia Sheinbaum exigió que se aplique “todo el peso de la ley” sin excepciones por cargo o relaciones políticas.
Según el relato de Jiménez, la violencia física comenzó en 2022 y se registró en tres ocasiones. Ella asegura que también sufrió maltrato económico y psicológico de forma sostenida, y que sus hijos se vieron expuestos al ambiente de conflicto. El video difundido muestra un momento en el que Rodríguez Padilla empuja al menor, un detalle que la denunciante ha subrayado como especialmente grave. Hasta ahora, el exfuncionario no ha emitido declaraciones públicas sobre las acusaciones.
El factor del poder político y el retraso en la denuncia
Jiménez ha explicado que mantuvo silencio durante años por temor a las represalias. Destacó el cargo que ocupaba Rodríguez Padilla, sus vínculos con funcionarios de alto nivel y la posibilidad de que su red de apoyo pudiera obstaculizar cualquier queja. Esta situación ilustra un patrón recurrente en México: las víctimas de violencia doméstica cuando el agresor posee influencia institucional suelen postergar la denuncia por falta de garantías de protección inmediata. El caso actual pone a prueba si las instituciones pueden actuar con independencia frente a un exdirigente de una empresa estatal estratégica.
Tras publicar los videos en redes sociales, Jiménez reportó que su cuenta de X desapareció al día siguiente y que dos publicaciones realizadas desde Facebook fueron eliminadas. También afirmó que intentó registrar su versión en el sitio del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, donde se especulaba que Rodríguez Padilla podría asumir la dirección, y que su línea telefónica fue suspendida. Estos elementos, de confirmarse, añaden una capa de complejidad al proceso porque sugieren posibles intentos de limitar la visibilidad de las pruebas.
Respuesta institucional y acompañamiento ofrecido
La presidenta Sheinbaum instruyó a la Secretaría de las Mujeres para que brinde orientación legal, apoyo psicológico y acompañamiento a Jiménez y a sus hijos. Hasta el momento de su última declaración, la académica señaló que no contaba con medidas de seguridad personal. La Fiscalía de Morelos deberá ahora recabar peritajes, testimonios y analizar el material audiovisual para determinar si se configuran los delitos de violencia familiar, lesiones u otros que correspondan. El proceso sigue en etapa de integración y cualquier resolución judicial está pendiente.
Rodríguez Padilla dejó la dirección de Pemex en mayo. Aunque se había mencionado su posible incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la mandataria confirmó que ese nombramiento nunca se formalizó. Mientras dure la investigación, no ocupará ningún cargo público. Esta decisión busca evitar que el proceso se vea influido por funciones institucionales en curso.
Contexto más amplio sobre violencia y rendición de cuentas
El caso trasciende el ámbito privado porque involucra a un exfuncionario de primer nivel y plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para proteger a las denunciantes cuando existen asimetrías de poder. En México, la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema estructural; los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que la mayoría de las agresiones ocurren en el hogar y que muchas víctimas enfrentan obstáculos para acceder a la justicia. La exigencia presidencial de aplicar la ley sin excepciones representa un mensaje institucional, aunque su efectividad dependerá de los resultados concretos de la investigación en Morelos.
Especialistas en género han señalado que la preservación de pruebas digitales y el acompañamiento inmediato son factores clave para que las denuncias avancen. En este sentido, el ofrecimiento de apoyo por parte de la Secretaría de las Mujeres podría marcar una diferencia si se traduce en medidas de protección oportunas. Al mismo tiempo, el debido proceso exige que Rodríguez Padilla tenga oportunidad de defenderse y que cualquier resolución se base en evidencia verificada, no solo en la denuncia pública.
El desarrollo de esta investigación será seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos y por la opinión pública, ya que pone en evidencia la tensión entre el ejercicio del poder y la exigencia de rendición de cuentas en casos de violencia doméstica. La Fiscalía de Morelos tiene ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos con rigor técnico y transparencia, mientras que las instituciones federales deben garantizar que la denunciante y sus hijos reciban la protección que han solicitado.
