La discusión sobre el agua en la frontera norte volvió a colocarse en el centro del debate tras la advertencia de que la región sigue dependiendo de un río cada vez más presionado y de decisiones que se han postergado durante años. El eje es el Río Colorado, cuya disminución de caudal ha obligado a reducir entregas a ambos lados de la frontera y ha expuesto la fragilidad de un sistema que abastece a más de 40 millones de personas, además de sostener agricultura, consumo urbano y generación eléctrica.
De acuerdo con los antecedentes históricos citados en la discusión pública, a principios del siglo XX el Río Colorado transportaba alrededor de 22 mil millones de metros cúbicos al año. Esa disponibilidad se redujo con el tiempo hasta quedar formalmente distribuida en el Tratado de 1944 entre México y Estados Unidos, que fijó para México un volumen anual de 1 mil 850 millones de metros cúbicos. Desde entonces, la presión sobre la cuenca se ha intensificado por el crecimiento demográfico, la demanda agrícola y los efectos de la sequía prolongada en el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México.
La reducción del caudal ya tiene efectos visibles en Baja California. Durante décadas, el río alcanzó a alimentar de forma tan abundante la zona que en temporadas llegaba a inundar la laguna salada cercana a Mexicali, algo que dejó de ocurrir a mediados de los años ochenta. En 2016, la Comisión Nacional del Agua reconoció que el estado enfrentaba un problema de escasez “entre severa y extrema”; de acuerdo con datos de la Secretaría de Fomento Agropecuario, el 98% del territorio presentaba algún grado de sequía. Ese diagnóstico no derivó, sin embargo, en una estrategia de largo plazo de autosuficiencia hídrica.
La desalación ha ganado peso como alternativa precisamente porque el litoral ofrece una fuente disponible que, con la tecnología adecuada, puede transformarse en agua para consumo humano. A nivel mundial, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos encabezan el tratamiento de agua de mar. Dubái, por ejemplo, obtiene de la desalación más del 98% de su suministro de agua potable. Israel también se ha convertido en referente con plantas de gran escala, entre ellas la de Tel Aviv, con capacidad para tratar 624 mil metros cúbicos diarios, de los cuales 540 mil se destinan al sistema nacional.
En México, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua reporta 320 sitios con desaladoras y 435 plantas instaladas. Quintana Roo concentra 124 unidades y Baja California Sur 71, incluyendo la planta municipal de Los Cabos, considerada la más grande del país, con una producción de 200 litros por segundo. Ese suministro, según los datos disponibles, alimenta parte de Cabo San Lucas bajo una concesión por 20 años a una empresa española, con un costo de alrededor de 10.50 pesos por metro cúbico. El caso muestra que la desalación ya no es una hipótesis técnica, sino una solución operativa con costos y contratos específicos.
En Baja California, el tema ha quedado atrapado entre anuncios, cambios de administración y litigios. Durante el gobierno de Francisco Vega comenzó la construcción de una planta desaladora en Rosarito, proyectada para concluir en 2024 y con capacidad de tratamiento de 4.4 metros cúbicos por segundo. El plan incluía un acueducto de 29 kilómetros hasta los tanques de almacenamiento de la CESPT. La obra fue detenida por decisión del entonces gobernador Jaime Bonilla, lo que derivó en una demanda millonaria contra el gobierno estatal y dejó en pausa una infraestructura pensada para aliviar la dependencia del Colorado.
Esta semana, el proceso de licitación se reactivó, aunque todavía enfrenta trámites y obstáculos administrativos. El retraso ilustra una tensión de fondo: la región reconoce desde hace años el riesgo hídrico, pero ha avanzado más lento en proyectos de sustitución que en el debate sobre sus costos. Desalar agua de mar no elimina por sí solo los problemas de gestión, energía y financiamiento; sin embargo, frente al agotamiento del río y a la incertidumbre climática, se ha vuelto una de las pocas vías concretas para reducir la vulnerabilidad estructural de Baja California.
