Entre 2010 y 2026 el número de adolescentes internados por delitos en Baja California pasó de cerca de 600 a poco más de 40. Esta reducción del 90% coincide con el endurecimiento de políticas de seguridad, mayor presencia policial y la entrada en vigor del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en 2016. El robo simple y los delitos federales siguen siendo las principales causas de ingreso a los centros de internamiento, con Tijuana concentrando 23 casos y Mexicali 16.
El magistrado Álvaro Castilla Gracia destaca que el sistema actual prioriza el tratamiento, la educación y la reinserción social antes que el castigo. Los adolescentes siguen un programa diario de 12 horas que incluye clases, terapia psicológica, atención médica y talleres. Esta estructura resulta más exigente que muchas sentencias adultas de hasta diez años, ya que busca corregir conductas en etapas formativas.
Efectos en el sistema de justicia juvenil
La drástica disminución modifica la operación de los centros de internamiento. Con menos de 50 internos en todo el estado, las instituciones pueden destinar más recursos por persona a programas individualizados de reinserción. Sin embargo, esta misma reducción plantea interrogantes sobre la capacidad instalada: ¿se están cerrando espacios o reconvirtiendo en otros usos? La menor demanda también reduce la presión sobre jueces especializados, pero podría generar pérdida de expertise si el volumen de casos sigue cayendo.
Además, el descenso modifica la relación entre el sistema penal juvenil y las instancias de protección de menores. Cuando los tribunales para adolescentes atienden menos casos, las secretarías de desarrollo social y las defensorías de derechos de la niñez asumen mayor peso en la prevención temprana. Esta redistribución de responsabilidades exige coordinación que hasta ahora no ha sido plenamente probada.
Causas estructurales y el factor familiar
El magistrado señala que el 90% de los adolescentes internados carece de atención parental adecuada. Padres que justifican conductas delictivas o que no establecen límites claros contribuyen a que los jóvenes se involucren en actividades ilícitas. Este dato apunta a una falla previa al acto delictivo: la ausencia de socialización primaria en el hogar. Las políticas de seguridad pueden reducir oportunidades delictivas, pero no sustituyen la función educativa de la familia.
La creencia extendida de que “los menores no pueden ser juzgados” sigue vigente pese a la reforma de 2016. Esta percepción social retrasa denuncias y debilita la aplicación del sistema. Cuando la ciudadanía duda de que exista sanción efectiva, disminuye la presión para que las familias asuman su rol preventivo.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde el Poder Judicial, el énfasis está en la reinserción y en la necesidad de que las víctimas denuncien aunque el agresor sea menor. Las autoridades policiales celebran la mayor presencia en las calles como factor disuasorio. Las organizaciones de derechos humanos, en cambio, advierten que una baja tan pronunciada podría ocultar derivaciones hacia medidas alternativas poco supervisadas o, peor aún, hacia la impunidad cuando los casos no llegan a los tribunales especializados.
Las familias de las víctimas enfrentan un dilema práctico: denunciar implica un proceso largo y, en muchos casos, la sensación de que el castigo al menor es insuficiente. Por otro lado, las familias de los adolescentes internados suelen argumentar falta de oportunidades y ausencia de programas comunitarios que hubieran evitado el ingreso al sistema penal.
Riesgos y escenarios futuros
Si las políticas de seguridad continúan fortaleciéndose sin inversión paralela en prevención familiar y comunitaria, el número de internos podría estabilizarse en niveles muy bajos. Sin embargo, persiste el riesgo de que los adolescentes que sí delinquen lo hagan de forma más organizada o migrando hacia delitos federales de mayor gravedad, donde las sanciones son más severas.
Otro escenario posible es la saturación de programas alternativos de justicia restaurativa. Si los centros de internamiento operan casi vacíos, las autoridades podrían verse tentadas a endurecer criterios de ingreso para justificar su existencia, lo que contradiría el espíritu de la ley. La falta de datos públicos actualizados sobre reincidencia impide evaluar si la reinserción está funcionando o si los menores simplemente están siendo desplazados hacia otros municipios o estados.
Finalmente, la concentración de casos en Tijuana y Mexicali sugiere que cualquier relajamiento en la vigilancia fronteriza o en las zonas metropolitanas podría revertir parte de los avances logrados. El equilibrio entre disuasión policial, atención familiar temprana y aplicación consistente del sistema de justicia para adolescentes determinará si la tendencia a la baja se mantiene o si se produce un repunte en los próximos años.
