El municipio de Valle de Bravo perdió 6.700 metros cuadrados de vía pública en Los Álamos, valuados en 13 millones de pesos. La empresa Terraforma (Promotora Ecovalle) cerró el camino con una barda para integrar el terreno a su fraccionamiento El Jacal, pese a una resolución de la Primera Sala Regional Toluca del Tribunal de Justicia Administrativa del Edomex que ordena su restitución al patrimonio municipal.
La alcaldesa Michelle Núñez no ha ejecutado la sentencia. El caso se complica porque varios predios del desarrollo están a nombre de Alejandro González Zabalegui y vinculados a Unifin. Uno de ellos, adquirido por Villas del Mar 22 (controlada por Almudena Lebois Ocejo), sirvió como garantía de un crédito de 800 millones de pesos otorgado por Nacional Financiera a la financiera en quiebra.
Valoración cuestionada y riesgo fiscal
El terreno, comprado supuestamente en 35 millones, respaldó un préstamo a 15 años con tasa del 6 %. El avalúo, atribuido a oficinas de Nafin o Indaabin, no consideró que el desarrollo permanece abandonado. Esta operación expone a Nacional Financiera a una pérdida significativa si el crédito no se recupera, mientras el municipio sigue sin recuperar el bien público.
Implicaciones para las finanzas locales
La omisión de Núñez añade un pasivo patrimonial al ayuntamiento en un contexto de presiones políticas y vínculos con desarrolladores. La falta de restitución del camino afecta la conectividad futura de la zona y consolida una privatización de facto de un bien público, sin que hasta ahora exista sanción efectiva ni recuperación del terreno.
