La detención del exdirector de Seguridad Pública, Pedro Ariel N., y de cuatro mandos policiales identificados como Luis Alfonso, Kevin, Juan Manuel y Eduardo, colocó nuevamente en el centro del debate público las desapariciones registradas en la zona de bares conocida como el “triángulo de las Bermudas”. La Fiscalía General del Estado sostiene que los cinco están relacionados con delitos de desaparición de personas, asociación delictuosa y robo de vehículo, acusaciones que deberán ser examinadas durante el proceso penal.
El caso tiene como antecedente principal la desaparición de dos jóvenes provenientes de Estados Unidos, quienes acudieron al bar Terraza del Shots el 3 de enero de 2023 para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Sus familias denunciaron desde ese año la falta de información y exigieron una investigación efectiva. La permanencia de ambos jóvenes en calidad de desaparecidos, así como el asesinato del padre de uno de ellos, ha convertido el expediente en una causa con consecuencias que trascienden el ámbito estrictamente judicial.
Una imputación con participación policial en revisión
Durante la audiencia de imputación, la agente del Ministerio Público Ariana García Ceceña expuso la reconstrucción de los hechos elaborada por los investigadores. De acuerdo con esa versión, poco después de las cuatro de la mañana del 3 de enero una unidad RAM negra se encontró con una camioneta tipo pick up roja. Los agentes afirmaron que el segundo vehículo pertenecía a un integrante de la célula delictiva conocida como “Los Rusos”.
La hipótesis de la Fiscalía plantea una posible coparticipación entre policías municipales e integrantes de grupos delictivos en la desaparición de los jóvenes. Si esa línea de investigación llegara a acreditarse ante un tribunal, el expediente no se limitaría a establecer responsabilidades individuales, sino que también obligaría a esclarecer si funcionarios públicos utilizaron su posición, información o recursos para facilitar los hechos o encubrirlos.
La formulación de cargos, sin embargo, no equivale a una sentencia. La Fiscalía debe demostrar sus afirmaciones con pruebas y la defensa tiene derecho a controvertirlas, presentar sus propios elementos y cuestionar la legalidad de las diligencias. Al cierre de la información aún no se habían expuesto todos los alegatos defensivos ni se conocía una resolución definitiva sobre la situación procesal de los detenidos.
La defensa cuestiona el procedimiento
Una parte importante de la audiencia se concentró inicialmente en objeciones procesales. La defensa reclamó que algunas carpetas de investigación no fueron entregadas oportunamente y cuestionó aspectos de la actuación ministerial. Esos planteamientos pueden influir en la valoración de las pruebas, porque un proceso por delitos graves también debe cumplir con las reglas de acceso a la información, contradicción y debido proceso.
Pedro Ariel N. se presentó públicamente como víctima de una persecución política y sostuvo que su detención respondía a una venganza atribuida a la fiscal María Elena Andrade. También vinculó el caso con los audios filtrados relacionados con la gobernadora Marina del Pilar Ávila, argumento que desplazó parte de la discusión hacia el terreno político y mediático. La defensa deberá demostrar ante la autoridad judicial si esas acusaciones tienen efectos jurídicos sobre la investigación o si constituyen una interpretación del contexto político.
Familias y colectivos exigen resultados
Las reacciones reflejaron la desconfianza acumulada por las familias de personas desaparecidas. Gonzalo Moreno, padre buscador, consideró que la detención de ex policías y comandantes puede configurar la primera señal de una investigación relacionada con un posible delito de Estado, debido a que los señalados se encontraban en activo cuando presuntamente ocurrieron los hechos. La afirmación expresa una exigencia central de los colectivos: que la autoridad investigue no solo a quienes ejecutaron una conducta, sino también las posibles redes de protección o encubrimiento.
Empresarios y políticos de oposición demandaron una investigación a fondo y advirtieron contra el uso de “chivos expiatorios” o de distractores frente a otros conflictos públicos. Los colectivos y las células de búsqueda, por su parte, mantuvieron sus reclamos para que las autoridades localicen a los jóvenes y entreguen información verificable a sus familias. Sus demandas se apoyan en una realidad que permanece sin resolver: la detención de funcionarios no ha producido, hasta ahora, la localización de las víctimas.
La alcaldesa Norma Bustamante declaró que no se arrepentía de la designación de Pedro Mendivil y que esperaba un juicio penal, no uno mediático ni basado en las redes sociales. Esa postura busca separar la responsabilidad política por los nombramientos de la eventual responsabilidad penal de los acusados, aunque también coloca bajo escrutinio los mecanismos utilizados para supervisar a los cuerpos de seguridad y atender las denuncias presentadas desde 2023.
El desafío: verdad, pruebas y reparación
El expediente reúne dos dimensiones que deben avanzar de manera paralela. La primera es jurídica: determinar, con pruebas admisibles, qué ocurrió la madrugada de la desaparición, quiénes participaron y si hubo coordinación entre agentes públicos y grupos criminales. La segunda es humana e institucional: mantener la búsqueda, proteger a las familias, esclarecer el asesinato del padre de una de las víctimas y explicar por qué las denuncias iniciales no condujeron antes a resultados visibles.
La gravedad de las acusaciones exige rigor tanto de la Fiscalía como de la defensa. Una investigación sólida debe evitar la impunidad, pero también impedir que la presión pública sustituya a la prueba. Para las familias, la justicia no termina con una detención ni con una audiencia de vinculación: requiere conocer el paradero de los desaparecidos, identificar a todos los responsables y establecer si existieron omisiones o complicidades dentro de las instituciones. Mientras esos puntos sigan pendientes, el caso continuará siendo una prueba decisiva para el sistema de justicia y para la credibilidad de las autoridades.
