La advertencia del PRI sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 no se limita a una disputa partidista por la narrativa fiscal. Lo que puso sobre la mesa Rubén Moreira es una señal de tensión más profunda: el cierre del sexenio podría coincidir con un salto inédito del endeudamiento público, una mayor concentración de recursos en el gobierno federal y una presión creciente sobre áreas que ya operan al límite, como seguridad, procuración de justicia y servicios aeroportuarios.
Moreira sostuvo que la deuda pública cerrará el año en 20 billones de pesos y que podría llegar a 26 billones al final del sexenio, si se mantiene una trayectoria de contratación cercana a 0.5 billones por año. Más allá del número exacto, la magnitud del aviso es clara: cuando una economía convive con tasas de interés altas, crecimiento moderado y una base recaudatoria estrecha, cada punto adicional de deuda reduce margen de maniobra para el siguiente gobierno. El problema no es sólo contable; es de capacidad estatal.
Ese es el primer punto que conviene subrayar: el riesgo fiscal no se mide únicamente en el tamaño absoluto de la deuda, sino en su relación con el gasto rígido y con los ingresos disponibles. Si el financiamiento nuevo se destina sobre todo a cubrir presiones corrientes, transferencias comprometidas o proyectos con bajo retorno inmediato, la deuda deja de ser una palanca de desarrollo y pasa a ser un mecanismo de aplazamiento. En ese escenario, el problema se hereda doblemente: a la administración saliente y a la entrante.
La deuda no solo crece: también estrecha opciones
La discusión alrededor del PEF 2027 llega en un momento en que la política pública mexicana enfrenta tres restricciones simultáneas. La primera es el costo financiero de la deuda, que absorbe una porción creciente del presupuesto y desplaza gasto productivo. La segunda es el bajo espacio fiscal de estados y municipios, que dependen cada vez más de transferencias federales y pierden autonomía operativa. La tercera es la presión social por financiar seguridad, justicia y servicios básicos sin elevar impuestos de forma significativa.
En términos prácticos, esto significa que cada negociación presupuestaria será más áspera. Si el gobierno federal decide sostener programas prioritarios y grandes obras, probablemente lo hará a costa de recortes o congelamientos en otras partidas. Si, por el contrario, intenta recomponer a estados y municipios, tendrá que redistribuir un pastel que ya luce comprometido. El PRI, al insistir en un mayor gasto para la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, está leyendo una vulnerabilidad real: sin fortalecimiento institucional, el costo económico de la inseguridad seguirá creciendo.
La experiencia reciente ofrece una referencia útil. En presupuestos federales de años anteriores, el incremento en participaciones y aportaciones locales no siempre se tradujo en mayor capacidad administrativa subnacional, en parte porque las reglas de distribución dejan poco margen discrecional y en parte porque la centralización política ha ido acompañada de una centralización financiera. El resultado es una paradoja conocida: los gobiernos locales cargan con la responsabilidad política de atender demandas inmediatas, pero carecen de instrumentos suficientes para responder.
Huachicol fiscal: el costo oculto de mirar a otro lado
La referencia de Moreira al llamado “huachicol fiscal” introduce otro ángulo incómodo. Si el combustible ilegal realmente alcanza una proporción cercana a la tercera parte del consumo nacional, el problema no sería de evasión marginal, sino de captura sistémica. Una filtración de ese tamaño implicaría pérdidas tributarias, competencia desleal frente a estaciones formales y una distorsión en la trazabilidad del mercado energético. También sugeriría fallas graves de coordinación aduanera, hacendaria y de seguridad.
Por eso la petición de citar al director de Pemex no es sólo un gesto de presión política. Busca conectar dos planos que suelen tratarse por separado: la salud financiera de la petrolera y el mercado ilegal que erosiona ingresos públicos y reputación institucional. Pemex, además, arrastra pasivos, necesidades de inversión y una carga operativa que limita su margen. Si una parte relevante del combustible que circula evade controles o impuestos, la empresa y el fisco terminan compitiendo en desventaja frente a redes con mayor flexibilidad y menor escrutinio.
Aquí aparece el segundo punto relevante: el costo del huachicol fiscal no se agota en la recaudación perdida. También contamina la competencia entre agentes económicos formales e informales. Las empresas que cumplen reglas enfrentan precios artificialmente deprimidos por canales irregulares, mientras el Estado deja de captar recursos que podrían financiar justamente la vigilancia, la persecución penal y la modernización aduanera necesarias para frenar ese mismo fenómeno. Es un círculo regresivo.
Derechos de pasajeros: el otro frente político de la misma disputa
En paralelo al debate macrofiscal, Moreira presentó un paquete de 10 iniciativas sobre derechos de pasajeros. A primera vista, parece un tema desconectado de la deuda y del presupuesto. No lo es. La industria aérea opera bajo reglas donde pequeñas asimetrías contractuales generan costos altos para usuarios y beneficios concentrados para aerolíneas. La propuesta de impedir que se cancele automáticamente un vuelo de regreso cuando no se utilizó el tramo de ida en un boleto redondo apunta precisamente a una práctica que, para el pasajero, suele equivaler a una penalización desproporcionada.
Lo mismo ocurre con el reembolso inmediato de la Tarifa de Uso de Aeropuerto cuando no se realiza el viaje. Este tipo de cobros, incorporados al precio final, suelen volverse opacos para el consumidor porque se presentan como parte de una tarifa total, aunque no siempre responden a un servicio efectivamente prestado. La iniciativa no resuelve por sí sola la estructura del sector, pero sí coloca una discusión relevante: cuánto de lo que paga el pasajero está asociado a costos reales y cuánto a cláusulas contractuales difíciles de disputar.
En este terreno habrá fricción. Las aerolíneas argumentarán que una regulación más estricta encarece la operación, reduce flexibilidad comercial y termina trasladando costos al precio de los boletos. Los defensores de mayores derechos de usuario sostendrán lo contrario: que en un mercado de alta concentración y baja transparencia, la autorregulación no corrige abusos y sólo posterga compensaciones. La verdad probablemente quede en medio: sí habrá costos administrativos, pero también existe un espacio evidente para elevar la protección mínima sin destruir la viabilidad del negocio.
Lo que puede pasar con el PEF 2027
La negociación del presupuesto de 2027 servirá como prueba de estrés para la estrategia fiscal del sexenio. Si el gobierno mantiene la ruta de endeudamiento para sostener gasto prioritario, la discusión ya no será si la deuda crece, sino a qué velocidad se vuelve políticamente incómoda. Si, en cambio, intenta corregir la trayectoria, tendrá que admitir que el margen de expansión del gasto social y de infraestructura es menor al prometido. En ambos casos, la elección no será gratuita.
También es previsible que aumente la batalla por la distribución territorial del dinero. Estados y municipios reclamarán más recursos para seguridad, salud y servicios urbanos, mientras el centro defenderá la necesidad de preservar control y disciplina en el gasto. Esa tensión no es nueva, pero en un contexto de deuda ascendente y crecimiento económico modesto se vuelve más sensible. La centralización puede mejorar la coordinación política, pero también agrava la dependencia local y diluye incentivos para una gestión más eficiente.
El riesgo mayor está en que el presupuesto termine resolviendo presiones inmediatas sin corregir los desequilibrios de fondo. Si el déficit se financia con más deuda y el gasto sigue concentrado en pocos rubros, el próximo gobierno recibirá menos margen para reaccionar ante una desaceleración, una caída en ingresos petroleros, una nueva crisis de seguridad o un deterioro del sistema de justicia. La advertencia del PRI, con toda su carga partidista, apunta en realidad a una pregunta más amplia: cuánto tiempo puede sostenerse un modelo fiscal que expande obligaciones más rápido de lo que construye capacidad institucional.
El PEF 2027 no será sólo un documento de números. Será una radiografía del tipo de Estado que México está dispuesto a financiar, de los costos que acepta posponer y de las contradicciones que prefiere administrar en lugar de resolver.
