La deuda acumulada de las entidades promotoras de salud (EPS) con hospitales, clínicas, laboratorios y proveedores cerró 2025 en $58,06 billones, según un informe de la Contraloría General de la República. La cifra representa un aumento de 26,5% frente a 2024 y evidencia que las medidas de intervención aplicadas sobre varias aseguradoras no han logrado revertir el deterioro financiero del sistema.
El órgano de control revisó los estados financieros certificados de 26 de las 29 EPS activas en el país, con corte al 31 de diciembre de 2025. El análisis incluyó información sobre afiliación, ingresos por Unidad de Pago por Capitación (UPC), costos de atención, reservas técnicas, patrimonio y desempeño de las entidades sujetas a intervención forzosa o medidas especiales de vigilancia.
La mayor parte de la deuda se concentra en entidades intervenidas
Uno de los hallazgos centrales es que el 83% del déficit reportado corresponde a EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Estas intervenciones buscan preservar la atención de los afiliados y corregir problemas administrativos o financieros, pero las cifras examinadas por la Contraloría muestran que la acumulación de obligaciones con la red prestadora continuó durante 2025.
El aumento de las cuentas por pagar tiene efectos directos sobre hospitales y proveedores, que dependen de esos recursos para sostener servicios, adquirir medicamentos, contratar personal y atender procedimientos de mayor complejidad. Aunque el informe no atribuye de forma exclusiva el crecimiento de la deuda a una sola causa, la combinación de pérdidas operativas, altos costos asistenciales y debilidades patrimoniales limita la capacidad de las EPS para normalizar sus pagos.
La deuda con operadores farmacéuticos también se incrementó. Pasó de $2,85 billones en 2024 a $3,80 billones al cierre de 2025. Este rubro adquiere especial relevancia porque los operadores participan en la entrega de tratamientos y tecnologías en salud, de modo que los retrasos financieros pueden trasladarse a la cadena de suministro y afectar la disponibilidad oportuna de medicamentos para los usuarios.
Solo cuatro aseguradoras cumplieron las condiciones financieras exigidas
De acuerdo con la evaluación, únicamente Aliansalud, Anas Wayuu EPSI, EPM y Salud Mía cumplieron al cierre de 2025 con los requisitos financieros establecidos por la normativa. Entre las cuatro reunían 641.713 afiliados, una proporción ligeramente superior al 1% de la población asegurada en el sistema.
En consecuencia, el 98,76% de los afiliados estaba vinculado a una EPS que no cumplía integralmente los mínimos de capital, patrimonio adecuado y reservas técnicas exigidos desde el Decreto 780 de 2016. Estos indicadores no son meramente contables: buscan asegurar que las entidades dispongan de respaldo suficiente para responder por las obligaciones derivadas de la atención de sus usuarios.
La distancia entre el número de afiliados y el limitado grupo de EPS que cumple las exigencias refleja un riesgo sistémico. El problema no se restringe a entidades pequeñas ni a casos aislados, sino que alcanza a aseguradoras con amplia cobertura. Para la Contraloría, la situación exige un seguimiento reforzado sobre la sostenibilidad de los recursos y la efectividad de los mecanismos de supervisión.
Pérdidas operativas y gasto asistencial por encima de los ingresos
Diecisiete de las 26 EPS con información completa, equivalentes al 65%, cerraron 2025 con pérdidas operativas por $5,73 billones. Solo nueve registraron resultados positivos. La tendencia se explica, en parte, por una siniestralidad promedio de 110%: por cada $100 recibidos mediante la UPC para financiar la atención de un afiliado, las entidades gastaron en promedio $110.
Diecinueve EPS superaron el umbral de 100% de siniestralidad. Ese resultado indica que los recursos ordinarios destinados a la atención resultaron insuficientes frente a los costos reportados, lo que obliga a cubrir la diferencia con otras fuentes, acumular obligaciones o deteriorar el patrimonio. La cifra no permite concluir por sí sola que todos los gastos sean injustificados, pero sí revela un desequilibrio persistente entre financiación y costo asistencial.
La Contraloría también identificó desviaciones en los gastos administrativos. La norma fija un límite de 10% de la UPC para el régimen contributivo y de 8% para el subsidiado. Sin embargo, A.I.C. EPSI reportó gastos administrativos equivalentes a 10%, Salud Bolívar alcanzó 202,8% y el Fondo de Pensiones de Ferrocarriles Nacionales registró 16%. Estos porcentajes requieren precisiones de las entidades y de la autoridad de vigilancia sobre su composición contable y su ajuste a los topes regulatorios.
Las intervenciones no han corregido el patrimonio negativo
Coosalud, Savia Salud, Famisanar, Emssanar, Asmet Salud y SOS permanecieron bajo intervención forzosa durante uno o varios años, pero ninguna logró cerrar 2025 con patrimonio positivo. Las seis conservaron un patrimonio negativo, una señal de que el valor de sus obligaciones supera la capacidad financiera disponible para respaldarlas.
Para medir el desempeño de estas entidades, la Contraloría aplicó la metodología Fenix, utilizada también por la Superintendencia de Salud. El modelo examina la relación entre patrimonio y activos, el endeudamiento y los resultados de operación. Savia Salud presentó el escenario más crítico: sus pasivos superaron en más de 11 veces el valor de sus activos y su indicador pasó de -8,23 en 2024 a -10,73 en 2025.
Los resultados ponen bajo discusión la capacidad de las intervenciones para transformar problemas estructurales en plazos razonables. La administración especial puede evitar una interrupción inmediata en la afiliación o en la operación, pero no reemplaza la necesidad de recuperar ingresos, controlar costos, depurar pasivos y contar con información financiera verificable para tomar decisiones regulatorias.
Nueva EPS mantiene pendientes sus estados financieros certificados
Nueva EPS, la aseguradora con mayor número de afiliados del país y más del 20% del total nacional, no pudo ser evaluada con la metodología Fenix porque no contaba con estados financieros certificados y dictaminados de 2025 cuando se elaboró el informe. La entidad está bajo intervención forzosa desde abril de 2024.
La Contraloría señaló además que, hasta julio de 2026, Nueva EPS no había certificado sus cuentas correspondientes a 2023 y 2024. El interventor, Jorge Iván Ospina, había anunciado la entrega de los estados financieros de 2025 en un plazo de 15 días, pero más de un mes después de ese término los documentos aún no estaban disponibles, según el reporte.
Aun sin la certificación completa de sus estados financieros, fue posible establecer que la deuda de Nueva EPS pasó de $22,18 billones en 2024 a $25,73 billones en 2025. Por su tamaño, la evolución de esta entidad tiene un peso determinante en el balance del sistema. La falta de información auditada reduce la capacidad de evaluar con precisión sus compromisos, su flujo de recursos y el alcance de las medidas necesarias para proteger la continuidad de la atención.
