La propuesta del presidente Gustavo Petro de que el Estado asuma 11 billones de pesos de la deuda de Nueva EPS introduce una serie de consecuencias que trascienden el simple reconocimiento contable. El anuncio, realizado a través de redes sociales, plantea que la mitad del pasivo total de 22 billones corresponde a obligaciones nacionales derivadas de la administración anterior de la entidad. Esta decisión, de concretarse, modificaría el perfil de la deuda pública colombiana y alteraría las prioridades presupuestales del sector salud en los próximos años.
El reconocimiento de esta obligación estatal podría permitir que los recursos lleguen directamente a hospitales públicos, centros de atención primaria y proveedores de medicamentos. Al destinar los fondos a saldar facturas acumuladas desde 2008, se reduciría la presión sobre la red prestadora que actualmente enfrenta retrasos en pagos superiores a los 10 millones de facturas. Esta medida ofrecería un alivio inmediato a clínicas y laboratorios que dependen de los flujos de Nueva EPS para mantener operaciones.
Consecuencias para las finanzas públicas
Convertir 11 billones en deuda pública nacional incrementaría el stock total de obligaciones del Estado en un momento en que el déficit primario ya refleja presiones significativas. Aunque el gobierno argumenta que se trata de un costo social heredado, el aumento del endeudamiento podría elevar los costos de financiamiento futuro y reducir el margen fiscal disponible para otras inversiones prioritarias. Los mercados financieros observarán con atención cómo se estructura el cronograma de pagos a lo largo de cinco vigencias, ya que cualquier señal de desorden podría afectar la percepción de riesgo país.
Repercusiones en la red de prestadores
Los proveedores de servicios de salud verían una mejora en su liquidez si los recursos estatales se aplican de manera ordenada. Centros hospitalarios que han acumulado deudas por atenciones prestadas podrían recuperar capacidad de inversión en infraestructura y personal. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el alcance real de las conciliaciones pendientes, ya que cerca de 21,9 billones corresponden a obligaciones ya causadas y podrían reducirse mediante descuentos o revisiones posteriores. Esta variable introduce un factor de riesgo que podría limitar el beneficio neto recibido por la red prestadora.
Riesgos asociados a la corrupción y la gobernanza
Las acusaciones de Petro sobre un desfalco de 30 billones en el sector salud y la mención de amenazas de extradición contra responsables del caso Nueva EPS generan un ambiente de desconfianza institucional. Si el Estado asume la deuda sin mecanismos robustos de auditoría y seguimiento, existe el peligro de que los recursos se destinen a cubrir irregularidades previas en lugar de mejorar la atención. La advertencia presidencial sobre la necesidad de evitar una nueva administración corrupta subraya la fragilidad del sistema y la importancia de establecer controles que impidan la repetición de prácticas que ya generaron pérdidas de 4,8 billones en 2024.
Efectos sobre el equilibrio entre actores públicos y privados
La distinción trazada por el mandatario entre deudas estatales y deudas privadas plantea un precedente que podría influir en futuras intervenciones de otras EPS. Mientras que la mitad del pasivo recaería sobre el erario, la porción restante debería ser cubierta por los accionistas privados. Esta división podría incentivar a otros actores del sector a buscar rescates similares, alterando las reglas de responsabilidad financiera que han regido el modelo de aseguramiento. Al mismo tiempo, la intervención de la Superintendencia y la presencia de un agente especial como Jorge Iván Ospina Gómez ofrecen un marco de supervisión que podría limitar excesos si se mantiene la transparencia en la presentación de estados financieros actualizados.
Incertidumbres sobre la implementación y el largo plazo
El éxito de la medida dependerá de la capacidad del Ministerio de Hacienda para incorporar los 11 billones dentro del marco fiscal sin generar desequilibrios adicionales. El rezago histórico de facturas desde 2008 complica la depuración de cuentas y exige un cronograma preciso que evite litigios prolongados con la red prestadora. Además, la evolución del patrimonio negativo de 11,9 billones registrado a diciembre de 2024 indica que la reestructuración contable requerirá varios ejercicios para estabilizarse, lo que prolonga la incertidumbre sobre la viabilidad financiera de Nueva EPS más allá del período presidencial actual.
La propuesta también abre un debate sobre el modelo de intermediación financiera en salud. Si el pago de la deuda estatal se ejecuta con disciplina y se acompaña de reformas que reduzcan la fragmentación del gasto, podría sentar las bases para un sistema más eficiente. No obstante, la ausencia de garantías claras sobre la continuidad de las políticas y la persistencia de mafias políticas y no políticas señaladas por el presidente representan riesgos que podrían erosionar los beneficios esperados. La evolución de estos factores determinará si la decisión fortalece o debilita la sostenibilidad del sistema de salud colombiano en los próximos lustros.
