Presión cruzada
El gobernador Pablo Lemus volvió de Ciudad de México con el anuncio de apoyo federal para obras hídricas en la metrópoli, pero su mensaje quedó marcado por otro frente: la negativa de Tlaquepaque y Tonalá a reconocer adeudos heredados con el SIAPA, que el organismo cifra en 260 millones y 90 millones de pesos. El choque ya no es técnico, sino político: mientras el Estado, Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco y la UdeG aceptan cubrir pasivos, esos municipios disputan la validez de la cuenta y abren la puerta a una negociación más larga.
En Tlaquepaque, la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura sostiene que el municipio ya pagó y que incluso depositó 7.6 millones de pesos ante el Tribunal de Justicia Administrativa, al acusar falta de desgloses, cargos improcedentes e intereses sobre intereses. En paralelo, Jalisco prepara el arranque de centros comunitarios en Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan con más de 30 millones federales. El contraste es claro: el gobierno empuja obras y prevención, pero la eficacia de esas inversiones dependerá también de que los municipios resuelvan sus cuentas pendientes y no conviertan la disputa financiera en otro freno institucional.
