Durante el primer semestre de 2026 los gobiernos estatales y municipales contrataron financiamientos por 18 mil 829 millones de pesos, una cifra 22.8 por ciento inferior a la observada un año antes. De ese monto, 45.4 por ciento se destinó a inversión pública productiva, superando ligeramente el 44.7 por ciento dirigido a refinanciamiento y el 9.9 por ciento utilizado para cubrir necesidades temporales de liquidez. Este patrón no se registraba desde 2021 y marca un cambio de tendencia tras cuatro años en los que predominó el uso de nueva deuda para sustituir obligaciones anteriores.
La Ley de Disciplina Financiera define la inversión pública productiva como aquella erogación que genera beneficio social y se orienta a la construcción, mejoramiento o equipamiento de bienes de dominio público, o a la prestación de servicios específicos. Los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que seis estados y 23 municipios fueron responsables de la totalidad de los nuevos créditos. Aguascalientes, Guanajuato, Sonora y Sinaloa destinaron el cien por ciento de sus recursos a proyectos de inversión, mientras que Veracruz los orientó casi exclusivamente a refinanciamiento y Nuevo León a cubrir insuficiencias de liquidez.
Efectos en el crecimiento regional
Cuando los recursos de deuda se canalizan hacia obras de infraestructura con capacidad de generar actividad económica sostenida, el efecto multiplicador puede superar el costo financiero del crédito. En los casos de Guanajuato y Sonora, donde la totalidad de los fondos se dirigió a inversión productiva, se observa una apuesta por ampliar capacidad productiva en sectores como agroindustria y energía. Esta estrategia reduce la dependencia de transferencias federales y puede elevar la recaudación propia a mediano plazo, siempre que los proyectos mantengan tasas de retorno superiores al costo del servicio de la deuda.
Por el contrario, el refinanciamiento extensivo, aunque mejora condiciones de tasa y plazo, no incrementa el acervo de capital físico ni eleva la productividad de la región. Los estados que mantuvieron esta práctica entre 2022 y 2025 lograron alargar vencimientos, pero postergaron la necesidad de generar ingresos adicionales para atender el servicio de la deuda. El giro observado en 2026 sugiere que algunos gobiernos locales han evaluado que el margen de maniobra obtenido mediante refinanciamientos sucesivos se ha agotado.
Divergencias entre actores gubernamentales
Los gobiernos estatales con mayor proporción de inversión productiva parecen responder a una combinación de presiones locales y oportunidades de mercado. Entidades como Aguascalientes y Guanajuato mantienen perfiles de deuda relativamente bajos respecto a sus ingresos propios, lo que les permite absorber nuevo endeudamiento sin comprometer calificaciones crediticias. En cambio, Veracruz optó por refinanciar, probablemente para estabilizar flujos de caja ante presiones de gasto corriente y compromisos ya adquiridos.
Los municipios que contrataron deuda en el semestre presentan perfiles más heterogéneos. Naucalpan y Puerto Vallarta, por ejemplo, destinaron recursos a proyectos de equipamiento urbano que pueden traducirse en mayor atracción de inversión privada. Sin embargo, municipios más pequeños enfrentan el riesgo de que proyectos de inversión productiva se vean afectados por cambios de administración o por insuficiente capacidad técnica de ejecución.
Riesgos y escenarios prospectivos
El aumento relativo de la inversión productiva reduce la probabilidad de una espiral de refinanciamientos, pero introduce nuevos riesgos asociados a la calidad de los proyectos. Si las obras no generan los beneficios sociales o los retornos fiscales esperados, los gobiernos locales podrían enfrentar presiones de liquidez en el futuro sin haber reducido su nivel de endeudamiento neto. Además, la caída de 22.8 por ciento en el volumen total de deuda sugiere que algunos estados están adoptando mayor cautela, lo que podría limitar el ritmo de inversión pública en un entorno de crecimiento moderado.
Desde la perspectiva de los acreedores, el cambio de destino de los recursos puede modificar la percepción de riesgo. Bancos y fondos que financian a gobiernos subnacionales suelen evaluar tanto la capacidad de pago como la finalidad de los créditos. Una mayor proporción de inversión productiva podría mejorar la calificación de ciertos emisores si se demuestra que los proyectos elevan ingresos futuros, pero también exige mayor transparencia en la rendición de cuentas sobre el avance y resultados de las obras.
Para la población, el beneficio depende de que los proyectos seleccionados respondan a necesidades reales de infraestructura y servicios. Cuando la deuda financia activos que incrementan la productividad regional, los contribuyentes pueden percibir un uso más eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, si los proyectos se concentran en obras de alto perfil sin suficiente análisis de demanda, el costo financiero recaerá sobre generaciones futuras sin un contrapeso claro en términos de bienestar.
El comportamiento observado en el primer semestre de 2026 indica que algunos gobiernos locales están reevaluando el equilibrio entre estabilidad financiera y desarrollo de largo plazo. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de la capacidad de seleccionar y ejecutar proyectos que efectivamente eleven la productividad regional y de mantener un marco de disciplina que impida el retorno a patrones de refinanciamiento excesivo cuando las condiciones de mercado vuelvan a ser favorables.
