La advertencia del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) llega en un momento incómodo para la política fiscal del país: la deuda pública de México ya está muy cerca de superar 60% del PIB, un umbral que, sin ser una línea mágica, suele marcar el territorio donde los mercados empiezan a castigar con más dureza la fragilidad fiscal. El dato relevante no es solo el nivel, sino la velocidad y la persistencia del deterioro. En 2000, la deuda equivalía a 29% del PIB; para el cierre de 2025 ya había escalado a 53%, un aumento de 24 puntos en veinticinco años. Ese avance confirma que el problema dejó de ser coyuntural y se convirtió en una trayectoria estructural.
La lectura del IMEF es severa porque conecta la deuda con un riesgo mayor: la eventual pérdida del grado de inversión. Ese sello no es un distintivo simbólico, sino una condición que abarata el financiamiento soberano y, por arrastre, el costo del crédito para empresas y hogares. Si México cruza ese umbral en un contexto de bajo crecimiento y gasto rígido, el ajuste no se limitaría a las finanzas públicas; se trasladaría a tasas más altas, menor apetito de los inversionistas y, probablemente, a una reducción del margen de maniobra para la política económica.
Hay un punto que suele subestimarse en el debate público: no toda deuda alta produce el mismo daño. El problema mexicano no es únicamente el tamaño del pasivo, sino la calidad del gasto que lo acompaña. Si una parte relevante del endeudamiento se usa para financiar obligaciones corrientes, subsidios ineficientes o rescates permanentes de empresas deficitarias, la deuda deja de ser un puente para impulsar crecimiento futuro y se convierte en una forma de aplazar decisiones difíciles. Esa es la preocupación que deja entrever Mauricio González cuando habla de una condición crónica de las finanzas gubernamentales: el Estado ya no se endeuda para expandir capacidad productiva, sino para sostener la inercia del sistema.
El caso de Pemex agrava ese diagnóstico. La petrolera ha sido durante años una fuente de presión fiscal, pero hoy su peso es más delicado porque compite directamente por recursos con salud, seguridad, infraestructura y transferencias a estados y municipios. Mientras la empresa consuma más liquidez de la que genera, cualquier estrategia de consolidación fiscal tendrá un límite político y técnico. El gobierno puede posponer la factura mediante apoyo presupuestal, refinanciamiento o ingeniería contable; no puede eliminar el hecho de que cada peso destinado a cubrir pérdidas recurrentes es un peso que no va a inversión pública ni a amortiguar el costo social de una desaceleración.
El dato más inquietante del análisis del IMEF es la rigidez del gasto. Entre 2000 y 2006, el gasto público total promedió 19% del PIB; para 2025 ya cerró en 27.2%. Pero alrededor de 68% de ese gasto está comprometido de antemano en pensiones, servicio de deuda y participaciones federales. En términos prácticos, eso significa que el espacio para reaccionar ante una crisis es mucho menor de lo que sugiere el tamaño aparente del presupuesto. Cuando tres rubros absorben casi siete de cada diez pesos, el gobierno opera con una discrecionalidad muy limitada y termina ajustando sobre las partidas más fáciles de recortar: inversión, mantenimiento y programas de expansión. Ahí nace un círculo vicioso conocido en muchas economías emergentes: menos inversión pública hoy, menor crecimiento mañana y, por tanto, mayor presión relativa sobre la deuda.
Desde la perspectiva de los mercados, la preocupación no radica solo en el saldo de la deuda, sino en la señal política que transmite. Si los inversionistas perciben que el ajuste fiscal se posterga por cálculo electoral o por resistencia a tocar partidas sensibles, el riesgo país se reprecifica con rapidez. En economías como la mexicana, donde el financiamiento externo y la confianza de los portafolios internacionales siguen siendo relevantes, un deterioro de la percepción puede encarecer el costo de refinanciar vencimientos aun antes de que ocurra una rebaja formal de calificación. El castigo puede adelantarse al anuncio.
Para el sector privado, las consecuencias serían concretas. Una pérdida de grado de inversión no solo afectaría la deuda soberana; también tensionaría el costo de financiamiento corporativo, en especial para emisores con fuerte vínculo con el riesgo país. Los bancos podrían volverse más selectivos, las tasas subirían y la inversión productiva enfrentaría un entorno más hostil justo cuando el país necesita capital para aprovechar el reordenamiento de cadenas de suministro. En otras palabras, el riesgo fiscal no se queda en Hacienda: se filtra a la competitividad y al empleo.
También hay una disputa de fondo sobre el camino correcto. Una lectura ortodoxa diría que el gobierno debe contener gasto, reconstruir superávits primarios y reducir transferencias improductivas. La visión contraria sostiene que recortar en exceso en un ciclo débil puede ahogar aún más la actividad y empeorar la relación deuda-PIB por la vía de un menor denominador. Ambas posiciones tienen lógica, pero el margen de maniobra real está en distinguir entre gasto corriente rígido y inversión con retorno económico. El ajuste inteligente no consiste en recortar de manera indiscriminada, sino en priorizar qué gasto sostiene crecimiento y cuál solo posterga el problema.
La trayectoria hacia 60% del PIB no implica una crisis inmediata, pero sí una zona de vulnerabilidad más estrecha. Si el crecimiento sigue débil, si Pemex continúa drenando recursos y si la factura de pensiones y deuda sigue expandiéndose, el país puede entrar en una fase en la que cada nuevo punto de endeudamiento compra menos estabilidad y más dependencia financiera. El riesgo de fondo no es únicamente perder una calificación; es acostumbrarse a gobernar con un presupuesto cada vez más comprometido, menos flexible y más expuesto a choques externos. En ese escenario, la austeridad tardía suele ser más costosa que la disciplina temprana, y la factura termina llegando en forma de menor inversión, crédito más caro y un Estado con menos capacidad para decidir su propio margen de acción.
