La falta de datos oficiales durante años y el aislamiento financiero provocado por las sanciones de 2017 han convertido la deuda de Venezuela en un caso singular entre las reestructuraciones soberanas recientes. Las estimaciones previas oscilaban entre 150.000 y 200.000 millones de dólares, pero reportes recientes indican que el gobierno podría reconocer un pasivo total cercano a 240.000 millones. Esta cifra, de confirmarse, elevaría el volumen de cualquier acuerdo futuro y modificaría las pérdidas esperadas por los tenedores de títulos.
El proceso de reestructuración anunciado en mayo abarca los bonos emitidos por la República y por PDVSA. El valor nominal de estos instrumentos ronda los 60.000 millones de dólares, aunque los intereses acumulados desde el impago de 2017 elevan la reclamación total a aproximadamente 102.000 millones según cálculos de JPMorgan. Las distintas cláusulas de los bonos añaden complejidad: el título PDVSA 2020 cuenta con garantía sobre Citgo, mientras que emisiones más antiguas carecen de esa protección y resultan más expuestas a disputas judiciales.
Préstamos de gobiernos y organismos multilaterales
Los créditos bilaterales suman cerca de 25.000 millones de dólares. Dentro de este grupo, los miembros del Club de París tienen pendiente 8.690 millones. Rusia reestructuró 3.200 millones en 2017, mientras que los préstamos chinos respaldados por petróleo se estiman entre 13.000 y 15.000 millones. Estos acreedores oficiales suelen negociar primero y establecen referencias para el resto de los tenedores. En paralelo, los organismos multilaterales, principalmente CAF y BID, registran alrededor de 4.000 millones que conservan estatus preferente y rara vez sufren quitas en procesos de este tipo.
Las demandas arbitrales y las sentencias judiciales derivadas de las expropiaciones de la era Chávez superan los 20.000 millones de dólares sin intereses. Más de cincuenta empresas han obtenido laudos, y algunos acreedores intentan ejecutar activos como Citgo mediante autorizaciones judiciales en Estados Unidos. La ausencia de un mecanismo colectivo que agrupe estas reclamaciones obliga a tratarlas de forma individual, lo que añade fricción al diseño de cualquier oferta global.
Reclamaciones adicionales y deuda interna
El margen entre las estimaciones iniciales y los 240.000 millones señalados por fuentes cercanas al gobierno deja unos 40.000 millones sin explicar de manera pública. Empresas como Repsol reportan 5.160 millones de dólares pendientes, mientras que ENI declara 3.300 millones por facturas atrasadas con PDVSA. A estas cifras se suman pagarés vinculados a créditos de exportación y posibles obligaciones internas cuyo reconocimiento podría modificar el cálculo total.
La falta de una auditoría externa independiente genera incertidumbre sobre la legitimidad de algunas deudas. Venezuela ocupa el puesto 180 de 182 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional correspondiente a 2025. Esta posición alimenta las dudas de los inversionistas acerca de qué reclamaciones serán finalmente aceptadas en el perímetro de la reestructuración y cómo se distribuirán las pérdidas entre los distintos tipos de acreedores.
Implicaciones para el proceso de negociación
La composición de los tenedores determina no solo el tamaño de las quitas, sino también el orden de prioridad y los instrumentos disponibles para alcanzar un acuerdo. Los acreedores multilaterales y los gobiernos bilaterales suelen aceptar condiciones distintas a las de los tenedores de bonos o los beneficiarios de laudos arbitrales. Sin un marco institucional claro que incluya al FMI o al Banco Mundial, el gobierno venezolano ha optado por referirse a una “normalización institucional” sin precisar si se producirá una reestructuración formal con quitas y plazos extendidos.
La publicación de los datos completos, prevista originalmente para junio y ahora esperada durante julio, servirá como punto de partida para las conversaciones. Hasta entonces, los inversionistas carecen de un inventario verificable que permita modelar escenarios de recuperación. La magnitud final de la deuda y la jerarquía de los acreedores seguirán siendo factores determinantes en cualquier solución que Caracas intente alcanzar con sus contrapartes financieras.
