Las cifras presentadas por Así Vamos en Salud revelan un desequilibrio estructural que va más allá de un simple incremento contable. El salto de 25,7 billones de pesos en 2025 a 41,5 billones en el primer trimestre de 2026, con el 92,6 % ya en mora, indica que las Entidades Promotoras de Salud acumulan obligaciones que superan su capacidad de pago corriente. Este desfase no solo presiona la liquidez de clínicas, hospitales e IPS, sino que introduce fricciones en toda la cadena de prestación que pueden traducirse en demoras de procedimientos, menor disponibilidad de medicamentos y eventuales interrupciones en tratamientos crónicos.
El deterioro patrimonial agregado de -18,22 billones de pesos concentra el 74 % de su magnitud negativa en solo cinco entidades. Esta distribución sugiere que cualquier intervención regulatoria focalizada en Coosalud, Famisanar, Sanitas, Emssanar y Asmet Salud podría tener efectos de derrame significativos sobre el resto del sistema, tanto positivos como negativos según la velocidad y profundidad de las medidas adoptadas.
Presión sobre la red prestadora
Cuando las IPS enfrentan cuentas por cobrar con más del 97 % de vencimiento superior a sesenta días en las entidades intervenidas, su capital de trabajo se reduce drásticamente. Esto limita la capacidad de renovación de equipos, contratación de personal especializado y compra de insumos importados. En el mediano plazo, la consecuencia observable podría ser una menor oferta de servicios de mediana y alta complejidad en regiones donde estas EPS tienen mayor participación, obligando a los pacientes a desplazamientos adicionales o a listas de espera más extensas.
Al mismo tiempo, la necesidad de conciliaciones periódicas entre aseguradores y prestadores abre una ventana para depurar discrepancias históricas en los registros de cartera. Si se implementan mecanismos de verificación cruzada con plazos vinculantes, podría reducirse la litigiosidad y mejorar la predictibilidad de los flujos de caja de ambos lados de la relación contractual.
Impacto en la población afiliada
El 46 % de los afiliados al sistema se encuentra vinculado a EPS bajo medidas especiales. Esta proporción elevada implica que cualquier ajuste en los flujos de pago o en los contratos de prestación afecta directamente a millones de personas con enfermedades crónicas o que requieren atención continua. El riesgo principal radica en una posible fragmentación de la red de atención si algunas entidades intervenidas pierden capacidad de contratación con IPS de calidad.
Por otro lado, la visibilidad pública de estos datos puede acelerar la exigencia de reformas estructurales que, bien diseñadas, fortalezcan los mecanismos de supervisión y reduzcan los incentivos al sobreendeudamiento. Una mayor transparencia podría también facilitar la participación de nuevos actores o modelos de gestión que operen con márgenes más controlados.
Riesgos macroeconómicos y regulatorios
La siniestralidad global de 105,6 % y el 117,8 % en entidades intervenidas reflejan que los costos superan sistemáticamente los ingresos. Esta situación, sostenida en el tiempo, erosiona la confianza de proveedores financieros y puede encarecer el acceso futuro a líneas de crédito o capital de trabajo para todo el sector salud. En un escenario extremo, el Estado podría verse obligado a inyecciones de recursos extraordinarios que impacten el déficit fiscal.
La ausencia de información financiera actualizada de Nueva EPS desde 2024 añade una capa adicional de incertidumbre. Al tratarse de una de las mayores entidades, la imposibilidad de evaluar su situación patrimonial actual dificulta la elaboración de escenarios prospectivos confiables y aumenta el riesgo de sorpresas regulatorias de último momento.
Escenarios de mediano plazo
Si las autoridades priorizan el pago de cartera antigua mediante compromisos verificables y mejoran la calidad de la información reportada, es posible que la tensión sobre las IPS se modere gradualmente. Este camino requeriría, sin embargo, ajustes en los modelos de contratación y una mayor disciplina en el control de gastos administrativos y asistenciales.
En ausencia de correcciones significativas, el escenario más probable apunta a una mayor concentración de la prestación en un número reducido de IPS con mayor capacidad de negociación, lo que podría reducir la competencia y, eventualmente, elevar los costos unitarios de atención. La combinación de patrimonio negativo persistente y siniestralidad superior al 100 % sugiere que el sistema enfrenta un punto de inflexión donde las decisiones regulatorias de los próximos trimestres definirán si el deterioro se contiene o se propaga a otros componentes de la cadena de valor.
