El Deportivo Pereira inicia la pretemporada sin claridad sobre cómo afrontará el segundo semestre de la Liga BetPlay y la Copa Colombia. Tres quincenas adeudadas al plantel profesional han llevado a jugadores y cuerpo técnico a negarse a viajar a Cali para el partido amistoso contra Deportivo Cali. La medida, respaldada por reportes de Samuel Duque y Felipe Sierra en redes sociales, responde a una deuda acumulada que ya provocó la salida de varios futbolistas a finales de 2025 y un rendimiento de apenas una victoria en 19 jornadas del torneo anterior.
La FIFA y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales mantienen sanciones vigentes sobre el club por incumplimientos previos. El presidente Álvaro de Jesús López solo ha convocado una asamblea ordinaria para el 14 de julio sin emitir comunicados que expliquen el plan de pagos ni las fuentes de financiamiento para cubrir la nómina. Esta falta de respuesta coincide con las críticas del periodista Sebastián García en El Diario del Otún, quien señala que el silencio directivo ya no representa prudencia institucional sino desconexión con la afición risaraldense.
Efectos directos sobre jugadores y cuerpo técnico
La decisión de retener el desplazamiento a pretemporada afecta la preparación física y táctica requerida para enfrentar a Llaneros el 24 de julio en Villavicencio. Cuando tres quincenas representan aproximadamente el 30 % de los ingresos mensuales de un plantel de categoría media, la paciencia de los futbolistas se agota. Casos similares en el fútbol colombiano, como las protestas en clubes de la Categoría B durante 2023, demostraron que la ausencia prolongada de pagos genera deserción de talento hacia ligas de menor exigencia o el retiro temporal de jugadores experimentados. El cuerpo técnico, al sumarse a la medida, pierde autoridad para implementar cualquier plan de trabajo hasta que se regularice la situación contractual.
Perspectivas de los distintos actores involucrados
Los jugadores priorizan la estabilidad económica y la continuidad de sus carreras; su negativa a presentarse a partidos oficiales representa una forma colectiva de presión que la Dimayor deberá evaluar bajo el reglamento de competiciones. La dirigencia, encabezada por López, enfrenta restricciones de liquidez derivadas de sanciones previas y posibles limitaciones para captar patrocinadores mientras persista la incertidumbre. La hinchada, por su parte, recibe información fragmentada a través de redes sociales y exige explicaciones sobre la permanencia del técnico Arturo Reyes tras los resultados del semestre anterior. Los organismos rectores como la Federación Colombiana de Fútbol observan cómo estos conflictos recurrentes erosionan la credibilidad del torneo local ante patrocinadores internacionales.
Patrones estructurales en el fútbol profesional colombiano
El caso Pereira no es aislado. Entre 2022 y 2025 al menos seis clubes de la Liga BetPlay acumularon deudas salariales superiores a dos meses, según reportes de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales. Esta recurrencia revela debilidades en los controles de la Dimayor sobre la solvencia de los equipos al momento de inscribirlos en el torneo. Cuando los presidentes priorizan la contratación de jugadores sin respaldo presupuestal verificable, se genera un ciclo donde las sanciones de la FIFA por pagos atrasados limitan aún más la capacidad de generar ingresos por transferencias o taquillas. El resultado es una competencia desequilibrada donde los clubes con mejor administración deportiva acumulan ventajas estructurales que no siempre reflejan superioridad técnica.
Escenarios futuros y riesgos latentes
Si la deuda no se salda antes del 24 de julio, la ausencia del equipo ante Llaneros podría derivar en la pérdida de puntos por no presentación y una multa adicional de la Dimayor. En el mediano plazo, la continuidad de Arturo Reyes dependerá de que la asamblea del 14 de julio presente un plan financiero creíble; de lo contrario, la afición y los jugadores podrían presionar por un cambio de rumbo. Existe también el riesgo de que la FIFA eleve las sanciones actuales a una prohibición de inscripción de futbolistas nuevos, lo que reduciría la capacidad competitiva del club para el semestre siguiente. La transparencia exigida por García representa un requisito mínimo para recuperar confianza institucional; sin ella, Pereira podría enfrentar una salida masiva de talento y una caída sostenida en el interés de patrocinadores locales.
La situación actual evidencia que la crisis económica de un club no se limita a balances contables sino que afecta la integridad de la competencia, los derechos laborales de los deportistas y la relación con la afición. Resolverla exige que la dirigencia abandone el silencio y presente compromisos concretos de pago antes de que el calendario oficial comience.
