El informe de la Secretaría de Hacienda correspondiente a los primeros cinco meses de 2026 revela un déficit público de 418 mil 749 millones de pesos, cifra inferior al techo programado de 685 mil 092 millones. Este resultado se explica por la combinación de una recaudación que cayó 1.8 por ciento real y un gasto que creció 2.3 por ciento, pero también por ahorros en el servicio de la deuda que ascendieron a 86 mil millones de pesos respecto de lo previsto. El saldo primario, por su parte, cerró con un superávit de 15 mil millones cuando se anticipaba un déficit de 165 mil millones, lo que indica que el gobierno requirió menos recursos frescos para cubrir intereses.
La reducción del costo financiero de la deuda a 433 mil 775 millones de pesos, 9.6 por ciento menos en términos reales, obedece a dos factores simultáneos: una estrategia de refinanciamiento que extendió vencimientos y la apreciación del peso frente al dólar, que alivió el servicio de obligaciones en moneda extranjera. Ambos elementos permitieron que la deuda pública descendiera al 47.4 por ciento del PIB, frente al 49.2 por ciento registrado un año antes, y que las ocho agencias calificadoras mantuvieran la nota de grado de inversión, con Moody’s mejorando incluso la perspectiva de negativa a estable.
Orígenes de la política fiscal vigente
La actual configuración presupuestaria tiene raíces en la reforma fiscal de 2020 y en la decisión de mantener un superávit primario moderado durante la recuperación postpandemia. A diferencia de periodos anteriores, cuando el gobierno recurrió a endeudamiento externo para financiar proyectos de infraestructura, la administración actual priorizó la contención del gasto corriente y la reasignación hacia rubros de desarrollo social. Esta estrategia redujo la dependencia de mercados volátiles, pero también limitó el margen de maniobra ante caídas inesperadas en los ingresos petroleros o tributarios.
El aumento del 13.1 por ciento real en el gasto de desarrollo social, con incrementos del 21 por ciento en educación y 20.9 por ciento en salud, refleja compromisos adquiridos en programas de transferencias y en la expansión de la infraestructura hospitalaria. Al mismo tiempo, la reducción del 8.1 por ciento en gasto operativo distinto de servicios personales evidencia la aplicación de medidas de simplificación administrativa impulsadas por la Agencia de Transformación Digital. Estos recortes, sin embargo, han generado tensiones con entidades federativas que vieron disminuidas sus participaciones en 3 por ciento real, afectando presupuestos locales de seguridad y servicios básicos.
Repercusiones en la sostenibilidad de la deuda
La baja en la relación deuda-PIB y la mejora en el perfil de vencimientos fortalecen la posición de México ante inversionistas institucionales. Fondos de pensiones y aseguradoras que requieren activos en moneda local encuentran ahora un emisor soberano con menor riesgo de refinanciamiento. Esta percepción se traduce en menores primas de riesgo y en la posibilidad de colocar nueva deuda a plazos más largos y tasas más bajas, creando un círculo virtuoso que podría extenderse durante los próximos dos años si se mantiene la disciplina fiscal.
No obstante, persiste una vulnerabilidad estructural: la recaudación tributaria sigue siendo procíclica y depende en gran medida del desempeño del sector formal. Si la desaceleración económica observada en algunos indicadores de actividad industrial se prolonga, el superávit primario actual podría revertirse con rapidez, obligando a recortes adicionales en inversión física o a un nuevo ciclo de endeudamiento. Países como Colombia o Perú, que enfrentaron situaciones similares entre 2015 y 2018, experimentaron posteriormente presiones sobre sus calificaciones cuando los ingresos no recuperaron la senda esperada.
Efectos en el gasto social y la cohesión territorial
El incremento en inversión en salud, que se triplicó en términos reales, ha permitido la conclusión de hospitales regionales y la contratación de personal médico en zonas que históricamente carecían de servicios. Sin embargo, la menor disponibilidad de participaciones federales ha obligado a varios estados a postergar obras de pavimentación y mantenimiento de escuelas, generando disparidades regionales que podrían acentuarse si la tendencia continúa. Gobiernos estatales con menor capacidad de endeudamiento propio enfrentan ya dificultades para cubrir nóminas de maestros y policías, situación que podría traducirse en mayor dependencia de transferencias extraordinarias o en tensiones políticas con la federación.
En el mediano plazo, la contención del gasto operativo podría limitar la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias o desastres naturales. La experiencia de 2020 demostró que estructuras administrativas reducidas tardan más en canalizar recursos de manera ágil, lo que eleva el costo económico y humano de cualquier crisis sobrevenida.
Perspectivas de largo plazo para la economía mexicana
La combinación de menor costo de deuda y mayor gasto social orientado a capital humano puede elevar el crecimiento potencial si los recursos se traducen efectivamente en mejores indicadores educativos y de salud. Estudios de organismos multilaterales indican que cada punto porcentual adicional de inversión en salud y educación sostenida durante una década puede añadir entre 0.3 y 0.5 puntos al crecimiento tendencial. México se encuentra en posición de aprovechar este efecto si mantiene el actual equilibrio entre disciplina fiscal y prioridad social.
Al mismo tiempo, la apreciación cambiaria que favoreció el servicio de la deuda también encarece las exportaciones manufactureras, sector que representa más del 30 por ciento del PIB. Si el tipo de cambio permanece en niveles bajos por un periodo prolongado, industrias orientadas al mercado externo podrían registrar menor dinamismo, afectando empleo y recaudación en entidades del norte del país. La política fiscal deberá entonces equilibrar el beneficio del menor costo financiero con el riesgo de pérdida de competitividad externa.
En síntesis, el resultado fiscal de los primeros cinco meses de 2026 muestra una administración que ha logrado reducir presiones de corto plazo, pero que enfrenta decisiones estructurales sobre la calidad del gasto y la resiliencia de los ingresos. El margen fiscal ganado hoy puede utilizarse para reforzar la capacidad productiva o, en caso contrario, diluirse si no se atienden las debilidades en la base tributaria y en la coordinación con los gobiernos subnacionales.
