El pasado jueves, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, y el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, sostuvieron una mesa de diálogo con representantes de 56 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas provenientes de ocho entidades del sur-sureste del país. El encuentro, realizado en el Centro de Convenciones Tabasco 2000 en Villahermosa, buscó revisar avances en las investigaciones y coordinar acciones orientadas a la localización de desaparecidos, la atención a sus familias y la prevención de nuevos casos.
Durante la reunión, Rodríguez subrayó que cada expediente representa una persona desaparecida y una familia que requiere ser escuchada con respeto y atendida con dignidad. Esta afirmación refleja el enfoque que el Gobierno federal ha mantenido en los últimos años al priorizar el contacto directo con los colectivos, quienes han impulsado la mayor parte de las búsquedas en campo ante la limitada capacidad de las instituciones. El encuentro forma parte de una serie de mesas regionales que buscan fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y organizaciones civiles.
Acciones recientes en Tabasco
Seis días antes del diálogo, el 26 de junio, se instaló en Tabasco el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta instancia tiene como objetivo mejorar la cooperación entre dependencias locales y federales, así como establecer protocolos claros para la recepción de denuncias y la realización de búsquedas. La creación de este sistema responde a una demanda recurrente de los colectivos, que durante años han señalado la fragmentación de responsabilidades entre distintas autoridades como uno de los principales obstáculos para avanzar en los casos.
La presencia de funcionarios de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Fondo de Población de las Naciones Unidas añadió un componente técnico y de cooperación internacional al encuentro. Estos organismos aportan experiencia en identificación forense, atención psicosocial y estándares internacionales de derechos humanos que resultan relevantes en un contexto donde miles de familias siguen sin respuestas.
Participantes y alcance regional
Además de los tres funcionarios principales, asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, y representantes de los colectivos de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco. Esta amplitud geográfica evidencia que la problemática de las desapariciones no se limita a una sola entidad, sino que atraviesa toda la región sur-sureste, donde factores como la migración, la violencia criminal y la debilidad institucional han contribuido al aumento de casos en los últimos quince años.
Los colectivos han documentado patrones de desaparición vinculados a distintas dinámicas locales, desde la trata de personas hasta enfrentamientos entre grupos criminales. Al mismo tiempo, han desarrollado metodologías propias de búsqueda que combinan trabajo de campo, análisis de datos y presión institucional. El diálogo permitió exponer estas experiencias y evaluar cómo las nuevas estructuras estatales pueden integrarse con esos esfuerzos ya existentes.
Desafíos estructurales y perspectiva institucional
La instalación de sistemas estatales de búsqueda representa un paso administrativo importante, pero su efectividad dependerá de la asignación presupuestaria, la capacitación del personal y la disposición real de las fiscalías para compartir información. En varias entidades del país, los mecanismos similares han enfrentado retrasos en su operación plena debido a la falta de recursos y a resistencias burocráticas internas. Los colectivos han insistido en que la creación de instancias debe ir acompañada de resultados medibles en términos de personas localizadas y expedientes resueltos.
El encuentro en Villahermosa también puso de relieve la necesidad de mantener canales permanentes de comunicación entre autoridades y familiares. La experiencia de los últimos años muestra que cuando estos espacios se interrumpen, aumenta la desconfianza y se ralentizan las investigaciones. Por ello, los participantes coincidieron en la importancia de dar seguimiento puntual a los acuerdos alcanzados y de establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitan evaluar avances concretos en los próximos meses.
La presencia simultánea de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y el gobierno estatal de Tabasco sugiere un intento de articular respuestas desde distintos niveles de gobierno. Sin embargo, la complejidad del fenómeno de las desapariciones exige que estas coordinaciones trasciendan los encuentros puntuales y se traduzcan en reformas institucionales más profundas, incluyendo mejoras en los registros nacionales y en los protocolos de investigación.
