La Diputación de Córdoba formalizó este miércoles la cesión de parcelas de suelo urbano con nueve ayuntamientos de la provincia para levantar 35 viviendas protegidas destinadas al alquiler. La operación se articuló mediante la firma de la escritura pública por parte del presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, la delegada de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda, Marta Siles, y los alcaldes de los municipios implicados, en un movimiento que desbloquea y consolida distintas promociones repartidas por el territorio.
El acuerdo afecta a Aguilar de la Frontera, Dos Torres, El Viso, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Hornachuelos, Iznájar, La Carlota y Posadas. En conjunto, la cesión permite activar tres viviendas en Aguilar de la Frontera, tres en Dos Torres, una en El Viso, tres en Fuente Carreteros, tres en Fuente Palmera, siete en Hornachuelos, cinco en Iznájar, cuatro en La Carlota y seis en Posadas. La cifra no es menor para una provincia donde la oferta de alquiler asequible sigue siendo limitada y donde el suelo municipal se ha convertido en una pieza decisiva para que las promociones puedan arrancar o continuar.
Una firma que consolida promociones ya en marcha
Fuentes calificó la firma como un paso necesario para que la Diputación siga impulsando nuevas promociones de vivienda protegida. Según explicó, la colaboración con los ayuntamientos busca poner suelo público al servicio de una política de vivienda orientada a ampliar la oferta en régimen de alquiler. La lectura institucional es clara: sin la aportación municipal de suelo, buena parte de estas actuaciones quedaría encallada en la fase previa a la obra.
Entre los proyectos más avanzados figura el de Posadas, donde las seis viviendas se levantarán en la calle Compositor Maestro Lucena, al final de la barriada de la Salud. Serán viviendas unifamiliares de tipología tradicional, distribuidas en dos plantas, con patio trasero y tres dormitorios. El diseño incorpora calificación energética A, aislamiento en los elementos constructivos, aerotermo para agua caliente y placas fotovoltaicas, un conjunto de soluciones que encaja con las exigencias actuales de eficiencia y con el encarecimiento de los suministros en el mercado residencial.
La promoción de Posadas cuenta con un presupuesto superior a 600.000 euros y financiación europea a través de los fondos Next Generation. Ese respaldo comunitario es relevante porque reduce la dependencia exclusiva de los recursos provinciales y acelera la viabilidad de actuaciones que, por su volumen y su orientación social, difícilmente se ejecutarían solo con financiación local.
Obras reactivadas y contratos recientes
En La Carlota, las cuatro VPO se construirán en la avenida de Cádiz, en el núcleo de Aldea Quintana. En Iznájar, la promoción de Cuesta Colorá quedó a medio terminar y las obras fueron nuevamente licitadas a comienzos del verano para garantizar su finalización dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. También en junio se sacaron a contratación los trabajos de terminación de tres viviendas en los números 21, 23 y 25 de la calle Adelfa, en Fuente Palmera, otro ejemplo de proyectos que necesitaban una reactivación administrativa para no quedar definitivamente bloqueados.
Hornachuelos concentra otra de las actuaciones de mayor entidad. Las viviendas se ubicarán en una calle de nueva apertura entre la calle Jaén y la avenida de los Ángeles y cuentan con un presupuesto próximo al millón de euros. La magnitud de esa inversión refleja que la política de vivienda protegida en el ámbito provincial no se limita a pequeñas intervenciones dispersas, sino que combina actuaciones de escala distinta según el tamaño y las necesidades de cada municipio.
Objetivo provincial: arraigo y alquiler asequible
La Diputación enmarca estas actuaciones en el Programa de Inversiones para la Promoción de Viviendas Protegidas en Alquiler 2023-2026, dotado con 5,5 millones de euros y orientado a construir 46 viviendas en once localidades de la provincia. El dato sitúa la firma de este miércoles dentro de una estrategia más amplia, que no persigue solo añadir unidades residenciales, sino también reforzar el arraigo en municipios pequeños y medianos, donde el acceso a una vivienda asequible sigue siendo uno de los principales frenos para fijar población.
Fuentes insistió en que la política de vivienda debe servir para sostener el tejido social y económico del medio rural, una tesis que comparten muchas administraciones locales pero que solo puede materializarse con suelo disponible, financiación estable y capacidad de gestión. En esa combinación se juega buena parte del éxito del programa: convertir anuncios y convenios en viviendas efectivamente habitables y con precios asumibles para quienes buscan quedarse en sus pueblos. Con la firma de este miércoles, la Diputación y los ayuntamientos implicados avanzan en ese objetivo, aunque el impacto real dependerá ahora del ritmo de ejecución de cada promoción.
