La Sociedad Rural Argentina atraviesa una nueva etapa de tensión interna a menos de dos meses de sus elecciones. La lista opositora Renovación con Unidad, encabezada por el actual vicepresidente Marcos Pereda Born, acusó a la conducción de Nicolás Pino de encubrir un proyecto tecnológico que costó más de 4,5 millones de dólares y nunca funcionó de manera adecuada. El enfrentamiento se suma a una denuncia sobre una multa que habría beneficiado a la empresa del tesorero Ángel Rossi, lo que eleva la temperatura del debate sobre gobernanza y transparencia en la entidad.
El origen del conflicto tecnológico
El sistema de registros genealógicos, diseñado para digitalizar la información de razas animales, comenzó con un presupuesto de 900 mil dólares y terminó superando los 4,5 millones en tres años. Según el comunicado opositor, el gerente general Fernando Mosquera firmó el contrato con Mobile Computing S.A. pese a las advertencias del estudio legal Cassagne. La conducción actual sostuvo que la responsabilidad recae en Mosquera por actuar sin los poderes suficientes, mientras que la oposición responde que el presidente Pino validó el acuerdo y no lo revocó de inmediato, lo que genera dudas sobre los controles internos de la institución.
La secuencia temporal resulta relevante. El contrato se firmó hace tres años y solo ahora se informó a los socios. Esta demora, según Renovación con Unidad, impidió que la Comisión Directiva pudiera corregir el rumbo a tiempo. El argumento central es que un gerente no puede comprometer recursos millonarios sin respaldo explícito de la presidencia y la comisión, por lo que la omisión de medidas disciplinarias inmediatas genera interrogantes sobre la cadena de responsabilidades.
La multa y el rol del tesorero
Un segundo frente se abrió con la denuncia sobre la empresa Establecimientos La Negra S.A., propiedad de Rossi. En noviembre de 2023 recibió una multa automática por inscribir animales fuera de término. La empresa pagó con cinco cheques diferidos. Dos meses después, la SRA emitió notas de crédito que redujeron la multa en un 61 por ciento sin que el origen de esa solicitud quedara registrado en los documentos internos. La oposición pregunta quién autorizó la condonación parcial y por qué el mismo beneficio no se aplicó de forma transparente a otros socios.
Rossi respondió que la reducción no fue exclusiva para su firma y que respondió a un error del sistema informático que afectó a varios productores. Sin embargo, el hecho de que Pereda, como vicepresidente desde 2021, no haya elevado una queja formal en el momento en que ocurrió el episodio añade complejidad al relato opositor. Ambos bandos comparten la responsabilidad de haber integrado la misma Comisión Directiva durante el período en cuestión.
Contexto electoral y gobernanza
Las elecciones del 9 de septiembre definirán la conducción para el próximo período. Pino busca un cuarto mandato consecutivo con la lista Presencia Federal, mientras Pereda compite al frente de Renovación con Unidad. La Expo Rural de Palermo, que comenzará el 16 de julio con la presencia del presidente Javier Milei, será el primer escenario público donde ambos espacios medirán fuerzas ante los socios.
El debate trasciende la disputa personal. La SRA es la entidad rural más antigua del país y su capacidad para administrar recursos y mantener controles internos influye directamente en la credibilidad del sector agropecuario frente a la opinión pública y las autoridades. Cuando los proyectos tecnológicos fallan por montos millonarios y las multas se revisan de manera selectiva, se abre un interrogante más amplio sobre los mecanismos de rendición de cuentas que deberían regir a cualquier asociación de productores.
La controversia también revela las dificultades de las entidades rurales para adaptarse a sistemas digitales sin generar conflictos de interés. El hecho de que el tesorero haya recibido un beneficio de la misma institución que él administra exige, como mínimo, una explicación documentada y accesible para todos los asociados. De lo contrario, la percepción de falta de equidad puede erosionar la legitimidad de cualquier conducción que resulte electa en septiembre.
En definitiva, el enfrentamiento actual no se limita a dos listas que compiten por cargos. Refleja tensiones estructurales sobre cómo se toman decisiones, quién responde por los errores y qué nivel de transparencia se exige a quienes administran una entidad representativa del campo argentino. Los próximos dos meses determinarán si los socios priorizan la continuidad o optan por un cambio que busque restaurar controles más estrictos.
