Petroecuador desmanteló diez mecheros más entre enero y junio de 2026, alcanzando un total de 180 desde el inicio del programa en 2022. Esta cifra representa el 42 % del plan previsto hasta 2030 y responde a una orden judicial de 2021 que exigía eliminar más de 400 antorchas en Sucumbíos y Orellana.
Reducción de emisiones y ahorro fiscal
La captación del gas asociado ha evitado 710.000 toneladas de CO₂ y ha generado 273 millones de dólares en ahorros por menor importación de diésel. El recurso ahora alimenta generación eléctrica y procesos de refinación, reduciendo la dependencia de combustibles externos.
Desafíos técnicos y plazos realistas
Cada desmantelamiento requiere entre 12 y 36 meses según la complejidad geográfica y la adaptación de infraestructura existente. La coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía permite planificar inversiones y minimizar riesgos operativos, un factor clave para cumplir la meta de 2030 sin comprometer la producción petrolera.
El avance del 42 % demuestra que la transición energética en campos maduros es viable cuando se combina regulación judicial, inversión en captura de gas y coordinación institucional. Sin embargo, el ritmo actual exige acelerar la incorporación de tecnología para cerrar la brecha restante en los próximos cuatro años.
