Estados Unidos sancionó a 15 personas y entidades ecuatorianas vinculadas con una red marítima que, según el Departamento del Tesoro, movilizaba entre 30 y 40 toneladas mensuales de cocaína hacia México. La operación, atribuida a estructuras asociadas con Los Choneros y Los Lobos, tenía como destino final el mercado estadounidense y abastecía a aliados de esas bandas: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pesca como cobertura logística
La OFAC identificó a la familia Mero y a la firma Arcasdenoe como un núcleo de apoyo para el tráfico en el Pacífico Oriental. Sus embarcaciones pesqueras presuntamente entregaban combustible, alimentos y atención médica a lanchas rápidas cargadas de droga en puntos coordinados de alta mar. El esquema habría aprovechado empresas formalmente legales y, de acuerdo con los reportes, combustible subsidiado por el Estado ecuatoriano.
Entre los señalados figura Julio Javier Mero Franco, alias “Javico”, acusado de coordinar los cargamentos mensuales, así como operadores encargados del reabastecimiento y de los envíos rápidos. El Tesoro también vinculó a Jimmy Alarcón Holguín con seis compañías ecuatorianas, la mayoría presentadas como negocios pesqueros. Diez embarcaciones fueron bloqueadas; las autoridades sostienen que algunas vigilaban movimientos de fuerzas de seguridad y que la nave Todos Vuelven transportó directamente cargamentos de varias toneladas.
Presión sobre una ruta estratégica
Las sanciones congelan los bienes de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con personas de Estados Unidos. Más que una acción contra individuos, la medida busca desarticular la infraestructura que permite convertir a la costa ecuatoriana en plataforma de exportación: barcos de apoyo, combustible, empresas y coordinación en mar abierto. La magnitud atribuida a la red confirma que el control de la logística marítima se ha vuelto tan relevante como la producción de cocaína para los grupos criminales que conectan Sudamérica, México y Estados Unidos.
