Tras la imposición de un arancel del 10 por ciento a México por parte del gobierno de Donald Trump la semana pasada, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) anunció que podría aplicar tarifas adicionales a México y otras quince economías. La medida se deriva de una investigación en curso bajo la Sección 301, centrada en el exceso de capacidad estructural y la sobreproducción industrial en diversos sectores manufactureros.
La investigación, iniciada el 11 de marzo, identifica a países con superávits comerciales persistentes o capacidad industrial subutilizada. Entre las economías mencionadas figuran China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India. La USTR precisó que los sectores bajo escrutinio incluyen automotriz, construcción, transporte ferroviario y marítimo, salud, siderurgia y manufactura de alimentos y bebidas.
El plazo para recibir comentarios públicos se extendió desde el 17 de marzo hasta el 15 de abril, mientras que las audiencias públicas comenzaron el 5 de mayo. Durante estas sesiones, diversos grupos industriales de Estados Unidos presentaron argumentos sobre el impacto de las importaciones mexicanas en el mercado interno.
La Coalición de Fabricantes de Chasis de Estados Unidos sostuvo que México mantiene un exceso de capacidad en la producción de chasis para contenedores destinados al mercado estadounidense, sin contar con demanda interna suficiente. Según el grupo, los productores mexicanos acceden a acero chino mediante programas IMMEX y, desde 2020, las exportaciones de chasis han aumentado un 100 por ciento, inundando el mercado vecino. La coalición solicitó medidas correctivas bajo la Sección 301.
Argumentos del sector automotriz estadounidense
El sindicato United Auto Workers (UAW) aportó datos que contrastan la producción y el consumo en ambos países. Indicó que de cada 100 automóviles vendidos en Estados Unidos, solo 61 se fabrican localmente, mientras que en México la proporción alcanza 249 vehículos producidos por cada 100 comercializados. El representante Rajiv Sicora advirtió que Estados Unidos, como principal mercado consumidor mundial, permite que plantas extranjeras aprovechen su poder adquisitivo en detrimento del empleo doméstico y el cierre de fábricas.
Estas declaraciones se suman al arancel ya vigente del 10 por ciento aplicado por incumplimientos en la prohibición de importaciones vinculadas a trabajo forzoso. La USTR evalúa ahora si el exceso de capacidad constituye una práctica que distorsiona el comercio bilateral y regional.
Respuesta oficial de México
El gobierno mexicano expresó su preocupación por las posibles restricciones comerciales derivadas de la investigación. En una declaración en Washington, el ministro de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, señaló que las medidas unilaterales afectarían las cadenas de suministro de América del Norte, elevarían costos y debilitarían la cooperación regional. Además, cuestionó la compatibilidad de estas acciones con las normas de la Organización Mundial de Comercio y con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Acevedo Fernández rechazó la caracterización de exceso de capacidad estructural como comportamiento monopólico, argumentando que resulta incompatible con el modelo económico y el marco jurídico mexicano, así como con las políticas públicas implementadas por el gobierno actual. México sostiene que cualquier acción debe respetar los mecanismos de solución de controversias previstos en los acuerdos comerciales vigentes.
Contexto y posibles escenarios
La Sección 301 otorga al representante comercial estadounidense autoridad para investigar y responder a prácticas comerciales consideradas injustas. En esta ocasión, el foco recae en desequilibrios estructurales que generan sobreproducción y exportaciones masivas. Si la investigación concluye con hallazgos adversos, México podría enfrentar tarifas adicionales en sectores estratégicos como el automotriz y el siderúrgico, con efectos directos en el empleo y la inversión extranjera directa.
Analistas del sector señalan que una escalada arancelaria complicaría la integración productiva bajo el T-MEC, ya que muchas cadenas de valor cruzan fronteras múltiples veces antes de llegar al consumidor final. Al mismo tiempo, las audiencias públicas permiten que otros actores, como empresas exportadoras mexicanas y cámaras binacionales, presenten evidencia sobre el papel de México como socio complementario y no como competidor desleal.
El desarrollo de la investigación dependerá de los comentarios recibidos y de las audiencias restantes. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha reiterado su disposición al diálogo bilateral para resolver las diferencias sin recurrir a medidas que erosionen la confianza comercial construida en las últimas décadas.
