El Departamento de Seguridad Nacional eliminó la norma de carga pública de 2022 y otorgará a los agentes de USCIS mayor discreción para determinar si un solicitante de green card podría depender de beneficios gubernamentales. La nueva regla entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026 y se aplicará caso por caso, considerando edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades laborales.
Los funcionarios podrán evaluar Medicaid, SNAP y asistencia para vivienda como factores relevantes, sin que su recepción implique rechazo automático. Esta ampliación de criterios busca proteger los recursos de los contribuyentes y reforzar el cumplimiento de la ley migratoria, aunque las decisiones continuarán basándose en el expediente completo de cada solicitante.
Se estima que cerca de 588 mil solicitudes anuales de ajuste de estatus quedarán sujetas a esta evaluación. USCIS publicará una versión actualizada del formulario I-485, que deberá utilizarse a partir de la fecha de vigencia. Las solicitudes previas mantendrán la regulación anterior, mientras que la posible fianza de 100 mil dólares sigue sin contar con norma final ni fecha de implementación.
El cambio refleja una estrategia más rigurosa para equilibrar el acceso a la residencia con la sostenibilidad fiscal, sin alterar el principio de análisis individualizado que ha caracterizado estas evaluaciones.
