La investigación que vincula más de 50 huertas de aguacate con José de Jesús Méndez Vargas, “El Chango”, fundador y exlíder de La Familia Michoacana, y con Manuel Fernández Valencia, “La Puerca”, expone una zona especialmente sensible de la economía mexicana: la conexión entre el dinero del crimen organizado, la propiedad rural y las cadenas agroalimentarias destinadas a los mercados internacionales. El dato central no es únicamente que los predios estén relacionados, según documentos de inteligencia citados por EL UNIVERSAL, con antiguos operadores criminales. También resulta relevante que varias de esas huertas aparezcan en registros oficiales y cuenten desde febrero de 2020 con autorización para exportar aguacate a China.
La información señala que los terrenos se distribuyen en Uruapan, Tancítaro, Salvador Escalante, Tacámbaro y Ario de Rosales, municipios que forman parte del núcleo productivo aguacatero de Michoacán. En conjunto, abarcarían unas 500 hectáreas. Los registros incluyen nombres de huertos, superficies, cartillas y números asignados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica. La revisión periodística encontró coincidencias entre los predios atribuidos a ambos personajes y la lista de huertos registrados para exportar a China.
De la guerra contra el narco al negocio agrícola
Para comprender el alcance del caso es necesario volver a la trayectoria de La Familia Michoacana. La organización surgió como una estructura criminal con presencia en Michoacán y llegó a combinar el tráfico de drogas, la extorsión, el control territorial y la infiltración de actividades económicas legales. “El Chango” fue uno de sus fundadores y durante el gobierno de Felipe Calderón se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de las autoridades federales. Fue detenido en Aguascalientes en junio de 2011 por la entonces Policía Federal y, durante un interrogatorio, declaró que se dedicaba a la agricultura y también al tráfico de drogas.
Esa declaración resume una dualidad que las investigaciones sobre lavado de dinero suelen identificar: el criminal no necesita abandonar las actividades ilícitas para ingresar a sectores legales; puede utilizar empresas, tierras, cosechas y operaciones comerciales como instrumentos de inversión, ocultamiento patrimonial o legitimación de ingresos. La agricultura ofrece condiciones particularmente atractivas para ese propósito. La tierra puede adquirir valor con el tiempo, las cosechas generan flujos periódicos y las operaciones se distribuyen entre productores, empacadoras, transportistas, intermediarios y exportadores. Esa complejidad dificulta seguir cada peso desde su origen.
La detención de un dirigente criminal tampoco elimina automáticamente la estructura económica construida durante años. En el caso señalado, Méndez Vargas habría contado con registro como exportador mientras se encontraba preso en México y cumplía una sentencia de 45 años por delincuencia organizada. La autorización habría sido otorgada en 2020, nueve años después de su captura. Ese desfase plantea una pregunta institucional de fondo: qué mecanismos de verificación se aplicaron para determinar quién era el beneficiario real de los predios y si la condición jurídica y los antecedentes del titular fueron considerados al aprobar su participación en una cadena de exportación.
La ruta administrativa hacia China
El acceso al mercado chino no depende solamente de producir aguacate. Requiere cumplir requisitos sanitarios, acreditar la procedencia de la fruta y mantener registros que permitan identificar huertos autorizados. Por eso, la presencia de predios vinculados con personas señaladas por actividades criminales dentro de la lista de exportación adquiere una dimensión distinta a la de una propiedad rural ordinaria. El registro oficial funciona como una puerta de entrada a una cadena comercial que pretende ofrecer garantías de origen e inocuidad a compradores extranjeros.
Entre los terrenos mencionados están La Mora 1, La Mora 36 y La Mora 37, ubicados en Tancítaro. Sus registros, HUE08160830190, HUE08160839077 y HUE081-60839078, representarían en conjunto más de 40 hectáreas. Tancítaro es uno de los principales centros de producción de aguacate de Michoacán, por lo que la identificación de esos predios no es menor: se trata de una región donde la actividad exportadora tiene capacidad para generar empleos, ingresos municipales y divisas, pero también donde el valor de la tierra puede convertir el control territorial en una fuente de poder económico.
El punto crítico no consiste en afirmar que toda la fruta producida en esas huertas sea ilegal o que cada operación de exportación esté contaminada. La información disponible describe vínculos de propiedad y registros administrativos, no prueba por sí sola el recorrido de cada embarque ni la responsabilidad penal de todas las personas que participan en la cadena. Sin embargo, la coincidencia entre los nombres señalados, los documentos de inteligencia y las bases de datos oficiales justifica una auditoría exhaustiva. La diferencia entre una sospecha patrimonial y una imputación penal debe preservarse, pero también debe evitarse que esa diferencia sea utilizada para no investigar.
Cuando el mercado internacional amplía el riesgo
La autorización para exportar a China puede tener efectos económicos más amplios que la simple venta de una cosecha. Un permiso internacional eleva el valor comercial de una huerta, facilita la relación con empacadoras y puede mejorar el acceso a financiamiento, seguros y contratos de largo plazo. Si un grupo criminal logra colocar activos vinculados con él dentro de esa red, obtiene una apariencia de normalidad y puede beneficiarse de la expansión de un mercado legal.
La relación con China también muestra cómo la globalización agrícola puede multiplicar los puntos vulnerables. Una fruta producida en un municipio michoacano puede ser empacada, transportada, inspeccionada y enviada a miles de kilómetros de distancia. Cada etapa incorpora nuevos actores y documentos. Si los controles se concentran exclusivamente en la calidad del producto, pero no revisan de manera suficiente la titularidad efectiva de las huertas, la trazabilidad sanitaria puede coexistir con una opacidad financiera considerable.
El problema podría trasladarse a los compradores y a las empresas que operan de buena fe. Una cadena exportadora no solo enfrenta riesgos legales; también puede sufrir cancelaciones de contratos, inspecciones extraordinarias y pérdida de confianza si sus proveedores aparecen relacionados con organizaciones criminales. En mercados donde los consumidores y los importadores exigen cada vez más información sobre el origen de los alimentos, una controversia de este tipo puede afectar la reputación del aguacate mexicano en su conjunto, incluso cuando la mayoría de los productores opere de manera legítima.
La huella de la extorsión en el campo
Las autoridades federales citadas en la investigación sostienen que integrantes de La Familia Michoacana y, posteriormente, de Los Caballeros Templarios habrían usado ganancias del narcotráfico para comprar huertas y otros negocios en Michoacán. La producción de limón, aguacate y melón, especialmente en Tierra Caliente, aparece dentro de ese patrón. El caso de Miguel Ángel Gallegos Godoy, “Migueladas”, identificado como jefe del llamado Cártel de Zicuirán, apunta a una lógica similar: una célula criminal que participa en actividades agrícolas y exporta melón y mango a Estados Unidos y Japón con permisos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Estos casos sugieren que la infiltración no necesariamente ocurre mediante la compra directa de grandes extensiones. También puede expresarse a través de prestanombres, arrendamientos forzados, cobro de cuotas, control de caminos, imposición de proveedores o participación en empacadoras. Un productor puede conservar formalmente su parcela y, aun así, perder el control sobre el precio, el transporte o el destino de la cosecha. En ese escenario, la estadística de exportación puede mostrar crecimiento mientras las comunidades enfrentan amenazas y una competencia distorsionada por capital de origen ilícito.
La extorsión produce además un efecto silencioso sobre la productividad. Cuando los agricultores deben pagar por trabajar, mover mercancía o contratar jornaleros, una parte del ingreso abandona la economía local y termina financiando la estructura criminal. Quien se niega puede abandonar la actividad, vender por debajo del valor real o dejar la región. El resultado no es solo violencia: es concentración de la tierra, pérdida de autonomía empresarial y debilitamiento de las organizaciones de productores que podrían defender mejores condiciones comerciales.
Qué deberían revelar los registros
La controversia plantea la necesidad de distinguir entre control sanitario y control patrimonial. Senasica puede verificar que una huerta cumpla requisitos fitosanitarios, pero la autorización de exportación no debería convertirse en una certificación implícita de la legitimidad financiera del propietario. La revisión tendría que integrar información de la Secretaría de Agricultura, el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la Propiedad, la Unidad de Inteligencia Financiera, fiscalías y autoridades aduaneras.
Un procedimiento sólido debería identificar al beneficiario final de cada huerta, comprobar la fuente de los recursos utilizados para adquirirla, revisar cambios de titularidad y contrastar la situación jurídica de propietarios y socios. También tendría que examinar la relación entre huertos, empacadoras y comercializadoras. Si varios predios aparentemente independientes terminan bajo la misma red de administración, transporte o financiamiento, esa coincidencia puede revelar una concentración que no aparece en los documentos de propiedad.
La transparencia debe avanzar sin convertir a todos los productores en sospechosos. Publicar información básica sobre autorizaciones, superficies y responsables legales puede fortalecer la confianza, pero los datos personales y la seguridad de los agricultores requieren protección. La meta no es crear un registro que exponga a las comunidades, sino un sistema capaz de detectar beneficiarios ocultos y bloquear operaciones cuando existan indicios razonables de lavado o control criminal.
El costo de una respuesta incompleta
Si las autoridades confirman que activos vinculados con dirigentes criminales ingresaron a la cadena exportadora mediante permisos oficiales, la consecuencia debería ser una revisión de los controles y de las responsabilidades administrativas, no una reacción limitada a retirar una autorización. El decomiso de bienes, cuando proceda judicialmente, debe acompañarse de medidas para evitar que las huertas queden abandonadas o regresen a manos de intermediarios ligados al mismo grupo. Los trabajadores y pequeños agricultores necesitan continuidad productiva, seguridad y canales comerciales verificables.
La extradición de “El Chango” a Estados Unidos a comienzos de 2025, donde enfrenta un proceso federal en Nueva York por acusaciones relacionadas con el tráfico de cocaína y metanfetaminas, añade una dimensión internacional al expediente. Mientras el presunto líder enfrenta cargos por narcotráfico, los bienes asociados con su nombre permanecen conectados, según la investigación, a una actividad agrícola que cruza fronteras. Esa simultaneidad muestra por qué la persecución penal y la investigación financiera deben avanzar juntas.
El futuro del aguacate michoacano dependerá tanto de su capacidad productiva como de la credibilidad de sus controles. China, Estados Unidos y Japón compran alimentos, pero también compran garantías sobre el origen, la legalidad y la continuidad del suministro. La respuesta al caso determinará si los registros oficiales sirven para proteger esa confianza o si terminan funcionando como una cobertura burocrática para patrimonios de origen dudoso. La agricultura puede ser una vía de desarrollo regional; para que lo sea, la tierra y los permisos de exportación deben dejar de ser espacios donde el poder criminal pueda ocultarse detrás de una cosecha rentable.
