La reacción del canciller Carlos Espá ante el aumento de los aranceles estadounidenses expone una vulnerabilidad que va más allá de una disputa comercial puntual. El Gobierno de Keiko Fujimori reconoce que la nueva tasa, elevada del 10% al 12,5% para parte de las exportaciones peruanas, reduce la competitividad de empresas que ya operan en mercados internacionales con márgenes estrechos. Lima confía en que Washington revierta el incremento, pero la declaración de confianza del ministro no equivale todavía a un acuerdo ni a un calendario de negociación.
El dato central es sencillo y, al mismo tiempo, significativo: el aumento representa 2,5 puntos porcentuales, pero supone un encarecimiento relativo del 25% frente al arancel anterior. Para un exportador que vende productos diferenciados y con capacidad de trasladar precios, el impacto podría ser absorbible. Para una empresa que compite con proveedores de México, Colombia, Chile o Centroamérica por contratos de suministro muy ajustados, esa diferencia puede determinar si conserva o pierde un comprador.
Una subida pequeña en apariencia, costosa en la práctica
El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que la medida afecta especialmente al sector agroexportador. La razón es estructural: frutas, alimentos procesados y otros bienes agrícolas suelen enfrentar costos acumulados de transporte, refrigeración, certificación, embalaje y cumplimiento sanitario. En esas cadenas, el arancel no se aplica sobre una mercancía aislada, sino sobre un producto cuyo precio final ya incorpora numerosos gastos logísticos. La presión adicional puede terminar reduciendo el pago al productor, estrechando el margen del exportador o encareciendo el producto para el consumidor estadounidense.
El efecto tampoco será uniforme dentro de Perú. Las compañías grandes, con contratos de largo plazo y mayor capacidad financiera, pueden renegociar condiciones, modificar rutas o asumir temporalmente parte del costo. Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, tienen menos poder de negociación y dependen con frecuencia de pocos clientes o de un único mercado. Para ellas, el arancel puede convertirse en una barrera de entrada, incluso cuando el porcentaje parece moderado en términos macroeconómicos.
La Asociación de Exportadores, que reúne a empresas de agroindustria, pesca, minería, manufactura, textiles y servicios vinculados al comercio exterior, ha colocado el problema en la agenda del Ejecutivo. Su preocupación no se limita al monto recaudado por Estados Unidos. El riesgo más inmediato es perder competitividad frente a países que no estén sujetos a la misma tasa o que puedan ofrecer productos equivalentes con menores costos. Una reducción de pedidos también tendría efectos sobre empleo temporal agrícola, transporte, almacenamiento y proveedores de insumos.
El trabajo forzoso es el argumento que sostiene la medida
Washington justificó la nueva estructura arancelaria por la conclusión de que Perú “ha fallado en imponer y efectivamente aplicar una prohibición en la importación de bienes producidos con trabajo forzoso”. La formulación es relevante porque transforma el caso en un asunto de cumplimiento regulatorio, no únicamente de acceso a mercados. El Gobierno peruano puede negociar una tasa menor, pero para lograrlo necesita demostrar avances verificables en legislación, inspección, trazabilidad y sanción.
El proyecto de ley sobre trabajo forzoso pendiente en el Congreso aparece, por tanto, como una pieza de la negociación internacional. Su aprobación podría responder a una exigencia estadounidense, pero también debería corregir una deficiencia interna: la dificultad para identificar el origen laboral de bienes importados que luego se incorporan a productos destinados a la exportación. La ausencia de controles eficaces permite que una empresa cumpla formalmente con sus obligaciones directas y, aun así, desconozca riesgos existentes en su cadena de suministro.
El mecanismo de transparencia para las importaciones utilizadas como insumos persigue precisamente cerrar ese vacío. Sin embargo, una obligación de información no garantiza por sí sola una mejora real. Si no viene acompañada de registros interoperables, inspecciones con recursos, responsabilidades claramente asignadas y sanciones aplicables, puede convertirse en un trámite documental más. La primera conclusión de fondo es que el arancel funciona como una señal de que la política comercial peruana ya no puede separarse de las condiciones laborales y de la trazabilidad productiva.
La lista de exoneraciones reduce el golpe, pero no lo elimina
La tarifa no alcanza a todas las exportaciones peruanas. Estados Unidos excluyó determinadas materias primas, bienes cuya imposición podría provocar disrupciones económicas, mercancías que no se producen en cantidades suficientes dentro de su territorio y varias categorías específicas. La relación incluye artículos de hierro, aluminio, acero y cobre; vehículos y partes; productos de madera; ciertos fármacos; bienes de origen animal y vegetal; semillas; azúcares; café instantáneo sin saborizantes; insumos para fertilizantes y pesticidas; cueros y pieles.
La ampliación también incorpora frutas tropicales congeladas, semillas de ricino, sésamo, mostaza y cártamo, otras semillas oleaginosas, acai, agua de coco, jugo de acai y determinadas preparaciones para bebidas. Además, contempla productos destinados a usos religiosos, como hostias de comunión, obleas para sellar, papel de arroz, algunos artículos de panadería y ciertos aceites esenciales, junto con determinadas láminas de madera contrachapada de eucalipto.
Estas excepciones tienen dos lecturas. Para los sectores incluidos, representan un alivio concreto y pueden preservar contratos que, de otro modo, quedarían expuestos. Para los sectores excluidos, confirman que la medida fue diseñada de forma selectiva y que la presión estadounidense busca modificar conductas específicas, no necesariamente bloquear el comercio bilateral en su conjunto. El problema es que la composición exacta de las exportaciones importa tanto como el valor total: un país puede mantener sus ventas agregadas mientras algunas cadenas productivas pierden rentabilidad y empleo.
También existe un riesgo de concentración. Si las empresas orientan inversiones y capacidad productiva hacia las categorías exoneradas, la estructura exportadora podría adaptarse a la regulación estadounidense en vez de responder a criterios de productividad o diversificación. Eso beneficiaría a los segmentos con acceso preferencial, pero dejaría a otros en una posición aún más frágil ante futuras modificaciones de la lista.
La negociación depende de hechos, no solo de afinidades
Espá afirmó que Perú y Estados Unidos son amigos, socios comerciales y aliados en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y mencionó la posibilidad de ingresar al Escudo de las Américas. El canciller también subrayó que China es el principal socio comercial peruano y que una parte relevante de los destinos de exportación está en ese país. El mensaje diplomático busca equilibrar dos relaciones estratégicas: no romper con Washington y, al mismo tiempo, evitar que la política exterior peruana sea interpretada como un alineamiento exclusivo.
Pero la amistad política tiene un valor limitado cuando la medida se fundamenta en una evaluación técnica sobre trabajo forzoso. Desde la perspectiva estadounidense, mantener el arancel puede servir como instrumento para presionar a un socio sin recurrir a una prohibición general. Desde la perspectiva peruana, aceptar sin contestación la conclusión implicaría reconocer una falla institucional con costos reputacionales y comerciales. La segunda conclusión es que el resultado dependerá menos del tono diplomático que de la capacidad de Lima para presentar pruebas auditables de cumplimiento.
Los exportadores esperan rapidez porque los contratos y las temporadas agrícolas no se ajustan al ritmo parlamentario. El Congreso, por su parte, puede resistirse a aprobar una norma percibida como resultado de una presión extranjera, sobre todo si existen dudas sobre su impacto en productores pequeños o sobre el costo de las nuevas obligaciones. Las organizaciones laborales y de derechos humanos podrían respaldar controles más estrictos, aunque probablemente exigirán que no se utilicen como simple mecanismo para recuperar ventajas arancelarias sin mejorar las condiciones de los trabajadores.
El consumidor estadounidense también forma parte de la ecuación. Si la oferta peruana pierde competitividad, los importadores pueden sustituirla, repercutir el costo en los precios o reducir su variedad de proveedores. En productos agrícolas de temporada, cambiar de origen no siempre es inmediato, pero sí puede acelerar contratos alternativos y hacer más difícil recuperar una relación comercial una vez perdida. El costo final, por tanto, podría repartirse entre productores peruanos, importadores estadounidenses y consumidores, según el poder de negociación de cada eslabón.
La verdadera prueba será la capacidad de demostrar control
Hay tres escenarios plausibles para los próximos meses. El primero es una reversión parcial o total de la tasa, si Perú aprueba la legislación pendiente y acredita mejoras en la aplicación de la prohibición al trabajo forzoso. El segundo es el mantenimiento del 12,5% mientras se evalúan avances, con revisiones sectoriales y nuevas solicitudes de información. El tercero es una escalada regulatoria si Washington considera insuficientes las medidas peruanas, ya sea mediante mayores controles aduaneros, exclusiones adicionales o restricciones dirigidas a productos concretos.
La expectativa expresada por el canciller puede contribuir a estabilizar a los exportadores, pero también crea un riesgo político. Si la tasa no regresa al 10%, el Gobierno deberá explicar por qué una negociación presentada como encaminada no produjo resultados. La confianza sin un plan público, indicadores y fechas de revisión puede transformarse en frustración empresarial. El Ejecutivo tendría que comunicar qué compromisos asumirá, qué entidad verificará su cumplimiento y cómo se medirá la reducción del riesgo de trabajo forzoso.
Para las empresas, la respuesta prudente no consiste en esperar la decisión de Washington. Deben mapear proveedores, documentar condiciones laborales, revisar el origen de insumos y calcular el impacto arancelario por producto y cliente. Esa adaptación tiene un costo, pero puede convertirse en una ventaja si los estándares de trazabilidad se vuelven una condición permanente del comercio internacional. La tercera conclusión es que el episodio puede acelerar una modernización necesaria de la gestión exportadora, aunque de manera desigual y bajo presión externa.
El Gobierno también debería evitar que la disputa se reduzca a una campaña para recuperar 2,5 puntos porcentuales. La agenda incluye productividad logística, diversificación de mercados, apoyo a pequeñas empresas y coordinación entre Cancillería, Mincetur, Congreso, aduanas y autoridades laborales. Una rebaja arancelaria resolvería el efecto inmediato, pero no eliminaría la vulnerabilidad que permitió la sanción. Si los controles siguen siendo débiles, el país quedará expuesto a nuevas medidas similares, incluso cuando cambien los productos o las administraciones.
Perú conserva un margen de maniobra porque Estados Unidos decidió excluir numerosas categorías y porque ambos gobiernos mantienen intereses comerciales y de seguridad compartidos. Sin embargo, ese margen no debe confundirse con una garantía. La política arancelaria de Donald Trump ha mostrado que los beneficios de una relación bilateral pueden coexistir con medidas coercitivas dirigidas a objetivos concretos. La salida más sólida para Lima será convertir la promesa de volver al 10% en un expediente verificable: una ley aplicable, controles efectivos, información transparente y resultados que puedan ser comprobados tanto por Washington como por los propios trabajadores y exportadores peruanos.
